Por Jaime de Althaus
(El Comercio, 09 de octubre de 2015)
Hemos pasado en cuestión de horas de la revuelta en Las Bambas a convertirnos en el centro de irradiación de la economía global. Como si fuéramos dos países.
La firma del TPP, la realización en Lima de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del FMI, que convierte al Perú en la capital de la economía mundial y de la élite tecnocrática del planeta, y la entrega del diagnóstico de la OCDE sobre el Perú, son imágenes muy poderosas que nos recuerdan que el Perú se ha embarcado claramente en la carrera global y que no puede desmayar en las reformas que tiene que hacer para no perder el paso.
El Programa País con la OCDE, que busca incorporar las mejores prácticas en las políticas públicas destinadas a modernizar la institucionalidad estatal, los servicios públicos y los mercados laborales y de bienes, es, en la práctica, una suerte de acuerdo nacional implícito con el que los candidatos a la presidencia deberían familiarizarse para alimentar la voluntad política necesaria para sacar adelante las reformas básicas.
Algunas de ellas ayudarían a prevenir sucesos como los de Las Bambas, precisamente, que ponen de manifiesto la escasa capacidad de gestión del Estado y la ausencia del imperio de la ley. Pero lo que sería preocupante es que efectivamente tuviéramos dos países: uno embarcado en la modernización global, y otro que se opusiera a ella, como sugiere el hecho de que haya proyectos mineros por 22 mil millones de dólares paralizados por oposición político-social y trámites.
Es cierto que hay un pequeño núcleo antiminero autodenominado “posextractivista”, con tendencia aislacionista y que ha logrado influir en el aborto de varias inversiones importantes. Pero no parece, felizmente, haber tenido éxito en Las Bambas, donde lo predominante sería una demanda por no perder negocios y empleos, y por participar de los beneficios del proyecto [Demandas creadas e incentivadas como escudo de los posextractivistas] . En ese sentido, la reclamación es positiva si se orienta a generar capacidades productivas locales en la línea de lo que plantean Leopoldo Monzón de Proesmin y Carlos Paredes de Sierra Productiva. Pero para eso necesitamos un Estado profesional y eficiente, capaz de usar el canon para articular un proyecto de desarrollo integral que incluya a todos en las zonas mineras.
Ahora se discute si vamos a crecer este año 2,4% como piensa el FMI, 2,8% como cree el BM o 3% como afirma el MEF, cifras que, consuelo de tontos, se presentan como buenas en medio de la desaceleración colectiva producida por la caída del precio de los commodities. Pero lo que debemos preguntarnos es cuánto de esa desaceleración es hecha en casa o, mejor, cuánto estaríamos creciendo este año si estuviesen en marcha Conga, Galeno, Michiquillay, Río Blanco, Tía María y toda la cartera impedida por ideologías frívolas y errores de gestión, así como los US$ 12 mil millones de APP concesionadas que no logran comenzar debido a impedimentos burocráticos y nula gestión ministerial, o si la inversión pública este año hubiese crecido 10% en lugar de caer 15% solo porque cambiaron las autoridades y nuestros gobiernos subnacionales siguen siendo clientelistas, patrimonialistas y corruptos. Estaríamos creciendo 7%, por lo menos.
