Enrique Gubbins
Perú21, 7 de agosto del 2026
«Sacar adelante un proyecto minero en el Perú puede exigir entre 200 y 400 permisos y el trato con unas 30 autoridades distintas».
La inversión no espera a los países que dudan. Va donde encuentra mejores condiciones. Mientras el Perú sigue atrapado en un Estado que confunde control con burocracia y regulación con parálisis, otros países ya entendieron que la competitividad también se construye simplificando las reglas.
Chile acaba de dar un paso en esa dirección. Su Ministerio de Minería propuso concentrar 55 autorizaciones sectoriales en 13 permisos y 18 declaraciones juradas. No lo hace para rebajar estándares ambientales ni para debilitar la fiscalización. Lo hace porque entiende que el capital no solo evalúa el potencial geológico de un país. También mide la capacidad de su Estado para responder a tiempo.
Nosotros vamos en sentido contrario. Sacar adelante un proyecto minero en el Perú puede exigir entre 200 y 400 permisos y el trato con unas 30 autoridades distintas. Tenemos una de las mayores reservas de cobre del mundo y una oportunidad histórica con la transición energética. Pero seguimos administrando permisos como si la inversión fuera infinita y el inversionista no tuviera adónde ir.
La minería es el ejemplo más visible, no el único. La permisología castiga igual al agroexportador que espera una certificación, al operador logístico que pierde días en el puerto, al emprendedor que quiere abrir una bodega. Tres de cada cuatro barreras burocráticas eliminadas por Indecopi nacen en las municipalidades. El problema no está solo en los grandes proyectos. Está en el mostrador de cualquier trámite.
Por eso el pedido de facultades legislativas es una oportunidad que no deberíamos desperdiciar. Y no solo por su capítulo de desregulación. Seguridad ciudadana, formalización, empleo, mypes, materia tributaria y aduanera, facilitación del comercio y modernización del Estado son piezas del mismo problema: un Estado que llega tarde, cobra caro y nunca responde por el costo de sus propias demoras. Atacarlas por separado es garantizar que ninguna avance.
Delegar no es firmar un cheque en blanco. El Ejecutivo tendrá que legislar dentro de lo autorizado y rendir cuentas por cada decreto. Pero el Congreso ya no podrá escudarse en la inestabilidad política ni en la falta de propuestas. Tendrá que decidir si habilita un Estado que facilite la inversión o si sigue defendiendo un aparato que convierte cada trámite en un obstáculo y cada proyecto en una oportunidad perdida.
Durante años discutimos cómo aprovechar nuestra riqueza minera. Llegó el momento de entender que el verdadero desafío ya no está bajo tierra, sino en la capacidad de nuestra clase política para dejar de bloquear el crecimiento
