Una arquitectura institucional para los próximos 50 años
Jaime de Althaus
Para Lampadia
Tal como adelantamos el viernes pasado, el congreso argentino aprobó finalmente, aunque con algunos recortes, y pese a las fuertes protestas sindicales, la reforma laboral enviada por el gobierno de Javier Milei para generar más empleo formal. Argentina sigue señalando el camino, que habrá que seguir en nuestro país también.
Los cambios ejecutados hasta el momento por el gobierno no tienen precedentes.
Ha reducido el gasto público (del gobierno federal) en un 30% -eliminando ministerios, cesando a más de 60 mil empleados públicos y otros gastos.
Ha generado un superávit fiscal que le permite no emitir dinero para terminar de abatir la inflación y reducir impuestos.
Está eliminando subsidios.
Ha desregulado las actividades económicas en todos los sectores.
Así, ha promulgado más de 14 mil desregulaciones para devolver libertad económica y respeto a la propiedad, a fin de facilitar la inversión y el crecimiento.
También ha abierto parcialmente la economía.
Pero para terminar de abrirla necesitaba aprobar la reforma laboral, para que las empresas pudieran competir.
La reforma laboral tenía que aprobarse además para proceder a la reforma tributaria y luego a la previsional. La secuencialidad era importante.
En efecto, la reforma tributaria, aun en preparación en el Ejecutivo, apunta a reducir aún más impuestos o eliminarlos (ya han reducido tributos por valor de 2.5% del PBI) y reducir la complejidad del sistema fiscal.
También a extender a toda la economía los beneficios tributarios del Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI).
Pero para eliminar o reducir impuestos y tasas se requiere que la economía esté creciendo, para compensar esas menores imposiciones con mayor recaudación producto de la mayor producción.
Y la reforma laboral era necesaria: para facilitar la inversión, el crecimiento y la formalización de las empresas.
Pero junto con la reforma laboral la ley de inocencia fiscal, que se acaba de aprobar, despenalizando la tenencia de dólares, a fin de que esa moneda regrese al mercado y al ahorro formal para que haya crédito para reactivar la economía.
Todo eso junto.
Pero, además, era necesaria precisamente para facilitar la formalización del empleo, condición necesaria para proceder luego a aprobar una reforma previsional que alcance a la mayor parte de la fuerza laboral. En la Argentina la informalidad laboral es cercana al 50%.[1]
Mientras tanto, el gobierno argentino procurará ampliar la autorización congresal para avanzar en la privatización de empresas públicas que no recibieron dicha autorización en la ley bases aprobada en los primeros meses del gobierno. Eso ayudará también al crecimiento y por lo tanto facilitará la reducción de impuestos y la reforma previsional.
Pero la transformación va mucho más allá.
En su discurso ante el Congreso sobre el Estado de la Nación, Milei anunció que enviará al Congreso 90 paquetes de reformas estructurales en los próximos meses para rediseñar la estructura institucional y jurídica de la Argentina para los próximos 50 años.
El objetivo de Milei es convertir a la Argentina en la economía más libre del mundo, para que crezca aceleradamente y alcance el mayor PBI per cápita del planeta. Lo va a lograr. Lampadia
[1] En el Perú, con un porcentaje de informalidad laboral bastante mayor (73%) hemos aprobado una reforma previsional que ha considerado una pensión de consumo de 1% para incorporar a los informales, aunque esa tasa es muy pequeña. La solución de fondo es, efectivamente, la formalización.
