Jaime de Althaus
Para Lampadia
Si el gobierno de Keiko Fujimori ejecuta las reformas de segunda generación, se producirá un cambio social que llamaríamos revolucionario si esa palabra no estuviera tan contaminada.
De lo que se trata es de eliminar las causas que mantienen a la mayor parte de la población fuera del Estado legal o formal y sin acceso a servicios básicos.
Cambiar el sistema que mantiene excluidas a las grandes mayorías, tanto de la polis republicana como de la educación, la salud y la seguridad.
Para nadie es un secreto que la informalidad es la gran injusticia estructural de nuestros días. La formalidad es muy costosa e inaccesible, o persecutoria, para la mayor parte de los peruanos.
Lo primero entonces es una reforma profunda de la formalidad, mediante la eliminación de la mayor parte de regulaciones, requisitos y obligaciones que asfixian a los emprendimientos y les impiden acceder al mercado formal.
El nuevo gobierno debe pedir la asistencia del Ministerio de la Desregulación argentino que a estas alturas ha eliminado más de 10 mil regulaciones inútiles o contraproducentes, devolviendo libertad económica fundamental a las personas y empresas para que la economía crezca, se formalice y se reduzca la pobreza.
El shock desregulatorio está en el plan de gobierno de Fuerza Popular, pero lo que no está es la desregulación del mercado laboral, que debe formar parte de este esfuerzo para que las empresas puedan formalizar a sus trabajadores y estos tengan derechos.
Deberá iniciarse un diálogo con las centrales sindicales para buscar esquemas que permitan una mayor protección efectiva a los trabajadores junto con una mayor flexibilidad en el mercado laboral.
Esto permitirá que haya más empleo formal con mejores remuneraciones, y que las propias centrales sindicales cuenten con una base sindical más amplia.
La sola posibilidad de un diálogo constructivo e innovador de esta naturaleza será ya un cambio social sin precedentes.
Parte clave de este proceso es la incorporación a la formalidad de los mineros informales, un tema con el que el Estado peruano no ha dado pie con bola hasta ahora y donde se mueven muchos intereses para mantener el statu quo. Dicha incorporación será un paso decisivo en la consolidación del estado de derecho en el Perú.
Habrá que tener conciencia, entonces, de que un proceso de desregulación profunda generará resistencias en la burocracia y en sectores o empresas que resultan protegidas por esas regulaciones -en la medida que establecen condiciones que pocos pueden cumplir, eliminando competencia-, o que prefieren mantenerse en la ilegalidad. Y más aún si el proceso deriva en el cierre o fusión de direcciones, oficinas, programas y proyectos inútiles o redundantes.
Se requerirá, entonces, apoyo de la opinión pública, que debe estar informada de lo que se está haciendo y por qué.
Más aun en el caso de la otra gran reforma, necesaria esta vez para alcanzar capacidad operativa y servicios públicos que atiendan a la gente, y sin corrupción. Me refiero a la introducción de meritocracia a todo nivel, con evaluaciones y medición de resultados, así como de formas de gestión privada para asegurar eficiencia, competencia y rendición de cuentas.
Aquí lo que interesa es que las personas puedan a acceder a servicios de educación, salud, seguridad y justicia eficientes que resuelvan sus problemas.
El gobierno debe ser consciente de que su designio es producir un cambio social profundo en el país que permita la incorporación de todos los peruanos a un sistema que hoy los excluye, para hacer posible su crecimiento y la prosperidad en igualdad de condiciones.
Debe proponerse, en ese sentido, la máxima ambición, y saber dónde va.
Lampadia
