Por: Luis Rivera
Gestión – Minería, 25 de Enero del 2023
Una situación de inestabilidad es poco propicia para las inversiones de alto riesgo y largo plazo como las mineras .
Si se analizan los diversos factores que tendrán un impacto en el desarrollo nacional, nos podemos quedar con la sensación de que hemos perdido como país una oportunidad histórica. A pesar de la diversificación productiva lograda en los últimos años, debemos reconocer que el Perú es un país minero. Y ser conscientes que el momento histórico de baja oferta, alta demanda y buenos precios por nuestros minerales parece que no se repetirá en el corto ni en el mediano plazo.
¿Qué pasará con la minería este 2023? El panorama está lleno de retos. A mediados de octubre, el Fondo Monetario Internacional ajustó la tasa de proyección de crecimiento de la economía global a 2.7% para el 2022; y añadió que, en 2023, se frenaría más de lo esperado, con un alto riesgo de recesión en las principales economías.
EE.UU., la Eurozona y China se desaceleran, mostrando cifras históricamente altas de inflación y de crecimientos mínimos, que generan menores precios de los metales, lo cual se traduce en menores ingresos en dólares para el Perú y menor crecimiento económico.
Si agregamos que la inversión privada, que es el otro motor de crecimiento de la economía nacional, será nula este 2022 y alcanzará magramente el 2% en 2023 (según el BCR), estamos frente a un contexto realmente complejo.
La minería sigue siendo la principal fuente de ingresos del país. Representa cerca del 10% del PBI y más del 20% del aporte al fisco nacional, constituyendo más del 60% de nuestras exportaciones totales. Además, asume un rol en la formalización laboral: genera más de 250 mil puestos de empleos directos y más de 1 millón de puestos de trabajo indirectos.
Esta actividad está condicionada en cierta medida a la situación de las grandes economías mencionadas. Ante menores precios de los metales, debemos procurar hacer más eficiente la gestión de los factores de producción que nuestro país impone.
Los desafíos locales:
Perú es el segundo productor mundial de cobre y figura en las primeras posiciones de varios rankings de producción de otros metales. A pesar de ello, a inicios de octubre, el Índice de Competitividad Minera del IIMP posicionó al Perú en el puesto 7 —por debajo de Chile, México y Colombia en la región—. Las causas serían la inacción de las autoridades ante varios conflictos sociales, las complejas condiciones regulatorias y la escasez de políticas públicas para fomentar la exploración minera, que ha caído en más del 40% en los últimos 4 años, según información del MINEM, y refleja una reducción real de nuevos proyectos mineros.
Una situación de inestabilidad es poco propicia para las inversiones de alto riesgo y largo plazo, como las mineras. Por ello, es necesario visibilizar y compartir con las nuevas autoridades locales y regionales una agenda de desarrollo, que ya la industria impulsa durante los últimos años, a través de sus gremios. Además, sumar y replicar los modelos exitosos ejecutados en entornos mineros (en educación, salud, infraestructura, entre otros) que han traído bienestar real a las poblaciones.
La conflictividad social requiere de un franco acercamiento entre las comunidades, sus líderes y las autoridades competentes y responsables de la ejecución de la inversión pública. El resguardo de las necesidades ciudadanas debe darse también dentro el marco irrestricto de la ley, con el respeto al orden público y a la propiedad privada.
Un ejemplo de simbiosis colaborativa entre minería y comunidad es la existencia de las empresas comunales, que dan servicios a empresas mineras, donde se hace realidad el famoso concepto instalado en la industria de ganar – ganar.
El fomento del empleo, de la creación de empresas comunales y de ciclos económicos en los entornos mineros debe partir de políticas nacionales, que no solo atiendan las necesidades de la población con una mirada asistencialista, sino que deban tener una mirada amplia del desarrollo.
La minería hace una gestión eficiente del recurso hídrico y apenas toma poco más del 1% de toda la oferta hídrica nacional. Esa buena práctica puede ser compartida y socializada para que el Estado pueda gestar proyectos conjuntos que mejoren la conservación y administración de este recurso vital para los peruanos.
Muchas operaciones mineras vienen apostando por la innovación y utilizan más tecnologías para un mejor desarrollo operativo y la gestión de recursos naturales y de los impactos propios de la actividad. Esta será una práctica constante. Operar las minas remotamente, reducir la huella de carbono en operaciones, la automatización y digitalización de los procesos genera conocimiento que está transformando escuelas, institutos y universidades; que se transfiere a los estudiantes y a los ciudadanos del futuro.
No son pocos los desafíos, pero tampoco lo es nuestra capacidad de aportar soluciones y generar desarrollo. El crecimiento de la inversión minera, y con ello del Perú, depende ahora de la confianza y el diálogo que se genere entre todos: empresa, comunidad, sociedad civil y Estado.
