Jaime de Althaus
Para Lampadia
El poder económico de la minería ilegal, asociada en muchos lugares a la criminalidad organizada, es enorme. En estudio de la SNMPE lo calcula en un 40% de la producción nacional de oro, alrededor de 4 mil millones de dólares al año.
Según Pablo de la Flor, solo en la provincia de Pataz en la Libertad, esa minería ha sacado 23,000 volquetes a la costa en los últimos 3 años por un valor de 2,500 millones de dólares. Y, dentro de la concesión de la minera Poderosa, perfora unos túneles de 1.5 km de largo a razón de 1,000 dólares por metro.
Por lo tanto, el primer elemento de una estrategia contra la minería ilegal debería ser cortarle el mercado, ahogarla económicamente: intervenir las plantas procesadoras que le compran el oro y que incluso habilitan a los mineros ilegales e informales.
Según el dirigente de mineros informales y artesanales, Víctor Chanduví, la empresa procesadora Laytaruma, por ejemplo, fomenta y financia a las bandas de criminales para que invadan las minas y luego le vendan el material aurífero que extraen.
Según Chanduví, Laytaruma tiene una caja chica para comprar a malos policías, fiscales y jueces. En el 2017 se le abrió una investigación por lavado de activos, pero quedó en nada.
En diciembre del 2022 se le abrió una nueva investigación por organización criminal, trata de personas, explotación laboral, minería ilegal, tenencia de materiales peligrosos y hasta el delito de homicidio, con expediente 74-2020-8 a cargo del juez Jhonny Gómez Balboa.
Al mismo tiempo en que se va asfixiando a la minería no formal con esta medida, se debe avanzar simultáneamente con la formalización de los informales. Como se planteó en Lampadia el lunes, eso parte por cerrar o depurare el Reinfo, y simplificar drásticamente los requisitos exigidos para ser formal.
Y se requiere estrategias distintas según tipos de situaciones. En Pataz se trata sencillamente de infiltrar inteligencia policial y desbaratar las bandas. Luego de eso, formalizar lo formalizable.
La situación en Rinconada y Ananea en Puno es distinta.
Allí hay alta inseguridad y la central de cooperativas mineras demandó a inicios del gobierno de Boluarte que se aplique el estado de emergencia, pero pidió además la instalación de bancos, de un centro de acopio y comercialización de oro y de un laboratorio de análisis químico.
Que una entidad estatal o privada certificada les compre el oro en condiciones de seguridad. Todo lo cual implica la formalización porque quedaría clara la trazabilidad.
En esa zona hay cooperativas y también mineros informales con “cachorreros”, que trabajan para esos mineros, pero se quedan con una parte, que venden a terceros. El especialista José Farfán ha propuesto que la Sunat permita que puedan vender con liquidación de compra -que era como funcionaba hasta el 2013- que es una suerte de factura mucho más sencilla, sin RUC, con DNI, por medio de la cual se le retiene al minero el 1.5% del valor de la venta.
Esto permitiría registrar y empezar a formalizar a estos productores, llevándolos paulatinamente a mejorar sus prácticas, de la mano con el fomento a la instalación de plantas procesadoras que trabajen con gravimetría para reemplazar a los quimbaletes que usan mercurio.
En Lampadia le habíamos pedido al gobierno que aproveche esta disposición para diseñar y aplicar una propuesta como esta en la zona de La Rinconada y Ananea. Por ejemplo, que el Estado peruano, a través de una empresa internacional, pese y determine la ley del mineral y luego lo procese y exporte, tomando como referencia el modelo Enami de Chile. Pero no ha hecho nada. Si lo hace, habrá ganado una batalla importante y habrá recuperado para la legalidad una zona casi emblemática. La misma solución se puede aplicar a otras áreas de Puno y allí donde se den las mismas condiciones.
En otras zonas hay un problema: según el informe de la SNMPE, el 64% de los mineros informales opera en concesiones de terceros. Allí debe buscarse arreglos que lleven a la subcontratación. Fue lo que hizo la mina Poderosa con 250 mineros informales, apoyándolos en la formalización y comprándoles su mineral. Eso funcionó bien hasta que la pandemia y la subida del precio del oro los llevó a venderles a terceros sin RUC y sin declarar. Ahora han quedado atrapados por las bandas criminales.
Se requiere formar no tanto o no solo una comisión multisectorial como se ha propuesto, sino un grupo o equipo de tarea, un comando, con capacidad ejecutiva, que diseñe una estrategia y vaya recuperando para la legalidad y la formalidad zona por zona. Al mismo tiempo, llevar a cabo algunas tareas transversales, como Fortalecer el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (RECPO), que obligue a registrar toda la actividad de la cadena productiva, como propone la SNMPE. Esto para crear un sistema nacional de trazabilidad, estableciendo la obligatoriedad de obtener certificados de trazabilidad en todo el proceso (extracción, transporte, procesamiento, comercialización y exportación). Implica certificar el origen de los minerales recibidos por las plantas de tratamiento, así como fiscalizar dichas plantas, como demanda Pablo Bustamante. Y fortalecer la capacidad administrativa del Estado, reconcentrando funciones en el nivel central.
Manos a la obra. Lampadia
