Carlos E. Gálvez Pinillos
Expresidente de la SNMPE
Para Lampadia
Llevamos seis meses observando la repartija de puestos de trabajo en la administración pública, en la que han designado y luego se han visto obligados a retirar a un sin número de prontuariados, provenientes de las canteras del partido que ostenta el gobierno y sus partidos aliados. La constante de estos hechos es que, no han pasado ningún filtro, pero tan pronto se les designa, la prensa les encuentra los “chicharrones”. La otra constante es que, los identificados, alegan no tener sentencia firme o que ya cumplieron con la justicia al haber vencido el plazo de la pena. Digo, sólo por hablar de asuntos penales y no entrar en “detalles” de calificaciones profesionales.
Pareciera que nadie es consciente que requerimos funcionarios probos, gente capaz y con idoneidad moral. Esto significa, gente con un nivel superior a, no sólo, “no tener sentencia firme” o “haber pagado a la sociedad por su delito”. Y esto es precisamente en lo que debemos trabajar, pero a priori.
En las últimas décadas hemos sufrido los resultados “emblemáticos” de mala elección de autoridades. Por ejemplo:
- Gregorio Santos en el GR Cajamarca,
- César Álvarez y Waldo Ríos en el GR Ancash,
- Vladimir Cerrón en el GR Junín,
- Martín Vizcarra en el GR Moquegua,
- César Villanueva GR de San Martín,
- Jorge Acurio en el GR Cusco,
- Cáceres Llica GR Arequipa,
- Félix Moreno GR Callao,
por mencionar sólo a algunos, entre los que no hemos incluido a alcaldes ni regidores, porque la lista sería interminable. Tampoco se incluye a gente nombrada en el gobierno central, puesto que ahí, pareciera ser un requisito tener “chicharrones” para aspirar a algún puesto.
Ahora tenemos convocado para octubre, un proceso electoral regional y municipal, lo que significa que disponemos, por el bien de nuestra patria, de un lapso de ocho (8) meses, que debemos aprovechar para hacer un trabajo serio, sistemático y profesional de investigación de antecedentes y denuncia pública de los candidatos que no merecen ser elegidos, simplemente porque podrían ser capaces de encandilar a muchos ingenuos, quienes no contarían con la información oportuna respecto al perfil de esta gente, o que podrían ser capaces de comprar voluntades con ofrecimientos impropios.
¿Cuántos tramposos, estafadores, miembros de mafias (transportes, educación, tráfico de terrenos, etc.), o simples ladrones de poca monta, agresores de mujeres o simplemente gente que no cumple con los criterios de idoneidad necesarios como para llegar a algún nivel de poder y manejo de recursos públicos, han pasado inadvertidos y han desfalcado municipios distritales o provinciales, al igual que gobiernos regionales? Esto no lo podemos volver a permitir.
Creo pues, que tenemos una brillante oportunidad para trabajar este tamizaje y sugiero que, todos los que estamos hartos de ser gobernados por gente inadecuada (por decir lo menos), nos juntemos alrededor del Consejo Privado Anticorrupción (CPA), entidad que viene investigando y denunciando actividades corruptas e ilícitas de funcionarios de todo nivel, para sacar a la luz a esos candidatos no deseados. No debemos dejar esto, sólo en manos de quienes deseen voluntariamente hacer alguna impugnación.
No tengo que resaltar que, tanto personas como empresas, nos vemos presionados todos los días por autoridades inescrupulosas que, so pretexto de emitir algún permiso o licencia, exigen prebendas o coimas, sin importar que todo esté en orden.
- ¿Cuántas empresas, en diversas regiones, no se han visto presionadas por exigencias absurdas de defensa civil provenientes de algún alcalde “iluminado”, que trata de imponer criterios particulares, fuera de cualquier estándar, en un país donde no contamos con estándares de ninguna especie?
- ¿Cuántos alcaldes de provincias exigen “arbitrios e impuesto predial”, pero calculados no a base de los precios de arancel establecidos, sino sobre precios que se le ocurren a algún “asesor” ad hoc, sabe Dios con qué criterio?
Son múltiples los casos de personas y empresas extorsionados por esos “reyezuelos” de distritos, provincias y regiones más o menos remotas, donde no llega el brazo de la justicia. Demasiados son los casos de autoridades que administran recursos del canon y regalías mineras, que hacen de sus proyectos autónomos una fuente muy especial de corrupción, desde la preparación de los expedientes técnicos, diseño de bases de licitación y contratación de las obras. Otro tanto sucede con la contratación de empleados CAS, venta de licencias de conducir y de licencias de construcción, entre tantas otras mañoserías que los “Dinámicos del Centro” y su jefe con prisión suspendida, nos podrían ilustrar.
Tal como nos informa el CPA, 24 de 25 gobernadores regionales, han sido investigados por corrupción, de los cuales hay dos sentenciados, dos detenidos y todos los demás continúan bajo investigación. De estos, hay uno investigado por seis delitos, ocho por tres delitos, seis por dos delitos y los demás, por uno. Grave también, es que hay una región con 15 funcionarios investigados, otra con 12, una con 7, dos con 6 y una con 5. Vale decir, tenemos organizaciones criminales en varias regiones y pareciera que nadie se siente incómodo, ni el confeso “aprendiz de presidente”.
Me parece pues que, debemos emprender desde este momento y de la mano del CPA, la tarea de investigar formal y profesionalmente a todos los candidatos e impugnar sus candidaturas, así como publicitar sus faltas legales, éticas y morales, para que mañana más tarde, nadie juegue al “ups, yo no sabía”.
¡Tenemos una gran oportunidad! Después no nos quejemos. Lampadia
