Pablo Bustamante Pardo
Director de Lampadia
En los últimos años se ha ido afirmando un comportamiento perverso en la política peruana, se han confundido las prioridades y hoy prevalece la búsqueda del bienestar de los servidores públicos sobre los ciudadanos, de los agentes intermediarios sobre los usuarios finales.
Esto se ve con claridad en el caso de los maestros (agremiados) versus los alumnos, o en el caso de los transportistas (agremiados) versus los pasajeros, o en el caso de los trabajadores de Sedapal y de las EPSs versus los usuarios del agua.
La diferencia entre unos y otros, entre los servidores públicos y los ciudadanos, es que unos, los primeros, están de alguna manera agrupados o agremiados, el político puede dirigirse a ellos y otorgarles prebendas; en cambio, los ciudadanos y usuarios de los servicios, son una entelequia, son una abstracción de individuos desconectados entre sí.
La consecuencia de esta terrible trampa, que no permite la mejora de los servicios públicos en la educación, la salud, el transporte, etc., es que las normas producidas por las autoridades tienen focos gremiales que muchas veces son absolutamente contrarios a los intereses del ciudadano común.
El caso de la educación
Los maestros de la educación pública están forzosamente afiliados a un sindicato único, cuyo estatuto habla de la lucha de clases, de una opción ideológica y no de un compromiso educativo.
Todos los intentos por mejorar la calidad de la educación pública fracasan por la incapacidad del gobierno de privilegiar a los alumnos sobre las dirigencias magisteriales. No se puede implantar la meritocracia y los sustanciales aumentos de remuneraciones que se vienen haciendo no conllevan compromisos de mejora de la calidad educativa.
Por esta situación es que gran parte de los ciudadanos retiraron a sus hijos de las escuelas públicas y los llevaros a colegios privados, que según las últimas pruebas Pisa tienen mucho mejor calidad. Ver la evidencia en Lampadia: Públicos y privados aliados por la educación.
Lamentablemente la pandemia ha desorganizado dramáticamente la educación en el país, y el Estado ha aprovechado para debilitar la educación privada.
El caso de la salud
Hoy día, todos tenemos muy claro el pobrísimo nivel de servicio de la salud brindada por el Estado, ya sea en los hospitales del Minsa como en Essalud, indebidamente manejada por el Estado, puesto que se sustenta en los aportes de los trabajadores y sus empleadores.
En salud, la excepción confirma la regla, hay dos hospitales de Essalud que están manejados por asociaciones público privadas en la modalidad de bata blanca. O sea, el concesionario: diseña, invierte, construye, equipa, contrata a los médicos, enfermeras, técnicos y administradores y presta el servicio. Todo ello con compromisos minuciosos de estándares de servicio, ya sean costos debidamente acotados, días para la atención o para intervenciones quirúrgicas, etc.
Este es el caso de los hospitales Alberto Leopoldo Barton Thompson en el Callao y del hospital Guillermo Kaelin de la Fuente en Villa María del Triunfo. Ver información al respecto en Lampadia: Las APP han generado servicios de salud de alta calidad.
Pero este modelo de gestión que ha probado ser muy eficiente desde hace seis años, no ha podido ser replicado por el Estado o Essalud, por la oposición de los sindicatos y gremios de los servidores públicos y de los políticos que se prestan para defender los intereses gremiales.
El caso del agua potable
El caso de Sedapal en Lima y de las EPSs en las regiones es clamoroso. Se desperdicia entre el 40 y 50% del recurso, no se factura todo lo producido, abunda la corrupción y se proteje a los servidores públicos que hasta heredan sus puestos a sus hijos, como en Sedapal.
La cobertura del servicio es insuficiente, el servicio no siempre se da las 24 horas, con los riesgos que ello conlleva. Y muchos ciudadanos tienen que subir los cerros cargando baldes de agua por los que tienen que pagar diez veces más que los ciudadanos de los mejores barrios de Lima y provincias.
La evidencia del desastre de gestión es clarísima, los diagnósticos son claros, pero está prohibido políticamente hablar de servicios privados, de asociaciones público privadas, o de otras formas de intervención del sector privado.
Un episodio oprobioso relativamente reciente, fue el que protagonizó el presidente PPK, cuyo lema era agua para todos, que claudicó ante un sindicato de Sedapal y condenó a Lima a mantener un servicio público clamoroso.
Conclusión
Como vemos pues, esta trampa de privilegiar a los intermediarios de los servicios públicos a costa de condenar a servicios paupérrimos a los ciudadanos, debe terminar.
Esperamos que en el proceso electoral en ciernes, algunos candidatos valientes y sensatos, pongan el tema encima de la mesa; y que los medios de comunicación hagan un esfuerzo de buena prensa, dejando de servir de caja de resonancia de la mala política.
Condenar a los ciudadanos a malos servicios, pudiendo tenerlos mejor, es absolutamente inmoral. Es hora de que los ciudadanos (no agremiados), elijamos con nuestro voto la defensa de nuestra calidad de vida. Lampadia
