Por: Ian Vásquez
El Comercio, 8 de octubre de 2019
El presidente ha acumulado mucho poder, está abusando de ello y tiene que ser removido. Ese es el argumento de los demócratas en el Congreso estadounidense acerca de Donald Trump. Están iniciando un juicio político, o ‘impeachment’, que será exitoso pero que no terminará de sacar al mandatario de la Casa Blanca.
La Cámara Baja específicamente acusa al presidente Trump de pedirle al presidente de Ucrania investigar por corrupción al hijo del rival político de Trump y de condicionar ayuda militar estadounidense en tal investigación. La denuncia se hace tras lo que muchos perciben han sido años de abusos de poder por parte de Trump.
Los demócratas tienen razón de que Trump usa la enorme potencia de su oficina de manera irresponsable. Pero tal abuso ejecutivo no es nada nuevo. Desde por lo menos mediados del siglo pasado, junto al crecimiento del Estado, la presidencia ha ido acumulando cada vez más autoridad y el Congreso relativamente menos. Ahora que un presidente bombástico y violador de las normas democráticas ocupa la Casa Blanca, el poderío del Estado concentrado en el Ejecutivo se ha hecho más obvio.
Para destituir al presidente luego de un ‘impeachment’, sin embargo, se requiere de una condena por parte del Senado. Dado que los republicanos, que alguna vez decían ser el partido de gobierno limitado, controlan el Senado, tal resultado es muy poco probable. La movida de los demócratas, por lo tanto, podría resultar contraproducente, pues reforzará la retórica divisoria de un presidente que no perdió esa batalla.
Sería una lástima, pero no un resultado sorprendente. La verdad es que el juicio político aplicado a los presidentes solo se ha realizado tres veces en la historia de EE.UU., y nunca ha logrado sacar un presidente, salvo quizás en el caso de Richard Nixon, quien dimitió antes de que le hagan un ‘impeachment’.
No solo ha sido el aumento en el tamaño de los recursos de la sociedad que administra el Estado, sino la explosión de regulaciones lo que ha potenciado al Ejecutivo. A diferencia de lo que indica la Constitución, donde claramente le corresponde al Congreso jugar el papel principal en cuanto a gastos y regulaciones, en la práctica el Congreso estadounidense ha otorgado enormes poderes a la burocracia federal que está bajo control del presidente. El Congreso aprueba una regulación, pero le deja al Ejecutivo amplio espacio para interpretarla y aplicarla. Con tan extensas y complejas regulaciones, un cambio de presidente puede en la práctica resultar en cambios regulatorios significativos sin que se cambie la ley.
Además, Trump ha podido apoyarse en leyes aprobadas años y décadas atrás para declarar emergencias nacionales. Así ha podido financiar el muro con México e imponer aranceles sobre el acero y aluminio sin consultar con el Congreso. Se ha apoyado en otras leyes y establecidas prácticas ejecutivas para imponer aranceles de manera unilateral contra buena parte de las exportaciones chinas, para separar a las familias inmigrantes en la frontera, e iniciar y continuar guerras nunca declaradas por el Congreso.
Hace un par de semanas Trump declaró que tuvo el derecho de ordenar a empresas privadas estadounidenses de no invertir en China, y algunos expertos legales estaban de acuerdo. Obama, Bush y otros predecesores le prepararon el camino y los abusos de ellos también son abominables. Durante su último año en la Casa Blanca, por ejemplo, Obama dejó caer 26.000 bombas en 7 países (a pesar de que el Congreso no había declarado la guerra a ninguno de ellos).
Lo que diferencia a Trump de sus antecesores es su temperamento autoritario y no su abuso de poder. Por lo menos eso ha hecho que los estadounidenses se empiecen a preocupar por su sistema presidencialista demasiado poderoso.
