Jorge Chamot
Enero 31, 2023
Para Lampadia

El ministro de Energía y Minas acaba de anunciar que, una vez más, se revivirá el gaseoducto del sur (a todos los peruanos nos cuesta alrededor de 40 millones de dólares al año mantener las tuberías y otros equipos que se encuentran ya hace tiempo semi abandonados y malográndose en el medio de la nada), por supuesto, con la consabida declaración de la masificación del gas y más bonos de regalo a la población que son simple gasto, no inversión, que en realidad perpetúan la distribución de pobreza y no generan riqueza.

La idea de un gaseoducto al sur, que ya figuraba en nuestras proyecciones para continuar el desarrollo de Camisea (llamémosla Camisea I) desde el año 2000, no es nueva.

Coincidencia, pero real, es que ya llevamos 20 años, y el sur del Perú no tiene gas natural que, como ya sabemos abunda en nuestra selva. Y la coincidencia está en que Camisea I se demoró también 20 años para concretarse después de varios fallidos intentos y el abandono del contrato por la Shell.

El gobierno en 1999 se dio cuenta que el clásico contrato de explotación de PERUPETRO bajo su esquema de desarrollo integral y el control de una sola empresa simplemente ya no funcionaba y se optó por un cambio radical que se tradujo en establecer nuevos objetivos claros, realizables, con el debido apoyo político y técnico y por último con un cronograma firme y creíble. Se le encargó a un comité de privatización de la COPRI, con esos nuevos objetivos, la realización de una serie de licitaciones internacionales que dejaban atrás al tradicional proyecto de gas natural que solo priorizaba el pago de regalías. Estos objetivos fueron:

• Reducir las tarifas eléctricas en todo el país al asegurar que el gas natural sería el combustible más barato para el kilovatio marginal de generación y aprovechar la integración de los sistemas eléctricos a uno solo a nivel nacional mediante la puesta en operación de la línea troncal de transmisión Mantaro-Socabaya. Más importante aún, sería que así aprovecharíamos en su verdadera extensión un recurso energético doméstico bajo un esquema de producción, transmisión y distribución modernos, que usa a la generación eléctrica como ancla del proyecto, como ya se hace en todas partes del mundo.
• La disminución agresiva y masiva de la balanza de pagos altamente onerosa por concepto de importación de combustibles de petróleo que cambiaría con la producción de líquidos en la planta de fraccionamiento en Pisco, que nuestros yacimientos contienen en inusual y alto porcentaje.
• La creación de una industria de gas natural que además de cambiar nuestra matriz energética aseguraba que el lote 88, que contiene más que suficiente cantidad para cubrir las necesidades locales, se mantuviera en todo caso para el uso del mismo en el país. Hasta el día de hoy se sigue reinyectando gas natural que se produce por no tener suficiente demanda local, así como para mantener la presión en el reservorio y maximizar de esa manera la producción de líquidos, que es la parte más rentable, ya que el gas natural para generación eléctrica tiene un precio regulado mediante fórmula contractual que garantice esa bajada de las tarifas eléctricas en todo el país, objetivo ya establecido en el primer punto.

Estos complicados contratos se negociaron durante meses, pero aseguraron los objetivos que se establecieron y que hasta el día de hoy y por muchos años más, ya han traído beneficios de miles de millones de dólares al país como ya se ha puntualizado en otros artículos de Lampadia.  

Me pregunto si el otrora proyectado gaseoducto del sur debería dejar de desarrollarse, como una simple concesión de transmisión de gas natural y más bien se debería convertir en parte de un Camisea II con contratos y negociaciones que garanticen la obtención de objetivos claros y particulares, como por ejemplo:

1. Asegurar mediante contratos previos que entrarían en vigor sólo al estar disponible el gas en el sur, tal como se hizo inicialmente el contrato de compra que se le hizo firmar a Electroperú para una planta generadora con gas natural, genérica e inexistente en el momento, que se le mostró a los participantes en la licitación de explotación del lote 88 asegurándoles una demanda mínima cuando el gas llegara a Lima. Estos contratos podrían firmarse con las plantas ya existentes de reserva fría en Matarani e Ilo, y quizá con la que hoy funciona a carbón, también en Ilo, que asegurarán nuevamente con fórmulas adecuadas su despacho de electricidad, eventualmente una se convertirá en ciclo combinado como ya pasó en Chilca con el gaseoducto de Camisea I. Electricidad que obviamente será requerida si se considera el crecimiento de la demanda por las necesidades de la minería existente en el trayecto a Ilo, donde además ya existe una refinería de cobre y la demanda que surgirá en las regiones de Arequipa, Moquegua, Cuzco y Tacna.
2. Dentro de un paquete integral que debería por lo menos estudiarse, la formación de consorcios adecuados que aten los diferentes matices de Camisea II que bien podría incluir la explotación de otro lote de la Gran Camisea dedicado al mercado a crearse al Sur. Los líquidos se pueden manejar a través de una ampliación de la planta de separación en Malvinas así como las modificaciones necesarias a las capacidades del poliducto y de la planta de fraccionamiento de Pisco.
3. Parte de un proyecto integral Camisea II, debería ser, por ejemplo y de una vez por todas, la construcción de una planta de urea de un millón de toneladas al año (todavía nos acordamos del chasco de las sucesivas licitaciones fallidas para su importación en el 2022). Dicho sea de paso, esta producción de urea sería aproximadamente por casualidad lo que importan Ecuador, Perú y Chile. Ello implica también una planta de amoniaco, que tendría que ser de capacidad a nivel mundial para tener adyacente a ella una de explosivos que nuestra futura ampliación de actividad minera pedirá a gritos. Y si de pensar en grande se trata, quien sabe, el potencial de esa planta de amoniaco para otros productos y convertirse también en materia prima para fertilizantes avanzados, como por ejemplo, al combinarse con los sulfatos de Bayóvar.
4. Camisea II, al incluir la explotación de otro lote en la gran Camisea, ya que las reservas de gas existen, abre un nuevo renglón de ingresos adicionales. El posible aumento en la producción de líquidos que estarían disponibles, no solo de gasolina natural, sino de GLP, nuevamente influirá en la balanza de pagos y, más urgente, cubrir el aumento de la demanda existente de GLP que ya nos obliga a importarlo otra vez porque la producción de Camisea I ya no es suficiente. El aumento de la demanda de gas natural y de GLP dentro del marco de los consorcios sugeridos estaría justificando ampliamente la explotación y construcción de instalaciones, entre ellas el gaseoducto del sur, y a lo mejor hasta una planta que segregue el etano, también en proporciones interesantes en nuestro gas, que abriría la posibilidad de otras industrias anexas.

Estas oportunidades y la serie de plantas a construirse, conjuntamente con la disponibilidad de electricidad y la futura explotación de Litio y Uranio de Puno, así como las condiciones geográficas del puerto de Ilo, indiscutiblemente lo convertirían en un verdadero polo de desarrollo.

