Por: Jorge Pérez Taiman, Abogado de Rodrigo, Elías & Medrano
Gestión, 11 de enero de 2019
El presidente Evo Morales declaró hace pocos días que su país se apresta a vender gas al Perú, y una delegación del más alto nivel del Ministerio de Energía y Minas está viajando esta semana a Santa Cruz de la Sierra para reunirse con el ministro de Hidrocarburos de la nación altiplánica, con el propósito de implementar un convenio interinstitucional de cooperación en el sector de hidrocarburos.
Resulta sorpresivo que teniendo nuestro país suficiente gas natural para nuestro mercado interno y excedentes para exportar, vayamos a importarlo de un país vecino, por lo que es necesario tener claridad sobre una serie de aspectos técnicos y económicos que rebasan el interés político del gobernador de Puno, y posiblemente del Gobierno nacional, de fomentar las relaciones con Bolivia.
Un primer aspecto a aclarar es el tipo de gas que comprende la oferta boliviana. ¿Se trata de gas licuado de petróleo (GLP), gas natural comprimido (GNC), gas natural licuefactado (GNL) o simplemente gas natural? Los tres primeros pueden ser transportados en camiones cisterna de diferentes características, pero el último requiere la construcción de un gasoducto.
Un segundo aspecto a considerar es el tema del precio al que se colocaría el gas boliviano en el Perú, el cual dependerá del costo del hidrocarburo en boca de pozo, más los eventuales costos de transporte, licuado, envasado, compresión, licuefacción, regasificación y distribución, dependiendo del tipo de gas del que se trate. ¿Se aplicarán al gas exportado los subsidios que hoy existen en Bolivia? ¿Por cuánto tiempo?
No puede soslayarse tampoco el destino del gas boliviano: ¿Será dirigido primariamente, a través de comercializadores, al mercado industrial y de grandes consumidores? Si esto es así, se estaría agravando seriamente el problema que afecta hoy a los concesionarios de distribución de gas natural por red de ductos en el sur y norte de nuestro país, que han visto sus mercados “descremados” por comercializadores de GLP y GNC que, sin tener tarifas reguladas ni compromisos de inversión y masificación, han contratado suministros de largo plazo con grandes consumidores en las áreas de concesión, afectando severamente la penetración comercial, la economía de ambas concesiones y la masificación del gas natural.
Finalmente, debe tenerse en cuenta el efecto negativo que la eventual importación de gas boliviano podría tener en los proyectos que hoy se barajan para llevar grandes volúmenes de gas natural de Camisea al sur de nuestro país. Como se sabe, hay un estudio en curso contratado con una consultora internacional para definir la mejor alternativa entre tres posibilidades: llevar el gas natural por un nuevo ducto andino directamente de Camisea al sur, extender el ducto existente por una ruta costera vía Ica, o usar la vía marítima para llevar GNL mediante cabotaje de Pampa Melchorita a puertos sureños.
Permitir que se “descreme” aún más nuestro mercado local con gas importado, en detrimento del gas nacional y de la masificación del uso de ese hidrocarburo entre la población del Perú, aparece como un despropósito que nuestras autoridades deben evitar.
