Enrique Gubbins
Perú21, 4 de setiembre del 2026
«Fiscalizar y combatir la evasión es una función esencial de Sunat. Pero también debería serlo ampliar y fortalecer la base de contribuyentes formales».
Nuestra Constitución establece las bases de una relación que debería alinear los intereses del Estado y del sector privado. El artículo 58 de la Carta Magna consagra la iniciativa privada; el 59 dispone que el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de empresa; y el 74 establece límites a su potestad tributaria.
No somos socios jurídicamente. Pero la analogía económica es válida: el privado aporta capital, invierte y genera empleo; el Estado debe aportar seguridad jurídica, reglas claras e instituciones eficientes. Y cuando a la empresa le va bien, ambos ganan: esta crece y el Estado participa de sus resultados mediante los impuestos.
Por eso preocupa como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) enfrenta algunas controversias con los contribuyentes formales.
Sunat puede efectuar una acotación que luego es impugnada y declarada improcedente por el Tribunal Fiscal. Sin embargo, aun habiendo perdido, puede recurrir al Poder Judicial y prolongar la controversia durante años. Entre 2021 y mayo de 2026 lo hizo 341 veces frente a resoluciones favorables a 161 contribuyentes. Existen controversias originadas hace más de una década que siguen abiertas.
La asimetría es evidente. Sunat puede judicializar sin asumir una carga económica equivalente. Si el Tribunal Fiscal falla contra el contribuyente, recurrir al Poder Judicial no suspende la cobranza. Para obtener una medida cautelar, el artículo 159 del Código Tributario exige, entre otros requisitos, una carta fianza o garantía real por el 60% de la deuda.
¿Quién gana con una controversia que dura diez años? Una contingencia tributaria restringe crédito, inmoviliza recursos y frena inversiones. La empresa crece menos, contrata menos trabajadores y, paradójicamente, termina pagando menos impuestos.
Fiscalizar y combatir la evasión es una función esencial de Sunat. Pero también debería serlo ampliar y fortalecer la base de contribuyentes formales. Su éxito no debería medirse por cuánto acota o cuántos juicios inicia, sino por cuánto recauda sosteniblemente de una economía formal que crece.
El Gobierno ha solicitado facultades legislativas que incluyen modificar el Código Tributario para simplificar el sistema y promover la formalidad. El Congreso tiene la oportunidad de corregir esta y otras asimetrías entre Sunat y el contribuyente.
Sunat debería ser la principal promotora de la formalidad y entender al contribuyente formal como su socio, no como su adversario. Porque un buen socio no debilita a quien genera sus ingresos. Lo ayuda a crecer.