No es soñar el pensar en un gran puerto, una ampliación de la refinería de cobre ya existente, la creación de una industria petroquímica y la de fabricación de productos intermedios y finales de cobre y otros, para darle valor agregado local a nuestros metales, y si sobra electricidad podríamos exportarla al norte de Chile, que la necesita y que la genera con muy caro LNG que importa de Trinidad y Tobago e Indonesia o Qatar.

Este es el momento de pensar en grande y tenemos tiempo para organizar esto, digamos un par de años. Hoy, en 2023, nadie vendrá a invertir para estos proyectos. Hemos perdido la narrativa internacional donde la izquierda publica y machaca, en coordinada campaña, los supuestos abusos de derechos humanos y el caos y el alegado abuso de las fuerzas del orden, que se defiende, cuando puede, con escudos y palos. No sé qué hace nuestro cuerpo diplomático, no veo que estemos contrarrestando esta campaña, sobre todo en Europa y los medios de comunicación internacionales, donde debemos exponer la verdad de los disturbios que están ocurriendo.

Mi propuesta:

1.- Establecer un Comité de Privatización Camisea II siguiendo el molde de independencia y apoyo que tuvo Camisea I para estudiar y proponer un nuevo esquema que asegure los objetivos y, de ser necesario, que inclusive sugiera modificaciones al marco legal para lograrlos.

2.- Poner a disposición del Comité Camisea II, todos los activos involucrados para incluirlos en el paquete de licitaciones, tanto materiales como las tuberías, como también las concesiones que han revertido al Estado y la información que hubiera para suministrarse gratuitamente a los interesados en los consorcios.

3.- Iniciar una campaña a través de PROINVERSION, de la envergadura e impacto que tendría Camisea II, aclarando que esto es Política de Estado, independiente del gobierno de turno. Se habla mucho del Sur del Perú, es hora de actuar en serio, o ¿PROINVERSION también está paralizada?.

Lampadia

Rafael Belaunde Llosa
Exministro de Energía y Minas
Para Lampadia

La actividad minera tiene fundamentalmente dos fases: extracción y procesamiento metalúrgico. La extracción genera desmontes, la metalurgia relaves. Adicionalmente se debe comprenderse que las actividades mineras se desarrollan en espacios geográficos diversos por lo que su incidencia en el entorno es diferente. 

El impacto ambiental de los desmontes mineros es distinto, dependiendo del ámbito geográfico dónde se producen.

En la costa por ejemplo la precipitación pluvial es mínima por lo que la dispersión de posibles contaminantes es igualmente muy reducida. En la sierra el efecto de la lluvia puede constituir un agravante, dependiendo del volumen del desmonte y de la cercanía del mismo a cursos de agua. En la selva, en cambio, el impacto de la extracción es principalmente la deforestación.

La gran minería a tajo abierto requiere el movimiento de grandes volúmenes de mineral por dólar recuperado; en la minería artesanal subterránea no, porque es una actividad muy selectiva. Una tonelada de mineral de tajo abierto puede contener 0.5% Cu, ley que es equivalente a US$ 35/TM, mientras que una tonelada extraída de una veta por la minería artesanal puede contener una onza de Oro, equivalente a US$ 1,800/TM.

En la etapa de recuperación metalúrgica la situación se invierte: la mediana y gran minería emplean procesos bien tecnificados y fácilmente fiscalizados mientras que la hidrometalurgia artesanal muchas veces se realiza sin las debidas precauciones.

Este problema ha resultado muy preocupante en nuestra selva.

Las diferencias anotadas justifican plenamente exigencias ambientales claramente diferenciadas, dependiendo de dónde se explotan los recursos y del volumen de los mismos, separadamente de los procesos metalúrgicos de recuperación. 

Extracción y procesamiento no constituyen un proceso continuo. 

Cientos de miles de ciudadanos pobres se dedican a la actividad minera artesanal en zonas del territorio donde no existen posibilidades laborales alternativas. 

De acuerdo a la Ley General de Minería, el Estado protege y promueve la minería artesanal y la pequeña minería. Sin embargo, los reglamentos no sólo han desvirtuado ese precepto, lo han contravenido.

La minería artesanal es aquella que extrae y procesa un máximo de 25 TM/día. Esta es la categoría a la que pertenecerían la mayoría de mineros informales, si los requisitos para la formalización fueran razonables.

Los llamados mineros informales, o son concesionarios artesanales que no pueden cumplir con los agobiantes requisitos legales, o son ilegales que explotan exiguos volúmenes en áreas concedidas a terceros (invadidas), o en áreas libres.

Se sugiere que la problemática artesanal sea encarada diferencialmente en función al ámbito geográfico y a la existencia o inexistencia de titularidad por parte del minero. 

Cambios propuestos a la ley y a sus reglamentos:

1.- Reducción de la concesión mínima, de una cuadrícula de 1,000 X 1,000 metros a la cuarta parte (500 X 500 metros), que sería una sub cuadrícula de la actual. Cada cuadrícula actual se desdoblaría en 4 sub cuadrículas: NO, NE, SO, y SE.

2.- Concomitantemente, elevación del Derecho de Vigencia a US$ 6/hectárea/año, excepto para las primeras 1,000 hectáreas que seguirían con el régimen de US$ 3/ha/año y constituirían límite máximo para la categoría. El costo del derecho de vigencia se irá incrementando anualmente, por cada año que la concesión este sin explorar o explotar.

En caso que la concesión este sin uso, sea exploración o explotación por 3 años o más, y a su vez tener un minero informal en ella, se deberá instar a las partes a celebrar acuerdos de operación. En caso estos no se logren, el valor de los derechos de vigencia se multiplicará por 3.

Estas normas desincentivarían el acaparamiento especulativo y liberarían áreas.
(Uno de los problemas actuales es la inexistencia de áreas libres donde ubicar informales).

3.- Simplificar y reducir los requisitos de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) haciéndolas compatibles con el insignificante impacto que una operación artesanal genera.  Las DIA en áreas desérticas deben ser mucho menos rígidas y engorrosas que para zonas agrícolas o selváticas. Un ejemplo de lo absurdo de la normativa actual es el siguiente: un minero artesanal no logra beneficio si la ley de cabeza es inferior a unos 18 gramos por tonelada, es decir unos US$ 1,000 brutos por TM, mientras que una operación como la de Toquepala extrae mineral de US$ 40/TM. Esto significa que la gran minería a cielo abierto impacta 25 veces más en el entorno que la minería artesanal, por cada dólar producido.

4.- El CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos) debería poder ser firmado por cualquier arqueólogo colegiado y tendría categoría de Declaración Jurada. Se sanciona a quien lo incumpla, no se le utiliza para extorsionar al usuario.

5.- Eliminar el COM o, en su defecto, disponer que sea documento suficiente para ejercer actividad minera a pequeña escala, eliminándose el permiso de inicio de actividades. Antiguamente, el título de la concesión otorgaba automáticamente las prerrogativas que hoy otorga el COM.  Otra traba es que el COM puede ser de exploración o de explotación, distingo absurdo para la problemática artesanal, pues en ese ámbito la exploración, el desarrollo y la explotación no son actividades diferenciables.

