Por: Diego Rosales, Economista de Macroconsult
Gestión, 5 de febrero de 2020
Respecto a la deflagración generada por la fuga de GLP de un camión cisterna, el presidente de Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, declaró que se asignó al ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Liu, la responsabilidad de identificar las deficiencias en el mercado de GLP y presentar propuestas de solución con la finalidad de que la tragedia en Villa El Salvador nunca más se repita.
La importante tarea encomendada al Minem no le debería resultar ajena. Desde inicios del año pasado, este ha mantenido en el archivo un Proyecto de Decreto Supremo que modifica las normas de comercialización y seguridad de GLP. El Informe TécnicoLegal N° 031-2019-MEM, que sustenta dicha propuesta de solución, lista las principales deficiencias en el mercado de GLP.
Sobre la seguridad, advierte que la normativa vigente no exige que los camiones cisterna de GLP cuenten con implementos para tomar acciones inmediatas frente a una fuga (protección respiratoria, herramientas, tapas metálicas, etcétera). Tampoco exige que cuenten con sistemas GPS para optimizar la supervisión de Osinergmin y vigilar que transiten por las vías permitidas y habilitadas.
¿La implementación de las modificaciones propuestas habría impedido la tragedia? Ahora, cruza por la mente del lector: “hecha la ley, hecha la trampa”. No resultarán suficientes las nuevas exigencias y herramientas de supervisión si no se enfrentan también las causas del problema. ¿Por dónde empezar? ¿Principalmente, qué incentiva a un agente a optar por la ilegalidad o informalidad en el mercado de GLP?
Dicho informe advierte que el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) sostiene con recursos fiscales dos precios de GLP: estabiliza únicamente el GLP para envasado, pero el GLP para venta a granel está excluido desde el 2012. Si existen dos precios para un mismo producto en el mismo lugar y momento, un agente oportunista lo compraría al precio más barato y lo vendería al más caro.
Cito textualmente: “Estas diferencias de precios afectan el correcto funcionamiento del mercado (de GLP) y fomentan la generación de mercados negros”. El margen ilegal que obtienen estos agentes oportunistas es totalmente incompatible con el objetivo del FEPC: proteger a los peruanos de la volatilidad internacional. ¿Qué peruanos realmente necesitan dicha protección? ¿No es más eficiente un subsidio focalizado?
En mi opinión, se debería eliminar el GLP envasado del FEPC. Así, se dejaría de emplear recursos fiscales en beneficiar agentes oportunistas. Con esos recursos, se podría fortalecer el programa “Vale de Descuento GLP”, que subsidia mensualmente la compra de un balón de GLP a familias menos favorecidas en 99% de los distritos del Perú. Es una tarea ineludible para el Minem evaluar cómo enfrentar la causa y no solo el problema.
