La redistribución de los recursos del canon es un tema complejo, de larga data y que debe ser revisado. Desde el 2009, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ha hecho distintas propuestas en la materia. Entre ellas, y conscientes de que se trataba de recursos de carácter volátil, se pidió la creación de un fondo de estabilización que sirviera de amortiguador a los gobiernos subnacionales en épocas de bajos precios de las exportaciones mineras (ergo, de menos ingresos por canon). Esa propuesta recién ha sido tomada en cuenta por el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros, a pesar de que las actuales condiciones del mercado no son ni de cerca las de los últimos tres años, insistimos en la necesidad de implementar dicho fondo.
Hoy, para la ANGR es claro que un primer tema de discusión es la redistribución intrarregional. Con esa orientación, recordemos que del 100% que recibe un departamento, 25% va directamente al distrito productor; 25% corresponde al gobierno regional; 25% se entrega a la provincia productora, que lo redistribuye entre todos sus distritos, incluido el distrito productor, sobre la base de indicadores de necesidades básicas insatisfechas y pobreza; el 40% restante corresponde a todas las municipalidades del departamento, incluido por tercera vez el distrito productor. Un 5% va a las universidades nacionales y otro 5% a los institutos superiores públicos. En consecuencia, por efecto cascada, el distrito productor es el más beneficiado.
En ese contexto, creemos que lo primero por revisar es el triple beneficio de los distritos productores, apuntando a encontrar fórmulas que compensen mejor el reparto entre los otros distritos de la provincia y entre todas las provincias. En esa revisión de porcentajes se deben incluir otras variables, como el monto total de recursos de inversión que recibe cada distrito y cada provincia –ordinarios, Fondo de Compensación Municipal (Foncomún), regalías, etc.–, y la capacidad de gestión que demuestren según metas establecidas.
Pero también es importante revisar conceptos y limitaciones de los recursos que pueden dedicarse al mantenimiento de la infraestructura construida, la posibilidad de promover con un porcentaje la articulación de proyectos entre distintas provincias y, naturalmente, la creación de un fondo intergeneracional (quizá de 1% del canon) que pueda ser utilizado en el largo plazo por los gobiernos descentralizados para apalancar proyectos de inversión. En el caso de las universidades, estas deberían demostrar que un porcentaje de los recursos recibidos se está destinando a estudios e investigaciones pedidas por el gobierno regional, en el marco de sus planes de desarrollo concertado, corriendo peligro de perder dicho porcentaje por incumplimiento.
Estas propuestas nos darían la posibilidad de una distribución más equitativa que nos permitiría avanzar en la superación de algunas de las grandes brechas que existen en las regiones, caminando a un desarrollo convergente. Tales avances deberían permitirnos, en un posterior paso, abordar como segundo tema la discusión de la redistribución entre los departamentos, teniendo en mente que los recursos naturales son de todos los peruanos y peruanas.
Desde esa perspectiva podemos decir que, en el plazo inmediato, los recursos del gravamen minero (que reemplazan al anterior aporte voluntario de las empresas) deben orientarse como compensación a las regiones que no perciben recursos del canon, sobre la base de un sistema de indicadores que combine criterios como necesidades insatisfechas y necesidades de gasto y pobreza, para ir cerrando las brechas e inequidades que hoy observamos.
Publicado en El Comercio, 17 de noviembre de 2013