6.- Prohibir el uso de cianuro y de mercurio fuera de plantas autorizadas. Estas deben necesariamente con sistema de retorta para el mercurio y depósitos de relave impermeabilizados tanto para el cianuro como para el mercurio.

7.- Se instalarán plantas de procesamiento y/o se facilitará su instalación en lugares estratégicos para servir y fiscalizar a la minería artesanal, con usuarios y fuentes de operación previamente identificados. Así para desincentivara el uso de quimbaletes que, salvo para fines de gravimetría, debiera quedar proscrito en un plazo prefijado.

8.- Crear un parque minero artesanal donde ubicar a informales que carecen de concesiones.  Repetir el esquema en Puno (en torno a La Rinconada), en la zona de Chala y en las otras zonas de concentración de informales, en base a las áreas que reviertan al Estado como consecuencia del incremento de DV.

9.- Contemplar la posibilidad de crear un sistema de concesiones particular para el llano amazónico a efectos de reducir aún más el hectareaje mínimo, a 5 hectáreas, incrementando el DV a US$ 20/ha/año en la amazonia, debido a que el impacto minero en los depósitos aluviales en zonas profusamente vegetadas es muy superior al causado por las explotaciones subterráneas en zonas áridas y poco propicias para la agricultura, a efectos de crear un fondo para la reforestación.

10.- Flexibilizar la compra, el transporte, el almacenamiento y el uso de cantidades poco significativas de explosivos.  No se le puede exigir a un minero artesanal transportar cantidades insignificantes en convoyes custodiados.

11.– Adecuar las multas por incumplimiento de obligaciones burocráticas (DAC) a niveles no confiscatorios y fijar plazo razonable de prescripción (1 o 2 años) para los procesos de fiscalización.

12.- Crear Derechos Especiales sobre ciertos denuncios caducos a efectos de permitir que en ellos se permitan actividades mineras por parte de mineros sin concesión, previo empadronamiento, tal como se sugiere en 8.

Lampadia

Por: Miguel Palomino, Presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE).
La República, 24 de Enero del 2023

“La minería formal es una de las más importantes palancas para el desarrollo del Perú. Pero mientras más de la mitad de la población crea lo contrario, será difícil usarla…”.

Tratando de mantenerme a flote entre toda la desinformación que invade nuestra realidad, no deja de extrañarme la parte de esta que ni siquiera es ligeramente creíble, pero sigue existiendo. Es decir, lo que es palpablemente falso y no resiste, no digo ya el menor análisis, sino el mínimo contraste con la realidad. Por supuesto que siempre habrá quienes crean cosas increíbles, propias de sectas fanáticas o grupos similares (y están en su derecho), pero cuesta entender que una importante fracción de la población pueda creer en desinformaciones extremas.

Hay quienes explican que esto se inicia con una narrativa atractiva que no es falsa (por ejemplo, “yo no soy el culpable de lo que me está pasando”) y después, poco a poco, van tejiendo como parte de la narrativa “hechos” que tomados uno a uno conducen “lógicamente” a una conclusión equivocada (por ejemplo, “el Perú no progresa porque a los yanquis no les conviene”). Quizás así funcionen estas narrativas, pero hoy quiero referirme a otro tipo.

Hablo de aquellas narrativas que se van volviendo realidad a punta de repetición, aunque no resistan la prueba de la realidad. Existen porque se han vuelto tan comunes que forman parte de la discusión pública y nadie las cuestiona. Nadie pensaría que es fácil cuestionar un hecho que una parte importante de la población asume como verdad, pero a veces hay que hacerlo.

Quiero tomar como ejemplo (entre muchos otros) la percepción del bienestar que ocasionan, o no, las empresas mineras. En una reciente encuesta representativa a nivel nacional se preguntó cuál de las siguientes dos opciones mejor representaba la opinión de los encuestados: a) Las empresas mineras se llevan la riqueza de las regiones donde trabajan y no dejan nada a cambio, o b) Las empresas mineras traen desarrollo a las regiones del Perú donde trabajan.

Antes de examinar los resultados veamos si las opciones son correctas y no como otras encuestadoras que sesgan los resultados con la forma en que se pregunta. Aquí, ambas opciones son claras y no pretenden guiar las respuestas. La primera opción de que las mineras “se llevan la riqueza y no dejan nada” es la claramente opuesta a la segunda opción en que estas “traen desarrollo a la región”, no el mejor de los desarrollos, sino simplemente desarrollo.

Cualquier persona que piense seriamente en las dos opciones tendría que decir, por lo menos, que las mineras traen algo de desarrollo: dan empleos mucho mejor remunerados, parte de los cuales son locales y contratan también con empresas de la zona, pagan muchos impuestos y la mitad va a las provincias de la región, aseguran el suministro de servicios básicos de salud, educación, electricidad y agua por lo menos para parte de la población de la zona, crean o mejoran caminos, etc.

En otras palabras, se podría debatir qué más podrían hacer por la zona, pero es clarísimo que algo de desarrollo traen (y la conflictividad social es síntoma de esta negociación). En Apurímac, por ejemplo, desde que comenzó a operar Las Bambas hasta el 2021, los salarios reales acumularon un aumento de 24% versus el promedio nacional.

Sin embargo, el 54% de los encuestados optaron por la primera opción. Solo 36% optó por la segunda alternativa. En el ámbito rural (y sin olvidar que el 80% del Perú vive en zonas urbanas) el 69% eligió la primera opción y solo 20% por la segunda. Igualmente grave es que el 61% de jóvenes menores de 25 años escogió la primera opción.

La minería formal es una de las más importantes palancas para el desarrollo del Perú. Pero mientras más de la mitad de la población crea lo contrario, será difícil usarla. Esta es solo una de las grandes mentiras que se le ha hecho creer a la población y hasta que aprenda a rechazarlas y entender la realidad, seguirá siendo víctima de la desinformación.

Por: Luis Rivera
Gestión – Minería, 25 de Enero del 2023

Una situación de inestabilidad es poco propicia para las inversiones de alto riesgo y largo plazo como las mineras .

Si se analizan los diversos factores que tendrán un impacto en el desarrollo nacional, nos podemos quedar con la sensación de que hemos perdido como país una oportunidad histórica. A pesar de la diversificación productiva lograda en los últimos años, debemos reconocer que el Perú es un país minero. Y ser conscientes que el momento histórico de baja oferta, alta demanda y buenos precios por nuestros minerales parece que no se repetirá en el corto ni en el mediano plazo.

¿Qué pasará con la minería este 2023? El panorama está lleno de retos. A mediados de octubre, el Fondo Monetario Internacional ajustó la tasa de proyección de crecimiento de la economía global a 2.7% para el 2022; y añadió que, en 2023, se frenaría más de lo esperado, con un alto riesgo de recesión en las principales economías.

