Por: Elmer Cuba, Economista
Gestión, 10 de mayo de 2021
En el mundo existen políticas públicas que amenazan frontalmente a la inversión privada y, consecuentemente, al crecimiento económico de los países en nombre de beneficiar genéricamente “a sus pueblos”. Sus resultados han sido contraproducentes para la creación de empleos, el incremento de remuneraciones y la reducción de la pobreza.
Creación de empresas públicas para competir con las empresas privadas. Es decir, un Estado empresario productor de bienes privados, cuyo objetivo sería la obtención de utilidades para el presupuesto público. Un capitalismo de Estado que desplaza a la iniciativa privada. ¿Su objetivo sería solo maximizar utilidades? La eficiencia de algunas empresas públicas es la excepción en el mundo. Su junta de accionistas sería formada por las autoridades políticas del régimen haciendo muy difícil que puedan resultar competitivas y viables financieramente, salvo en sectores con rentas extraordinarias o monopólicas.
Usualmente en los países de esa órbita, se estatizan o nacionalizan las operaciones en los sectores mineros, de hidrocarburos, energéticos, de comunicaciones, entre otros. Asimismo, algunos servicios como los de transporte aéreo, aeropuertos, ferrocarriles, puertos, carreteras, banca comercial y administración de pensiones.
El hecho de reservar la presencia estatal en algunos sectores abre un peligroso espacio de arbitrariedad en contra de la iniciativa privada. En algunos casos se puede tratar de estatización o de nacionalización. Este punto es relevante porque abre otro espacio para tener aliados dentro de un sector empresarial nacional más mercantilista y/o para premiar a amigos del régimen no directamente vinculados al sector público y fuera del alcance de su propia normatividad.
En algunas experiencias, los mercados privados se pueden restringir solo a calzado, ropa, restaurantes, algunos alimentos, pequeña minería, pesca artesanal, pequeña industria, servicios de transporte terrestre de menor escala, servicios personales y pequeños comercios. Los empresarios tienen mucho cuidado con ser muy grandes al ojo de los comisarios porque se puede despertar sospechas y sufrir presiones estatales.
Asimismo, se permite actividad sindical en el sector privado en la medida que se afecta al accionista, pero cuando se disputa renta al Estado se aduce que se afecta a la sociedad, en la medida que disminuyen los recursos para el gasto público.
Es decir, sindicalismo y derechos laborales solo para las empresas privadas, no para las empresas públicas, porque ello puede afectar los intereses del pueblo. Condiciones de competencia desventajosas para los privados.
En general, las empresas privadas generan valor al proveer bienes y servicios demandados por los consumidores y lo comparten con la sociedad directamente a través de sus proveedores, trabajadores y el Estado, quien se queda -en el caso peruano- con 18% del valor agregado y el 29.5% de las utilidades. Además, los trabajadores aportan, cuando corresponde, con el impuesto a la renta por sus sueldos y salarios. Y cuando les va mal, pierden los accionistas privados. En el caso de la minería, existen además las regalías y el impuesto especial (en función de la utilidad operativa), que actúa como una suerte de impuesto a las “sobreganancias”. En la práctica, la tasa final puede oscilar entre el 40% y 45% de las utilidades. Las experiencias de desarrollo económico en el mundo no cuentan con evidencia que muestre que el capitalismo de Estado haya sido exitoso en mejorar el bienestar de la población. El despegue económico de China en los últimos 40 años tampoco avala tales modelos.
