Martin Fariña von Buchwald
Gestión, 26 de mayo del 2026
El mercado internacional endurece controles mientras el Perú sigue sin garantizar el origen de gran parte de su oro.
El problema son las procesadores y mineras que compran mineral de terceros sin garantizar trazabilidad.
El aguacate ilegal mexicano mueve US$ 770 millones al año y bastó para que Estados Unidos rediseñara su arquitectura penal antiterrorista contra cadenas productivas. La minería aurífera ilegal peruana mueve quince veces más.
Hay una minería formal responsable que paga impuestos y cumple obligaciones ambientales. No es el tema de este artículo.
El problema son las procesadoras y mineras que compran mineral de terceros sin garantizar trazabilidad. Allí se puede mezclar oro legal e ilegal, se pierde la huella del yacimiento y la cadena queda expuesta.
La Conferencia Episcopal Peruana calificó a la minería ilegal como parte de “una verdadera pandemia” de economía ilegal vinculada al narcotráfico, la tala ilegal, la trata y el lavado de activos. Los obispos amazónicos advirtieron además que “el Estado va perdiendo soberanía sobre sus propios territorios”.
El precedente mexicano importa. En febrero del 2025, Estados Unidos designó a seis organizaciones criminales mexicanas como Organizaciones Terroristas Extranjeras. Luego, OFAC sancionó a Cárteles Unidos y Los Viagras por “la extorsión a las industrias del aguacate y los cítricos de México”. Bajo la legislación estadounidense, cualquier empresa que preste “apoyo material” a organizaciones terroristas enfrenta hasta veinte años de cárcel federal. La definición es deliberadamente amplia e incluye “hacer negocios con actores vinculados”.
Los números son elocuentes. El aguacate ilegal mexicano mueve US$ 770 millones al año; el oro ilegal peruano, hasta US$ 12,000 millones anuales, según el IPE. El Perú concentra el 44% del oro ilegal exportado desde Sudamérica y, según el IIMP, la mitad del oro extraído en el país sería de procedencia ilegal.
EE.UU. ya ha actuado. Elemetal LLC y su subsidiaria NTR Metals se declararon culpables por importar US$ 3.6 mil millones en oro ilegal sudamericano, principalmente peruano, y varios traders fueron condenados a prisión federal. El Tesoro lanzó la Amazon Region Initiative Against Illicit Finance con el Perú como socio formal.
La embajada estadounidense en Lima ya advirtió a empresas sobre el riesgo de comprar oro peruano potencialmente ilegal. Treasury también ha sancionado redes auríferas en Zimbabwe, Nicaragua y Congo.
Suiza, que refina dos tercios del oro mundial, firmó un memorando con el Minem enfocado en las plantas de procesamiento como nodo crítico. La Unión Europea también endureció sus exigencias de trazabilidad y debida diligencia para cadenas de exportación.
La agroexportación peruana ya demostró que la trazabilidad sí es posible. Si el país pudo hacerlo con productos como la palta, los cítricos y la uva, el oro también puede.
El Perú puede construir sistemas interoperables entre Ingemmet, Minem, Sunat y SBS; supervisión activa sobre procesadoras y mineras que compran mineral de terceros; análisis mineralógico de las relaveras y el mineral que ingresa; trazabilidad digital y certificación internacional. La inversión sería modesta frente a un flujo ilícito de US$ 12,000 millones anuales.
Nadie en Perú tiene hoy infraestructura suficiente para garantizar la trazabilidad del oro. Las procesadoras no cuentan con sistemas tecnológicos suficientes para certificar origen y el Estado carece de bases interoperables y supervisión efectiva. Lo que falta no es información ni capacidad: es decisión y valores.
A los eslabones de la cadena productiva. Transportistas de valores que recogen las barras dore de una procesadora de oro para llevarlas al Callao, importadores de barras dore para los Emiratos Árabes Unidos, navieras y aerolíneas, bancos en Lima o Nueva York, asesores financieros, legales y tributarios, proveedores en Lima de equipos ligeros y pesados para Pataz, Madre de Dios o Arequipa, proveedores de combustible y explosivos que terminan en Juliaca: cada uno puede estar operando dentro de la ley peruana hoy y, sin embargo, encontrarse mañana frente a un supervisor extranjero. La banca corresponsal en dólares es un privilegio, no un derecho. CIBanco, Intercam y Vector eran bancos formales en México. La formalidad local ya no es protección suficiente.
El Perú tiene la oportunidad de hacer su propio Mani Pulite antes de que se lo impongan desde afuera. La SBS puede supervisar a las grandes procesadoras y grandes mineras que compran mineral de terceros como supervisa hoy a cualquier institución financiera. La UIF tiene los reportes. La Sunat tiene las exportaciones a países como los Emiratos Árabes Unidos e India. Lo que falta no es información ni capacidad. Lo que falta es decisión y valores.
En Michoacán, durante años, empacadores, transportistas, exportadores, importadores y bancos creyeron que estaban en un negocio legítimo. Un día de febrero del 2025 amanecieron expuestos a veinte años de cárcel federal por apoyo material al terrorismo. Nadie los avisó. En Medellín al final de los ochenta pasó lo mismo. Aquí sí estamos avisados.