EE.UU., la Eurozona y China se desaceleran, mostrando cifras históricamente altas de inflación y de crecimientos mínimos, que generan menores precios de los metales, lo cual se traduce en menores ingresos en dólares para el Perú y menor crecimiento económico.

Si agregamos que la inversión privada, que es el otro motor de crecimiento de la economía nacional, será nula este 2022 y alcanzará magramente el 2% en 2023 (según el BCR), estamos frente a un contexto realmente complejo.

La minería sigue siendo la principal fuente de ingresos del país. Representa cerca del 10% del PBI y más del 20% del aporte al fisco nacional, constituyendo más del 60% de nuestras exportaciones totales. Además, asume un rol en la formalización laboral: genera más de 250 mil puestos de empleos directos y más de 1 millón de puestos de trabajo indirectos.

Esta actividad está condicionada en cierta medida a la situación de las grandes economías mencionadas. Ante menores precios de los metales, debemos procurar hacer más eficiente la gestión de los factores de producción que nuestro país impone.

Los desafíos locales:

Perú es el segundo productor mundial de cobre y figura en las primeras posiciones de varios rankings de producción de otros metales. A pesar de ello, a inicios de octubre, el Índice de Competitividad Minera del IIMP posicionó al Perú en el puesto 7 —por debajo de Chile, México y Colombia en la región—. Las causas serían la inacción de las autoridades ante varios conflictos sociales, las complejas condiciones regulatorias y la escasez de políticas públicas para fomentar la exploración minera, que ha caído en más del 40% en los últimos 4 años, según información del MINEM, y refleja una reducción real de nuevos proyectos mineros.

Una situación de inestabilidad es poco propicia para las inversiones de alto riesgo y largo plazo, como las mineras. Por ello, es necesario visibilizar y compartir con las nuevas autoridades locales y regionales una agenda de desarrollo, que ya la industria impulsa durante los últimos años, a través de sus gremios. Además, sumar y replicar los modelos exitosos ejecutados en entornos mineros (en educación, salud, infraestructura, entre otros) que han traído bienestar real a las poblaciones.

La conflictividad social requiere de un franco acercamiento entre las comunidades, sus líderes y las autoridades competentes y responsables de la ejecución de la inversión pública. El resguardo de las necesidades ciudadanas debe darse también dentro el marco irrestricto de la ley, con el respeto al orden público y a la propiedad privada.

Un ejemplo de simbiosis colaborativa entre minería y comunidad es la existencia de las empresas comunales, que dan servicios a empresas mineras, donde se hace realidad el famoso concepto instalado en la industria de ganar – ganar.

El fomento del empleo, de la creación de empresas comunales y de ciclos económicos en los entornos mineros debe partir de políticas nacionales, que no solo atiendan las necesidades de la población con una mirada asistencialista, sino que deban tener una mirada amplia del desarrollo.

La minería hace una gestión eficiente del recurso hídrico y apenas toma poco más del 1% de toda la oferta hídrica nacional. Esa buena práctica puede ser compartida y socializada para que el Estado pueda gestar proyectos conjuntos que mejoren la conservación y administración de este recurso vital para los peruanos.

Muchas operaciones mineras vienen apostando por la innovación y utilizan más tecnologías para un mejor desarrollo operativo y la gestión de recursos naturales y de los impactos propios de la actividad. Esta será una práctica constante. Operar las minas remotamente, reducir la huella de carbono en operaciones, la automatización y digitalización de los procesos genera conocimiento que está transformando escuelas, institutos y universidades; que se transfiere a los estudiantes y a los ciudadanos del futuro.

No son pocos los desafíos, pero tampoco lo es nuestra capacidad de aportar soluciones y generar desarrollo. El crecimiento de la inversión minera, y con ello del Perú, depende ahora de la confianza y el diálogo que se genere entre todos: empresa, comunidad, sociedad civil y Estado.

Jaime de Althaus
Para Lampadia

La revuelta que sufre el país tiene componentes identitarios y políticos que han sido ampliamente señalados, pero su magnitud es también directamente proporcional al crecimiento de las economías ilegales e informales que Castillo facilitó, asociadas de una u otra manera a las izquierdas radicales, particularmente al Fenate-Movadef.

Según Elmer Cuba, de Macroconsult, el 2012 la minería ilegal o informal de oro representaba casi un 30% del total de la minería aurífera. De modo que, si el 2021 exportamos por valor de 10 mil millones de dólares en oro, la minería no formal captó 3,000 millones. Pero ese porcentaje debe haber subido, porque con los buenos precios del oro la minería informal e ilegal ha crecido. Es un negocio muy grande, que en cierta medida llegó al poder con Castillo.

En efecto, fuentes bien informadas, vinculadas a una importante asociación de mineros, nos aseguran que para segunda vuelta electoral las plantas procesadoras de oro aportaron dinero para la campaña de Castillo.[1] Y son algunas de esas plantas las que aportan ahora a las movilizaciones, porque son ellas el eje de la minería informal e ilegal que tuvo luz verde durante los últimos 18 meses.

Las plantas procesadoras son las grandes impulsoras de la minería no formal. La financian y le compran. “Las plantas procesadoras financian las labores de mineros artesanales y hasta la pequeña minería, mediante el procedimiento del avío (provisión de recursos económicos para dotar de un capital inicial y sostenimiento de la producción) con el compromiso de venta futura del mineral extraído, es decir, una forma de enganche”[2].

No es la única vinculación con Castillo. Como se explica en el libro “La minería no formal en el Perú”,[3] en las regiones La Libertad, Cajamarca y Piura es intensa la oposición de las rondas campesinas a las empresas mineras formales.

“Una hipótesis a corroborar es que algunos ronderos o sus familias forman parte de la actividad minera informal”.[4] En Piura las rondas y los frentes de defensa conviven con la minería no formal y otras economías ilegales, como el narcotráfico. En Puno, “el narcotráfico, el contrabando, y la comercialización y producción de oro ilegal comparten los mismos escenarios complejos y, posiblemente, los mismos canales logísticos para traficar sus productos”.[5]

No es de extrañar que las regiones más virulentas y auto paralizadas contra la salida de Castillo sean Madre de Dios y Puno: son aquellas en las que la producción de oro informal o ilegal es mayor de lejos, como podemos ver en el siguiente cuadro del mismo libro arriba citado:

Con el incremento de los precios del oro y cobre en los últimos años, la minería no formal ha crecido mucho. Incluso hay comunidades campesinas que deciden convertirse en comunidades mineras y entran eventualmente en conflicto con la gran y mediana minería formal. Al final, el propio desarrollo de la inversión minera formal grande o mediana puede entrar en cuestión.

La insurrección en marcha es, entre otras cosas, una demostración del poder de las economías ilegales en el Perú. Entonces estamos ante un verdadero desafío nacional. El Estado tiene que ofrecer un plan de formalización realista y viable, distinto a lo que ha hecho en la última década que ha fracasado completamente.

