Jaime de Althaus
Para Lampadia
La izquierda suele ser más eficaz en la fabricación de narrativas. Las narrativas son cuentos que engarzan medias verdades y falsedades de una manera convincente. En este proceso electoral han jugado un papel casi decisivo.
En teoría, el desastroso gobierno de Castillo y el intento de golpe de Estado debieron haber vacunado a los peruanos contra esa opción.
Sin embargo, terminó imponiéndose la narrativa de que Castillo había sido derrocado por los poderes limeños porque era un presidente del pueblo.
De otro lado, pese a que Fuerza Popular presentó dos iniciativas legislativas para adelantar las elecciones que no fueron aprobadas, al final terminó sosteniendo, junto con otras bancadas, por responsabilidad, a un gobierno cuya popularidad era estruendosamente baja. Eso tuvo un costo político.
Pero aquí es donde comienza a gestarse la otra narrativa, cuyo impacto fue notorio.
El hecho, primero, de que Boluarte no tuviera bancada y dependiera del Congreso, que fuera luego vacada y se eligiera como presidente de la república a un congresista, quien a su vez fuera censurado para elegir a otro congresista, creó la percepción de un Congreso todopoderoso que quitaba y ponía presidentes a su antojo.
Se construyó así la narrativa de que ese Congreso era manejado por Keiko Fujimori que ejercía una dictadura parlamentaria mediante un “pacto mafioso” para controlar todas las instituciones y aprobar leyes “pro-crimen”.
Esa narrativa se injertó en la narrativa madre de que ella es genéticamente autoritaria y busca perpetuarse en el poder, aunque sea a través del Parlamento.
El cuento era que Fuerza Popular había instaurado un parlamentarismo de facto para gobernar desde el Congreso, y que había impulsado la bicameralidad con un Senado poderoso para mantener el control del país desde el Senado sabiendo que Keiko no ganaría nunca las elecciones presidenciales.
Para comenzar, la percepción de un Congreso todopoderoso o de un parlamentarismo de facto se derivó de un hecho circunstancial: el agotamiento de la línea de sucesión presidencial y la necesidad de que el Congreso elija presidentes de su seno, todo esto a partir de un intento de golpe de estado que da lugar a la vacancia presidencial. El papel de Fuerza Popular en todo ello fue más bien restrictivo: planteó adelantar elecciones y luego se opuso a la censura de Jerí.
En realidad, el parlamentarismo de facto cesará a partir del 28 de julio con el nuevo periodo gubernamental, en el que se restablece el equilibrio de poderes con un congreso no más poderoso sino menos poderoso, porque la bicameralidad no multiplica por dos el poder del Congreso, sino que lo divide por dos: una cámara controla a la otra y previene eventuales excesos o abusos.
El hecho de que el Senado aparezca con más poder que Diputados -porque revisa, modifica o rechaza las leyes que vienen de la cámara baja- no significa que el Congreso como tal tenga más poder.
Al contrario. Una vacancia presidencial, por ejemplo, ahora es mucho más difícil porque tiene que ser aprobada por las dos cámaras con dos tercios de los votos.
En segundo lugar, se le atribuye a esa supuesta “dictadura parlamentaria” manejada por Fuerza Popular -como si con 20 congresistas pudiera llevar de las narices a los restantes 110- haber elegido a un Tribunal Constitucional (TC) y a un Defensor del Pueblo a su servicio y controlar la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para por esa vía despedir fiscales y jueces incomodos.
Pero, como hemos repetido hasta el cansancio, en cualquier democracia los organismos elegidos por el Congreso reflejan la mayoría del momento (como ocurrió con el anterior TC que tenía una mayoría de izquierda).
Este mismo TC, sin embargo, le dio la razón al Poder Judicial contra el Congreso en la demanda competencial con ocasión de la reposición de dos miembros de la JNJ. De modo que tampoco hay subordinación.
La JNJ, por su parte, ni siquiera es elegida por el Congreso sino por varias autoridades incluyendo rectores de universidades, y el Defensor del Pueblo -una mala elección, si- es una persona vinculada a Perú Libre. Sí es verdad que el Congreso cometió algunos excesos, como la inhabilitación a Zoraida Avalos, por ejemplo.
Dentro de esta macro narrativa, hizo mucho daño la potente e irresponsable micro narrativa del pacto mafioso que aprobó leyes “procrimen”. Ya hemos explicado que esas leyes no son procrimen sino que más bien corrigen normas legales que permitieron muchos abusos judiciales y que más bien el Congreso ha aprobado varias leyes anticrimen.
Ver en Lampadia: La mentira de las “leyes procrimen”
Si Keiko Fujimori llega a ser presidenta, tendrá la oportunidad de ejercer un gobierno respetuoso de los poderes y las instituciones.
Allí acabarán todos los mitos y el fujimorismo se habrá reconciliado con la democracia en la propia percepción ciudadana.
Lampadia
