Jaime de Althaus
Para Lampadia
Ya van 16 días del nuevo bloqueo contra Las Bambas en el corredor minero, y el gobierno simplemente, como sabemos, no existe. La empresa ha tenido que informar a la Bolsa de Hong Kong que, de continuar el bloqueo, tendrá que paralizar totalmente las operaciones el 20 de febrero, porque se quedará sin insumos. Esto, por supuesto, agrava la imagen del Perú como un país ingobernable en el que la minería es crecientemente inviable.
Lo que tenemos aquí es sencillamente un acto delictivo en el que concurren por lo menos dos delitos: bloqueo de carreteras y extorsión. Hay, además, reincidencia y contumacia, porque el gobierno había llegado ya a un acuerdo con las comunidades de Chumbivilcas, que por eso levantaron el anterior bloqueo, pero luego 4 de ellas, las de Ccapacmarca, rechazaron el acuerdo para plantear otras demandas que están fuera de la órbita de la empresa y del propio gobierno.
Piden la descategorización de la carretera de nacional a vecinal, y la incorporación a la zona de influencia de la mina. Lo primero se está ventilando en el Poder Judicial de Cusco y lo segundo depende de criterios establecidos en normas. Y definitivamente esas comunidades están muy lejos del área de influencia. Saben que sus demandas son inviables, porque se los explicó la propia ex premier Mirtha Vásquez, pero se mantienen en su actitud extorsiva.
Aquí la única salida es aplicar la ley y restablecer el orden público. Cuando en años pasados se ha decretado el estado de emergencia y ha ingresado la Fuerza Armada acompañando a la Policía, los bloqueos, que -dicho sea de paso- son de apenas 20 o 40 personas en el peor de los casos, se disuelven automáticamente sin resistencia alguna. Se trata, repetimos, de delitos que no se pueden tolerar.
Debería dictarse el estado de emergencia en todo el corredor minero, como se hizo durante varios meses en años anteriores. La ex primera ministra no creía en esta solución y propició el diálogo, pero ya vemos que fue infructuoso, fuera de condonar y hasta justificar los delitos. El nuevo ministro del Interior debería tomar la decisión, pero no lo hará mientras no haya presidente del consejo de ministros y éste y el presidente Castillo den su venia. Lo que parece casi imposible.
Lo que Castillo debe aprender es que el caos y la ley de la selva solo llevan a la miseria del pueblo, y que, por el contrario, orden y desarrollo van de la mano. Sobre todo, si junto con el estado de emergencia se instala una institucionalidad que permita convertir las regalías y el canon en desarrollo, previniendo de paso los conflictos. Un vicepremierato en el corredor, que coordine al Estado en todos sus sectores y niveles, y un fideicomiso o proyecto especial que canalice las regalías y el canon.
El gobierno ha creado la Zona de Atención Especial, que en realidad es solo una mega comisión integrada por ministerios, comunidades y gobiernos subnacionales, encargada de formular un plan de desarrollo en 90 días, sin órgano ejecutivo alguno. Todavía no se ha producido reunión alguna. Podría ser el germen de la institucionalidad que mencionamos, si adquiriese una forma mucho más ambiciosa.
También se requiere que el sistema judicial establezca una jurisdicción nacional para estos delitos, porque lo que ocurre es que dirigentes y asesores acusados por estos crímenes terminan absueltos, por presión social, lo que alimenta la impunidad y idea de que estas acciones no son delito. Si no hay imperio de la ley, la inversión será cada vez más escasa e involucionaremos a la pobreza irremisible.
Es hora de restaurar el orden y el imperio de la ley, y de instaurar una institucionalidad que permita el desarrollo de la minería y de los pueblos de las zonas mineras, y del país entero. Es un crimen desperdiciar los fabulosos precios de los minerales, que permitirían financiar mejores servicios públicos e infraestructuras en el país para avanzar hacia el desarrollo. Lampadia