Apenas hay algo más de 5 mil mineros formalizados. Esa solución debe comprender una simplificación de los requisitos ambientales y de todo tipo que se exigen e incentivos para que las concesiones formales firmen contratos de explotación con los artesanales junto a un plan de asistencia técnica efectivo, la reducción del tamaño de las concesiones, el retiro de la concesión a quien no la trabaja luego de cierto tiempo, y la reubicación de mineros informales en concesiones vencidas o aun no otorgadas.

El gobierno debería convocar a las organizaciones de mineros informales para hacerles un planteamiento y discutir con ellas las propuestas. Es urgente y al mismo tiempo de enorme importancia para el futuro del país. Lampadia

[1] Asociación Nacional de Plantas de Beneficio (ANPLABEN)

[2] LA MINERÍA NO FORMAL EN EL PERU, por RICARDO VALDÉS, CARLOS BASOMBRÍO Y DANTE VERA, Fundación Konrad Adenauer (KAS), 2019

[3] Op. Cit

[4] Idem

[5] Idem

Por: Daniela Door, Gerente de Alternativos y Análisis de Prima AFP
Gestión, 24 de Enero del 2023

“Necesitamos a una minería responsable y sostenible que nos permita aprovechar la oportunidad que nos brinda la transición energética”.

La transición energética implica un cambio en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo las energías renovables cruciales para lograr este objetivo. En la última década se ha observado un incremento importante en la generación de energía renovable, alcanzando casi el 30% de la generación de energía a nivel global. Sin embargo, este ritmo de crecimiento es insuficiente si queremos alcanzar las metas globales de emisiones al 2050 que, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, implican una participación de la generación renovable del 60% para el 2030.

En esta línea, China tiene como objetivo que el 33% de la generación de electricidad provenga de energías renovables para el 2025. Mientras que Estados Unidos aprobó la Ley de Reducción de la Inflación, que amplía el apoyo a las energías renovables en los próximos 10 años. Por su parte, la Unión Europea ha incrementado su objetivo con el Plan REPowerEU en respuesta a la crisis energética resultante de la invasión rusa en Ucrania. En general, existen compromisos de emisiones netas cero al 2050 de aproximadamente el 85% de las emisiones mundiales.

Esta transición hacia energías renovables implica diversos retos financieros, tecnológicos, sociales, geopolíticos y de abastecimiento. En particular, la participación de los minerales en esta tarea es clave en un mundo que cambia a fuentes renovables de energía y redes eléctricas. Por ejemplo, las redes eléctricas necesitan una gran cantidad de cobre y aluminio, siendo el cobre un elemento que juega un papel clave con respecto a la infraestructura renovable y los vehículos eléctricos (cuyos motores usan 3 veces más cobre que los vehículos tradicionales). Mientras que el zine lo hace en la galvanización del acero, las baterías y la infraestructura.

Esta transición representa una gran oportunidad para el Perú, dada la relevancia y potencial que tiene en la producción de minerales. Justamente ocupamos el segundo lugar a nivel mundial de producción de cobre y zinc (a nivel de reservas, somos terceros en cobre y quintos en zinc). Sin embargo, según las proyecciones del Banco Central de Reserva y el Ministerio de Energía y Minas, se espera una caída de la inversión minera de 16% para el 2023 y 9% para el 2024 y con la mayoría de los proyectos en cartera en pausa debido la crisis politica y social.

Los problemas estructurales que debemos solucionar como pais son diversos (gobernanza, desigualdad, educación, salud, etc.), pero dificilmente los podremos solucionar si no logramos mantener un crecimiento económico sostenido, con generación de empleo formal.

En este contexto, la inversión privada y la minería juegan un rol importante. Necesitamos a una minería responsable y sostenible que nos permita aprovechar como país la oportunidad que nos brinda la transición energética.

Las opiniones vertidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad del autor.

Por: Guillermo Shinno
Perú21, 23 de Enero del 2023

“La realidad es que la política entra a tallar y, en el mejor de los casos, las obras se hacen para obtener votos en las próximas elecciones”.

El reclamo durante las protestas, más allá de los actores políticos involucrados, tiene una estrecha relación con la ausencia de desarrollo en las provincias y pueblos alejados de la capital. Este justo reclamo es una constante en el sector minero, acostumbrado a que se le atribuya la responsabilidad de la falta de infraestructura y servicios básicos en las localidades vecinas a los proyectos extractivos.

Urge una explicación porque nos puede dar luces de lo que viene fallando en el Estado para resolver los principales problemas de la población. Tomemos el caso de la región sur, epicentro de las movilizaciones actuales. Según el Minem, los gobiernos regionales y locales de esta Macrorregión recibieron más de S/5,110 millones entre enero y diciembre de 2022. Esta cifra comprende el tan ansiado canon minero, regalías mineras legales y contractuales y el derecho de vigencia y penalidad: impuestos que paga la minería en el Perú y que son de los más altos de Latinoamérica.

El dinero procedente del canon va directamente a los gobiernos subnacionales y debe destinarse a la ejecución de obras públicas en beneficio de la población. En teoría, de aquí deberían construirse carreteras a los sectores más alejados, erigirse centros de salud y mejorar las escuelas. La realidad es que la política entra a tallar y, en el mejor de los casos, las obras se hacen para obtener votos en las próximas elecciones. Por ende, no llegan a las zonas más vulnerables. Entonces, para algunos pobladores, la compañía minera tiene la culpa.

Ahora analicemos el rol del Ejecutivo. Por ejemplo, en la provincia de Parinacochas en Ayacucho, se ha decretado emergencia por déficit hídrico, pero no existe ninguna acción concreta. Hace más de 30 años que se habla de la construcción de la represa de Ancascocha, de la cual no hay noticias. La situación es similar con otros proyectos y el gobierno regional señala como principal responsable al gobierno central. Pero algunos dirigentes vuelven a culpar a la empresa minera cuando, claramente, es la administración pública en todos sus niveles la que no invierte los recursos.

Los conflictos sociales no solo ocasionarán pérdidas en las arcas del Estado. También van a empeorar la visión que tienen los inversores extranjeros sobre el Perú, la cual ya estaba bastante debilitada.

Si bien la solución pasa por el diálogo, es imperativo que todos los peruanos conozcan cómo funciona el aparato estatal, el cual debe ejecutar sus presupuestos pensando en el bienestar social y no en el rédito político.

Jorge Chamot
Enero 18, 2023
Para Lampadia

En una presentación que hice en un evento internacional, hablando de las reservas polimetálicas del Perú dije “Creo que lo único que no tenemos en el Perú es uranio”. Bueno, me equivoqué, también tenemos uranio en el Perú.

Como ya sugerí en mi artículo anterior, se debe establecer una política clara para explotar el uranio que tenemos en Puno, que dicho sea de paso, es la misma región donde se han encontrado los yacimientos de litio.  Este descubrimiento figura en las noticias internacionales desde hace mucho tiempo, inclusive se reportó unas declaraciones del presidente en funciones en 2018 asegurando que antes de terminar ese mismo año toda la reglamentación y el marco legal necesarios para la explotación del uranio  estarían listos. Que no nos sorprenda, no lo están.

