Jaime de Althaus
El Comercio, 14 de junio del 2025
Nuevamente el problema aquí es que ese poderoso lobby sindical e ideológico no tiene contrapeso porque los perjudicados, que son los sectores emergentes de la micro y pequeña empresa.
La democracia está diseñada para limitar el poder de los gobernantes a fin de proteger las libertades de los ciudadanos. De allí la división y los contrapesos entre los poderes. Pero lo que casi no tiene contrapesos son los grupos de interés organizados, lo que Mancur Olson llamaba las “coaliciones distributivas”, capaces de obtener beneficios o privilegios legales a costa del interés general o de grupos difusos no organizados, al punto de terminar produciendo la esclerosis de la economía.
Para esos grupos nuestro Congreso es una orgía sin límite ni vergüenza. Veamos, por ejemplo, el proyecto de ley que propone eliminar la facultad de ejecución coactiva de la ATU, movido por organizaciones de transportistas informales que tienen representantes en el Congreso contrarios a la indispensable reforma del transporte en Lima que parece ya una batalla perdida. La contracara de esos lobbies es el clientelismo: la competencia clientelista para atraer bolsones de votos, de los transportistas en este caso. Frente a eso, los usuarios del transporte público, un grupo difuso, desorganizado e inconsciente del perjuicio que sufre, carece de lobby propio.
El único contrapeso a las “coaliciones distributivas” debería ser la autocontención responsable de partidos serios en un sistema de pocos partidos, o el liderazgo político, como el que ejerció García cuando logró aprobar la reforma magisterial meritocrática contra el Sutep, movilizando a la opinión pública. Ahora en cambio, Flor Pablo y varias bancadas hacen clientelismo regalándole a ese bolsón electoral un incremento desmesurado de las pensiones –con nuestra plata, por supuesto–agravando un déficit fiscal que se torna peligrosamente inmanejable. Y no hay contrapeso acá, pues ¿qué grupo de interés defiende el equilibrio fiscal? El MEF lo hacía, pero ya no.
Para no hablar del proyecto de ley que propone otorgar bonos a los inspectores de Sunafil a partir de las multas por incumplimiento de las normas laborales. Como siempre, el lobby de la CGTP y de los trabajadores estatales ejerce presión y encuentra correspondencia perfecta en el clientelismo inveterado de los grupos de izquierda de la comisión de trabajo del Congreso. El resultado ha sido una regulación laboral tan costosa que hace imposible la formalización en el país y frena el crecimiento de micro y pequeñas empresas. La Sunafil no es sino un brazo ejecutor de una maraña normativa imposible de cumplir
Nuevamente el problema aquí es que ese poderoso lobby sindical e ideológico no tienecontrapeso porque los perjudicados, que son los sectores emergentes de la micro y pequeña empresa, no están organizados y carecen de conciencia de clase. Esta vez, sin embargo, cerca de 40 gremios de la pequeña empresa publicaron un comunicado titulado “Populismo del Congreso está acabando con las pequeñas empresas”, denunciando que ese proyecto agravaría la informalidad, la desigualdad y el acoso que sufren miles de pequeñas empresas. Pero hasta ahora ese sector no ha sido capaz de movilizarse en las calles, y no hay partido que lo represente, que tome la causa de la desregulación, de la lucha contra la casta burocrática y política –y contra el déficit fiscal precisamente–, como hizo Javier Milei en Argentina.
