El INDECOPI que nació en 1992 para proteger al consumidor y fomentar la libre competencia, ha terminado convirtiéndose en una institución súper poderosa, peligrosísima para las empresas y onerosa para los consumidores. Tiene en los usuarios de los servicios miles de eficientes fiscalizadores trabajando gratuitamente para él. Cualquiera de ellos, por un módico costo de S/ 36, puede presentar su denuncia y de ahí en adelante es INDECOPI, con su buen staff de abogados, el encargado de continuar la causa, haciéndola suya. Existen, además, por si fuera poco, asociaciones de “protección a los consumidores” que se financian haciendo denuncias y percibiendo, como incentivo, parte de las multas.
Las empresas deben contratar buenos y caros abogados para defenderse y si llegan a ganar la causa no podrán pedir que INDECOPI o el denunciante le reembolsen lo gastado, todo ello por supuestamente “tutelar a la parte más débil”. Lo que realmente sucede y parece que a nadie preocupa es que se incrementan innecesariamente los costos de las empresas y sus ejecutivos deben invertir tiempo valioso para, además de no incurrir en la menor falta, seguir los tediosos procesos legales.
INDECOPI publica además a las empresas sancionadas por sector, pero nunca presenta las estadísticas de los casos que pierde en el Poder Judicial. No existe ningún empacho en empañar el prestigio de las empresas y presentarlas como abusadoras.
No se vaya a pensar que INDECOPI tiene esta actitud porque por un milagro de la naturaleza se ha convertido en una institución estatal con vocación por cumplir eficientemente su función. Realmente se debe a que ellos son al mismo tiempo recaudadores y beneficiarios: las multas que cobra nutren sus arcas, en lugar de ir al Tesoro Público o a los usuarios perjudicados. Se viola, de esta manera, el principio de imparcialidad, nadie puede ser juez y parte. Y ni qué decir de la posibilidad de usar a INDECOPI como un instrumento político en contra de posibles empresarios opositores al régimen de turno.
Además, los miembros de las comisiones y vocales de INDECOPI son profesionales de diferentes ramas que continúan en sus trabajos mientras “imparten justicia” a pesar de que la Constitución en su artículo 146 -en pro de garantizar la imparcialidad de los cargos jurisdiccionales- solo permite ejercer simultáneamente la docencia. En sentido estricto, INDECOPI no ejerce función jurisdiccional, están prohibidos supuestamente, por ende, ese artículo no se aplicaría. Solo los jueces y los árbitros lo pueden hacer. Sin embargo, en los hechos sí ejercen, imparten justicia, aunque lo hayan disfrazado bajo el nombre de “medidas correctivas”. Como si todo esto fuera poco, estos “jueces” son nombrados o propuestos por su propio Consejo Directivo, tremendo poder.
Esto hace que INDECOPI, además de atender los reclamos de los usuarios particulares organice inspecciones de oficio a ver si encuentra algo que los propios usuarios del servicio no han detectado. Los ciudadanos debemos tomar conciencia de que tanto, estas verificaciones como los procesos legales terminan incrementando el costo de lo que adquirimos. No hay otra, si un colegio o clínica, por ejemplo, ha tenido que incrementar su asesoría legal, indiscutiblemente ello va a terminar aumentando el costo del servicio, o sea el valor de adquisición para los usuarios.
Para establecer un sistema más razonable y justo sugerimos tres medidas:
- Que el INDECOPI devuelva las costas en los casos que impulse la acción de oficio y pierda.
- Que en caso de perder, los usuarios asuman el 50% de las costas de la parte denunciada y en el caso de las asociaciones de consumidores asuman el 100%.
- Que el producto de las multas no vaya a INDECOPI sino al Tesoro Público.
Con esto vamos a lograr que los usuarios no hagan denuncias por gusto y que INDECOPI los asesore con mayor seriedad antes de dar curso a cualquier queja. Así, INDECOPI trabajará más trasparentemente al no verse directamente favorecido por sus propias sentencias.
¡Ya es hora de cortarle las uñas al monstruo! Lampadia