El uranio pasó de moda a raíz de los ataques de Hollywood a la generación de energía nuclear y del desastre de Chernóbil en 1986 (fue más una serie de errores del Sr. Gorbachev de la antigua Unión Soviética al ignorar la oportuna opinión de los técnicos); estos hicieron que la energía nuclear fuera vista con terror.

Fukushima en el 2011 no ayudó, a pesar que el accidente fue originado por un Tsunami que no tuvo nada que ver con la energía nuclear.

Finalmente Alemania, por motivos de política interna, (apaciguar a los ambientalistas) ha eliminado la energía nuclear como una fuente energética en el futuro, dando lugar a que los precios del uranio hayan estado deprimidos por un cierto tiempo.

Para aclarar de manera definitiva los efectos de la radiación nuclear y pérdida de vidas humanas originada por accidentes de generación con este combustible, debemos puntualizar que en el caso de Chernóbil, Ucrania, la tragedia se originó porque no se siguieron los controles técnicos establecidos, ni las recomendaciones científicas; estas fueron sucesivamente ignoradas por las autoridades políticas soviéticas más preocupadas por su imagen mundial que por las vidas humanas. Los únicos dos accidentes de importancia en el resto del mundo no originaron ninguna víctima directa.

El caso de Fukushima en el Japón, como mencioné en el párrafo anterior, fue originado por un tsunami y hasta el día de hoy los controles de seguridad siguen funcionando.

En el caso de la planta Three Mile Island en Pensilvania, EEUU, en 1979, todos los controles de seguridad funcionaron y el accidente sólo quedó en una alerta controlada.

Igual ha pasado en fallas de funcionamiento de ciertos equipos e instalaciones menores en diversas partes del mundo, en su mayoría en las etapas iniciales de experimentación, pero ninguno con consecuencias fatales.

Sin embargo, los efectos de la dependencia de Alemania y de Europa entera del gas natural de Rusia ha cambiado todo el panorama. Nuevamente se habla de energía nuclear; ya está siendo considerada hasta por los ambientalistas, y en adición a los países ya mencionados, EEUU está dedicando considerables sumas de dinero a mejorar las plantas atómicas existentes y estimular el desarrollo de reactores avanzados. China ha incluido en sus planes ya aprobados la construcción de 159 plantas nucleares en los próximos 10 años y la India también se ha embarcado en la construcción de plantas nucleares. Japón y Alemania están próximos a formalizar un cambio en la dirección de su orientación hacia la energía nuclear.

El desarrollo de la energía nuclear toma tiempo, ingentes cantidades de inversión, liderazgo político, alta capacitación, infraestructura especial, etc.  Pero es evidente que la energía nuclear está de regreso y será un pilar de la matriz energética futura.  La razón es muy sencilla, es la energía más barata, confiable, segura, limpia y una vez que sus instalaciones se ponen en funcionamiento sólo hay que solucionar el problema del desecho del combustible nuclear al final de su vida útil (inclusive podría ser lanzado al espacio si no se consiguieran grandes depósitos permanentes adicionales al de Yucca Mountain, Nevada, EEUU). Por todo esto se espera que la demanda de uranio aumente considerablemente.

Nosotros tenemos Uranio en cantidades bastante respetables y de calidad casi insuperable y por si fuera poco, seríamos los únicos con uranio en Latinoamérica. Argentina, la mayor generadora de energía nuclear en Latinoamérica (desde 1974), que tiene una variada experiencia de muchos años en esta actividad, importa el uranio de Kazakstán y Canadá, de modo que si quisiéramos tendríamos un mercado potencial a la vuelta de la esquina. Brazil y México tienen plantas y otros países solo tienen laboratorios o centros de investigación.

Mi propuesta:                                                                   

• Declarar de interés nacional el desarrollo y explotación de los yacimientos de uranio de Puno y asegurar la ejecución del proyecto, apoyando a las empresas involucradas y facilitando su puesta en valor.
• Encargar a nuestro representante en la Agencia Internacional de Energía Nuclear en Viena, Austria (IAEA) que consiga todo el apoyo disponible. Somos socios fundadores de la institución desde la década de los 50. Es hora que esto sirva de manera efectiva.
• Repotenciar el Instituto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), perteneciente a Energía y Minas, para su nueva labor ya que tendrá que involucrarse indefectiblemente en el proyecto desde el principio, preparando personal y asesorando en la formulación de normas y adopción de procedimientos.
• Dentro del marco existente de integración, solicitar a la Argentina, por ser el único país en Latinoamérica con amplia experiencia relacionada al uso y manejo de Uranio, el apoyo necesario con los acuerdos de colaboración entre las instituciones pertinentes, incluyendo la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEA),

Pero, seamos realistas, las oportunidades hay que afrontarlas con decisión y aprovecharlas en su momento oportuno. Al escribir este artículo estamos viviendo una situación de inestabilidad en la región Sur del país y específicamente en Puno donde se encuentran los yacimientos ya descubiertos de uranio y litio, que evidentemente no es favorable, menos aún para atraer el tipo de inversión necesaria para desarrollarlos. Para ello necesitamos empresas privadas con espalda financiera y experiencia que hoy no existen en el Perú. Por otro lado, el daño infligido a nuestra reputación como destino estable y seguro para las inversiones extranjeras, sobre todo mineras, ya está hecho.

Para revertir esa situación en el Sur, las decisiones políticas que deben tomarse, tendrán que ser muy claras. Las turbas enardecidas y manipuladas por el terrorismo, narcotráfico, contrabando y minería ilegal, tienen que ser controladas con firmeza, reestablecer el orden y el estricto cumplimiento de la ley. La promoción para traer inversiones tendrá que hacerse cuando se den las condiciones adecuadas.

Por lo tanto, pensando en el futuro, se debería poner en marcha desde ahora lo que bien puede ser un polo de desarrollo en áreas de extrema pobreza pero con inmensas posibilidades de riqueza. La inversión privada vendrá, trayendo modelos de explotación minera modernos, que respetan el medio ambiente y llegan a acuerdos con comunidades aledañas, con mayor razón en el caso de metales de indiscutible futuro en cuanto a demanda y precios se refiere, pero solo cuando el marco del imperio de la ley sea evidente. Ello generará ingresos considerables para Puno, un departamento con grandes carencias. Lampadia

Carlos E. Gálvez Pinillos
Publicado en la revista especializada Todo Minería
2 de enero, 2023 

El potencial geológico peruano y el portafolio de proyectos mineros disponible para su ejecución, son un activo indiscutible de nuestro país. No obstante, por distintas razones, entre las que destaca la conflictividad social, no hemos sido capaces de avanzar en su ejecución a la velocidad que merecemos.

Entre las causas principales tenemos:

• Una situación política inestable, con una sucesión de gobiernos mal elegidos.
• Por lo anterior, inestabilidad en las políticas de gobierno.
• Cambios en la burocracia sin respetar la meritocracia, incorporando a gente no calificada.
• Demora inaceptable en el otorgamiento de permisos y mayores trámites.
• Protestas sociales por falta de solución a necesidades básicas regionales.

