Alejandro Deustua
Contexto.org
26 de agosto de 2025
Para Lampadia
El gobierno norteamericano ha desplegado una fuerza naval en el Caribe que quizás supere en capacidades a la empleada en la operación Causa Justa que, entre 1989 y 1990, logró la deposición y arresto del dictador panameño Manuel Antonio Noriega.
Mientras el despliegue en Panamá fue esencialmente terrestre (alrededor de 20 mil hombres) apoyados navalmente,
El actual implica a tres destructores armados con misiles de variada potencia y alcance, un grupo de tareas anfibias conformado por tres unidades adicionales, otra unidad expedicionaria del Comando Sur, un submarino de propulsión nuclear, aviones de reconocimiento naval y aproximadamente 4 mil hombres (CNN).
Esta fuerza, es más potente y sofisticada que la de 1989 que fue considerada en su momento como un despliegue no visto desde la guerra de Viet Nam.
La actual, como es evidente, supera de largo los requerimientos de la interdicción antinarcóticos implicando otros fines.
En relación a la confrontación con los carteles debe recordarse que el presidente Trump los consideró, desde el inicio de su gobierno en enero, como “organizaciones terroristas extranjeras” que “constituyen una amenaza a la seguridad nacional que va más allá de la que plantea el crimen organizado tradicional” en tanto participan en actividades de insurgencia y guerra asimétrica e infiltran a gobiernos en la región.
Un mes después el Departamento de Estado identificó como organizaciones terroristas extranjeras:
Al Tren de Aragua,
La Mara Salvatrucha (MS-13),
El cártel de Sinaloa,
El cártel de Jalisco “nueva generación”,
El cártel del Noreste (antes los Zetas),
La Nueva Familia Michoacana,
El cartel de Golfo y
Los “Cárteles Unidos”.
Y en julio pasado, esa dependencia incluyó al Cartel de los Soles venezolano en esa lista dominada por carteles mexicanos mientras que la Secretaría del Tesoro procedía a sancionar al dictador Maduro como líder de esa organización.
Simultáneamente, el Departamento de Estado elevó de US$ 25 a US$ 50 millones la recompensa por información que conduzca a la captura del dictador considerado como “uno de los mayores narcotraficantes del mundo» (BBC).
Sin embargo, el gobierno norteamericano autorizó a Chevron (una petrolera de ese origen) a reemprender operaciones restringidas en Venezuela. ¿De qué se trata entonces?
Si el objetivo de la misión naval es impedir el tráfico de drogas y la eliminación de los carteles y el dictador Maduro es considerado como líder de uno de ellos, parece claro que el objetivo sería también lograr un cambio de régimen en Venezuela como ocurrió en Panamá.
En relación a lo primero, los países productores de coca y cocaína deberían expresar interés en la misión norteamericana pero sólo para potenciar políticas de interdicción. Para ello se necesita cooperación tecnológica e incremento de capacidades locales. No una flota de guerra.
En relación al objetivo eventual de la deposición de la dictadura en Venezuela éste sería contraproducente sin una adecuada evaluación del escenario. Lo primero es reconocer que ni los intentos locales ni los internacionales para una transferencia pacífica del poder han tenido éxito.
En efecto, ni la presidencia asignada al Sr. Guaidó ni la legítimamente ganada por el Sr. Edmundo González han logrado resultados. Y tampoco lo han hecho los acuerdos de Barbados de 2023 intermediados por Noruega, el intento plurilateral a cargo del Grupo de Lima desde 2017 o el desconocimiento general de la legitimidad del gobierno de Maduro han logrado objetivos sustanciales.
De otro lado, las sanciones económicas sólo han producido desgaste. Limitadas las sanciones generales por sus efectos en la pobreza (hoy estimada en 53%) y por una economía que crece lánguidamente a partir de una contracción del 70% del PBI en el período 2004-2021 las específicas no han cambiado la conducta de los afectados.
Ello indicaría que sólo queda una solución de fuerza.
Ésta sería contraproducente sin apoyo sustancial de los venezolanos (quizás éste deba lograrse). Y produciría considerable mortandad, promovería una reacción antinorteamericana en la región (el Perú se retiró del TIAR en 1989) y devolvería a las democracias del área a las discusiones del golpe de 1973 en Chile perjudicando los procesos electorales suramericanos.
Y en relación a la dimensión estratégica del despliegue en el Caribe es claro que ésta implica la reactivación de una zona de influencia, la pretensión de estabilizar la zona y el cuestionamiento militar de los vínculos de seguridad que Maduro ha tejido con China y Rusia.
En consecuencia, la acción norteamericana debería orientarse a la alteración de esos vínculos procurando que esas potencias opten por un trato razonable antes que por la consolidación de la disrupción del balance de poder en el área. A ello no ayuda la imposición de aranceles a socios comerciales hemisféricos.
Estados Unidos debe clarificar sus objetivos en América Latina y cooperar con sus democracias antes de proceder al empleo de la fuerza. Lampadia
