Urpi Torrado
El Comercio, 10 de setiembre del 2026
“El desafío no consiste en restringir la información para evitar que se utilice mal, sino en ofrecer más elementos para reconocer aquella que ha sido producida correctamente”.
Las encuestas de opinión pública son una herramienta de escucha permanente a la población en las democracias modernas. Permiten conocer qué piensan los ciudadanos, cuáles son sus preocupaciones y cómo evolucionan sus preferencias. Su publicación amplía la información disponible para todos y, cuando se realiza con estándares profesionales y transparencia, contribuye a generar confianza y fortalecer la democracia. El problema aparece cuando la herramienta se utiliza mal. La proliferación de información falsa ha encontrado también en las encuestas un espacio para desinformar. Circulan resultados sin sustento metodológico o cifras atribuidas a empresas reconocidas que nunca realizaron esos estudios. Frente a estas prácticas, distintos países han buscado regular la realización y difusión de encuestas.
La regulación puede contribuir a la transparencia. En el Perú, por ejemplo, el Registro Electoral de Encuestadoras establece obligaciones para las empresas que publican estudios durante los procesos electorales y permite que los ciudadanos dispongan de información para evaluar los resultados difundidos. Sin embargo, cuando las exigencias exceden ese objetivo, pueden terminar restringiendo derechos y afectando el propio ejercicio de la investigación.
El caso de Colombia resulta particularmente interesante. La Corte Constitucional declaró inconstitucionales dos de las disposiciones más cuestionadas de la legislación. Una restringía la publicación de encuestas de intención de voto a un período específico antes de las elecciones y la otra obligaba a las encuestadoras a entregar a las autoridades información que permitía identificar a los entrevistados.
Ambas disposiciones muestran bien la complejidad de regular esta actividad. Es necesario combatir la desinformación y exigir transparencia, pero hacerlo sin limitar el derecho de los ciudadanos a acceder a información ni vulnerar la confidencialidad de quienes participan en una encuesta. En este contexto, Esomar y Wapor, las dos organizaciones internacionales referentes en investigación de mercados y opinión, actualizaron sus lineamientos para la realización y publicación de encuestas de opinión. Los métodos de investigación cambian permanentemente y también cambia el entorno en el que se realizan las encuestas.
La actualización incorpora por primera vez el impacto de la inteligencia artificial. Si se utiliza IA en el diseño de una encuesta o en la recolección de información, ese uso deberá ser informado al momento de publicar los resultados. La innovación metodológica es necesaria, pero debe venir acompañada de transparencia para que quienes reciben la información puedan entender cómo fue producida. Los nuevos lineamientos reconocen además que no todas las encuestas son iguales. Las exigencias de información deben considerar cómo se realizó el estudio y para qué será utilizado.
Esta responsabilidad tampoco corresponde únicamente a las encuestadoras. Los clientes y los medios tienen la responsabilidad de publicar los resultados con los elementos necesarios para interpretarlos correctamente. Para los ciudadanos y los reguladores, contar con estos criterios permite distinguir una encuesta profesional de una consulta informal o deliberadamente engañosa.
Ninguna regulación podrá anticipar todas las metodologías que surgirán ni eliminar por completo el mal uso de las encuestas. Por eso, además de reglas, la industria necesita estándares profesionales y autorregulación. El desafío no consiste en restringir la información para evitar que se utilice mal, sino en ofrecer más elementos para reconocer aquella que ha sido producida correctamente. En una democracia, proteger la calidad de las encuestas significa también proteger el derecho de los ciudadanos a escuchar y ser escuchados.