Nuestro querido país tiene todas las condiciones para crecer y despuntarse del resto del mundo en muchos sectores económicos, pero particularmente en el sector minero, donde nuestra gente es capaz de competir con los mejores del mundo en su categoría, pero no los han dejado actuar.

Tal como hemos planteado tantas veces, el Perú merece contar con un plan estratégico, que nos permita identificar:

• Qué país queremos ser.
• Qué tan pronto lo queremos lograr.
• Qué fortalezas vamos a utilizar.
• Qué debilidades vamos a minimizar.
• Qué amenazas vamos a controlar y resolver.

Lamentablemente, ninguno de los gobiernos recientes ha sido capaz de proponer y debatir estos asuntos, para que sean nuestra guía hacia el futuro.

No tengo la menor duda que todos los peruanos queremos vivir felices y unidos, en prosperidad y generando oportunidades a futuro para nuestras siguientes generaciones. Eso lo podremos lograr, si todos compartimos la misma visión y trabajamos juntos para conseguirlo.

Nuestro país tiene condiciones básicas para prosperar en varios sectores económicos, pero es indispensable que tomemos consciencia de tales potencialidades, de modo tal, que no se desarrollen esfuerzos contrarios al logro de nuestros objetivos y maximicemos los beneficios, especialmente cooperando unos sectores con otros, para acelerar el desarrollo y minimizar sus costos.

La agricultura, la pesca, el turismo, la minería y la industria, tienen un gran potencial de desarrollo, pero todas requieren de paz social y de apoyo intersectorial para el logro de nuestros objetivos. Tengamos en cuenta que, estos sectores, pilares básicos de nuestra economía, generan oportunidades de mercado para muchísimas actividades de servicios, construcción de infraestructura, que al final derivan en la mejora de los índices de desarrollo humano de nuestros ciudadanos y su nivel de satisfacción, poniendo al ser humano en el centro de nuestra estrategia.

Lo antes descrito, debe ejecutarse empezando por la mejora en los servicios de salud, educación y mejora generalizada de las facilidades de agua y desagüe en todos los pueblos del país. El Perú, gracias a la incapacidad de los gobiernos pasados, ha acumulado recursos que estaban presupuestados para ser dedicados a esa inversión y no lo hicieron, por eso el malestar de nuestros ciudadanos y su protesta contra el sistema, no porque nuestra Constitución y leyes no sean las adecuadas, sino por una profunda incapacidad de los gobernantes y altísimo nivel de corrupción. Veamos nomás al gobierno de Castillo y sus consecuencias.

Hoy, recién concluyendo el año escolar, este gobierno de transición cuenta con tres meses para mejorar la infraestructura educativa y brindar a los alumnos, a partir de abril, mejores colegios con aulas decentes, con baños. Entrega de tablets con internet a los alumnos y por esta vía, actualizar por la vía virtual los textos escolares con la información correcta y despolitizada que hoy contienen, iniciando también un programa de construcción de colegios, tarea que no se ha ejecutado masivamente desde hace 25 años. Otro tanto ocurre con postas médicas y hospitales para los distintos pueblos del país.

Evidentemente, la pésima regionalización en que nos embarcó el gobierno de Toledo, ha impedido, a base de corrupción y politiquería barata, la ejecución de las obras mencionadas. Obviamente, la regionalización no se puede cambiar de la noche a la mañana, pero las competencias para el desarrollo y construcción de esa infraestructura, si puede ser transferida al gobierno central, cambiando radicalmente la modalidad de ejecución y siguiendo la experiencia trazada en la Reconstrucción con Cambios.

Solo mostrando a nuestros ciudadanos, con hechos concretos, que el Perú está genuinamente interesado en ellos, sentirán lo que nuestra Constitución de 1993, en su Artículo I, dice que “La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, lo creerán y defenderán.

Hagamos votos porque, la reincorporación de los técnicos a nuestra burocracia, permita destrabar el proyecto de ampliación de Toromocho, que el involucramiento del Estado y su gestión social, permita que Las Bambas pueda progresar con su segundo tajo y logre operar sin más interrupciones y a plena capacidad, que  con la ejecución de obras de infraestructura, permita generar las expectativas positivas para avanzar con proyectos como San Gabriel, hacer que la puesta en orden en la provincia de Espinar, permita avanzar con Ccoroccohuayco, que el Estado, junto con el sector empresarial, “nos compremos el pleito” para desarrollar el proyecto Tía María cuanto antes. Sólo así podremos convencer a la comunidad inversionista de efectuar más exploraciones mineras, avanzar el proyecto de Yanacocha sulfuros, progresar con Galeno, Michiquillay, La Granja, Zafranal, Pampa del Pongo, entre otros. Promover la inversión en un par de refinerías de cobre y construir los ferrocarriles que haría falta para atender todo nuestro desarrollo económico descentralizado.

Nos merecemos la oportunidad de retomar nuestro crecimiento, sin conflictos sociales, e incorporando a todos nuestros ciudadanos en el esfuerzo y beneficio de todos estos proyectos. Lampadia

Entrevista a Rómulo Mucho
Por Mayra Calderón Cornejo
Perú21, 21 de Diciembre del 2022

El ingeniero y exviceministro de Minas explica que la minería ilegal está en toda el país y que “es la economía subterránea más fuerte”.

Rómulo Mucho es ingeniero de minas, catedrático y político. Se desempeñó también como viceministro de Energía y Minas. Desde entonces, ha visto cómo la minería ilegal ha crecido de forma vertiginosa. Esa misma actividad que hoy tiene presencia en las protestas al interior del país.

¿Cuál es el estado de la minería ilegal?

En el año 2000 la minería informal no era muy grande, era una actividad que la ejercían 10 mil a 20 mil personas. El número fue aumentando por la subida del precio del oro. Hoy tenemos casi medio millón de peruanos que se dedican a eso. En esa época (gobierno de Alejandro Toledo) trabajamos por una ley de formalización de minería artesanal: la ley 27561, pero lamentablemente esta no funcionó porque nunca el Estado dispuso de recursos y crearon los gobiernos regionales. Hoy los mineros informales, que en realidad quieren trabajar conforme a ley, hace poco han presentado mediante la Comisión de Energía y Minas el proyecto de ley 3634, en el que se recoge todas las preocupaciones para poder formalizarse. Está en consulta aún y lo tienen todas las instituciones para que emitan una opinión.

¿Qué interés tendría la minería ilegal en el bloqueo de Chala-Arequipa?

Creo que los mineros que han estado en la zona de Chala y Calpa quieren formalizarse. Pero ha habido un elemento externo en la siembra de odio del gobierno de Castillo, en el que echaba la culpa al Congreso. Ha sido una campaña de polarización y de odio que ha hecho el expresidente. Este es el efecto que estamos viendo. Muchos mineros de esa zona y de otras zonas han sido engañados. Porque ninguna asociación del sector se ha mostrado a favor a estos actos vandálicos a tal extremo de paralizar el libre tránsito lo cual está penado por la ley.

