Andrés Balta
Perú21, 5 de noviembre del 2026
«Las fuerzas del orden siempre deben ser contundentemente superiores, individual y colectivamente, a las que se calculen de los agresores».
Tentaciones de vulnerar el orden constitucional, podemos tenerlas, especialmente si estamos impactados o dolidos. Por ejemplo, conmovido por los violentos sucesos en Europa, se me ocurrió que debería existir un régimen sumarísimo de reparación y cobranza de daños —tanto contra bienes públicos como privados— ocasionados durante manifestaciones, disturbios, motines, saqueos u otros acontecimientos colectivos que alteren el orden público. Confieso que había elegido un camino difícil y, quizás, equivocado, pero pasé por el trance. Sometí mi iniciativa al rigor y la revisión estricta del orden legal, hecha por la inteligencia artificial. Tropecé con un sinfín de garantías, limitaciones, requisitos, derechos y estándares elaborados a lo largo de siglos por nuestra civilización.
Llegué a la conclusión de que no importa quién seas, qué pienses, por quién votes, qué religión profeses ni por qué te manifiestes: si se demuestra que ilícitamente destruiste el bien de otro, reparas íntegramente el daño; si no se demuestra, el Estado no puede cobrarte. Me di en la cabeza con el arduo camino de la prueba, la responsabilidad, la culpabilidad, la defensa, la presunción de inocencia y otras aristas que se oponían a mi iniciativa, y cambié de camino por uno menos pedregoso.
Ya en ese camino pensé que lo mejor era evitar daños antes que establecer mecanismos para repararlos. Las reparaciones, además de lo complejo que es determinarlas, son difícilmente factibles de realizar y dependen de un sentido no objetivo ni gestionable de las cosas.
Ahí me dije: mejor que entrar en honduras, que casi nunca funcionan, es enfrentar las cosas con los sentidos elementales y las resoluciones prácticas. Así, antes que nada, debemos considerar la seguridad, la inteligencia y la fuerza públicas. Sin ellas no tenemos ni para empezar con el bienestar y la prosperidad de una sociedad. En otras palabras, si en una plaza pública la central de inteligencia del Estado avizora una revuelta de desadaptados que necesita de quinientos policías y dos vehículos de chorro de agua, a esa plaza y sus alrededores deben destinarse cuatro mil efectivos militarizados de élite y cuatro rochabuses con abundante cantidad de agua. Las fuerzas del orden siempre deben ser contundentemente superiores, individual y colectivamente, a las que se calculen de los agresores. Si a pesar de eso suceden ataques y daños puntuales, debería operar un seguro del Estado que repare las propiedades públicas y privadas y mida la eficacia de sus acciones, los resultados y las contingencias asegurables.
Mejor que resolver es evitar daños. Y si estos ocurren, puntuales y acotados, es el Estado quien debe responder.