¿Cuánto dinero mueve la minería ilegal?

Es verdad que una parte de la minería ilegal ha estado participando en estas tomas violentas que se han sumado a otros males sociales. Chala se volvió uno de los últimos bastiones para defender a Castillo. Este es un plan premeditado, esta economía subterránea es la más fuerte, antes de ella fue el narcotráfico. Hay estudios que indican que la minería informal mueve 40 toneladas de oro eso suma casi 3 mil millones de dólares. Habría que investigar quiénes han azuzado y cómo han financiado.

¿Cuánto es el daño que causa la minería ilegal y en qué regiones está?

Antes la minería ilegal estaba en Chala, Caravelí, Apurímac y Puno, pero hoy está en todo el Perú, en toda la costa: Lima, Áncash, Huarmey, La Libertad, Piura, etc. El daño que causa es realmente grande porque evaden impuestos por el oro que sacan y venden en otro país. Puede traer delitos de trata de personas y explotación infantil. La minería informal entra a concesiones ajenas, en algunos casos a reservas naturales. Los ministerios ni siquiera tienen esta data actualizada. El Estado puede solucionar todo esto formalizándolos.

En representación de la SNMPE, Carlos Gálvez expuso en Alemania sobre las oportunidades que tiene el Perú para dar al país germano un abastecimiento más estable de materias primas. 

Carlos Gálvez P.
Expresidente de la SNMPE
Desde Adentro
Revista de la sociedad nacional de minería, petróleo y energía
Miércoles 30 de noviembre de 2022

Alemania es uno de los países de referencia cuando se habla de industria y tecnología de punta. Para ello, depende de un abastecimiento continuo de materias primas y en los últimos tiempos se ha lanzado a una iniciativa de diversificar sus socios estratégicos, para con ello garantizar un suministro más estable de ellas.

En ese contexto, la Asociación de la Industria de Ingeniería Mecánica (VDMA, por sus siglas en alemán), una de las principales asociaciones industriales de Alemania y de Europa, organizó el pasado 17 de noviembre la asamblea Branchentreff, cuyo tema central fue el abastecimiento de materias primas para la nación germana.

En dicha institución, que cuenta con 3,500 empresas industriales asociadas en Europa, perciben con preocupación la inestabilidad e inseguridad en el abastecimiento de materias primas, especialmente del cobre, evidenciando poca confiabilidad del suministro, a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania, y la dependencia de otros países, como China. Ciertamente, consideran que su industria no puede estar expuesta a esa volatilidad y disponibilidad limitada.

Ante ello, la VDMA enfatiza en la necesidad de consolidar alianzas que permitan el aseguramiento de este suministro y consideran al Perú como un socio idóneo. Precisamente, en representación de la SNMPE, Carlos Gálvez, intervino en la asamblea para dar a conocer la propuesta del sector minero peruano. En específico, habló sobre la oportunidad que significaría para ambos países la instalación de refinerías y fábricas de bienes intermedios a base de cobre, con capitales alemanes.

“La propuesta se centra en cómo ellos podrían abastecerse de cobre, con la posibilidad de refinarlo y, además, generar una industria de productos intermedios y componentes que ellos pudiesen llevarse al exterior, llevárselos a Alemania, en concreto”, explicó en conversación con Desde Adentro.

Ventajas para Alemania y el Perú

Al Perú, evidentemente, se le presenta también una gran oportunidad. Actualmente, menos del 20% de cobre se refina en el país, en la refinería de Ilo (Moquegua), perteneciente a Southern Perú. El resto se exporta como concentrado, lo que implica cuadruplicar el costo en fletes por tonelada de cobre. Cabe indicar que también existe una ventaja comparativa para producir refinados en términos de menor precio relativo de la energía en el Perú respecto de Alemania. 

“Ellos no tienen que esperar nuevos proyectos mineros, para nada. En estos momentos nosotros estamos en capacidad de producir de 2.3 a 2.5 millones de toneladas de cobre fino al año. Tienes 2 millones de toneladas de cobre para refinar en el Perú. Con sólo el ahorro en fletes, estas nuevas refinerías con tecnología de última generación, pueden ofrecer términos atractivos a Las Bambas, Quellaveco, Mina Justa y Cerro Verde, por ejemplo, para comprarles su concentrado”, señaló.

Hasta el 2020, Alemania era el tercer mayor comprador de cobre refinado del mundo. Gálvez propuso que proyectos de refinerías y fábricas de conductores de cobre —a partir de inversiones alemanas— deberían ser perfectamente viables en el país. De esta forma, lograríamos transferencia tecnológica y encadenamiento productivo para fabricar, además, algunos componentes de cobre para la industria alemana en el Perú.

“Podrían incluso llegar hasta los bobinados de los motores eléctricos, que será el futuro. Así ellos podrán dedicarse [en Alemania] a la fabricación de los productos finales, sea de la industria electro móvil o de la que fuere”, señaló. Lampadia

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía
Expreso, 1 de Diciembre del 2022

La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) informó que la participación del sector minero energético peruano en la inversión privada total del Perú, entre los años 2011 y 2021, constituyó el 22%.

El presidente del gremio empresarial, Raúl Jacob, explicó que por cada 100 soles que se invierte en el Perú, 22 soles provienen de la industria mine- ro energética.

Sin embargo, advirtió que, a causa del impacto negativo de la inestabilidad política y social que tenemos en el país, se es- pera una caída de las inversiones mineras el próximo año de alrededor de 2,000 millones de dólares.

“Desde el 2016, año en que se inició un periodo de inestabilidad política en el país, se viene agravando el clima de inversiones. El crecimiento de las inversiones mineras en los últimos años se debió, básicamente, a dos proyectos de gran envergadura, como lo son Mina Justa y Quellaveco. Terminados estos proyectos se han apagado los motores de crecimiento minero, esperándose una reducción del mismo en los próximos años”, manifestó.

Esta crisis política -remarcó- también ha afectado a los sectores de hidrocarburos y eléctricos, que ven sus inversiones estancadas desde hace varios años.

“Actualmente contamos con una operación en el Perú con camiones no tripulados, manejados de manera remota, así como con empresas que han introducido inteligencia artificial en sus procesos”, dice Jacob.

ESTADO DEJÓ DE RECAUDAR S/800 MILLONES EN IMPUESTOS

Hasta noviembre se registraron más de 200 conflictos sociales, los cuales provocaron pérdidas en importaciones mineras e impuestos. Sector minero perdió mil millones de dólares en exportaciones. Según el último reporte de la Defensoría del Pueblo, a noviembre de este año hubo 218 conflictos sociales, esto impidió la recaudación de S/800 millones en impuestos, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

“Estamos muy preocupados al ver que la conflictividad social no se reduce y que se demoran (las autoridades) en reaccionar. Tenemos nuevo gabinete y esperamos que ayuden a encontrar una solución para resolver los problemas de forma pacifica”, resaltó.