Comentario de Lampadia
El servicio público mas importante en cualquier país es el de agua y desagüe. En el Perú, como todos sabemos, la cobertura y calidad de este servicio deja muchísimo que desear.
Las estadísticas oficiales que pretenden convencernos de grandes avances son inadecuadas, puesto que presentan como la existencia del servicio entregas de agua por horas, cuando el servicio adecuado tiene que ser por las 24 horas del día. Además, según reporta Sergio Campos en el artículo que comentamos, las pérdidas de agua, ya sean físicas o por facturación, son parecidas a la de la región, es decir del orden de 50%.
Lamentablemente, el servicio de agua y desagüe en el Perú se ha entendido como un tema político, siendo el tema social más importante de todos. Desde la perspectiva política y del populismo cortoplacista, se mantuvieron los servicios en manos del Estado, ya sea en una empresa pública como Sedapal en Lima, o las empresas municipales en provincias.
Evidentemente, tenemos una profunda confusión sobre las prioridades. Lo principal es el servicio de calidad para todos los peruanos sin importar quien lo otorga. Lo que es más, como actualmente lo otorga el Estado, la fiscalización por parte del regulador se hace sospechosa de lenidad. Si el servicio estuviera en manos privadas, única manera de asegurar un avance sustancial en calidad y cobertura, la fiscalización del estado seria más exigente y los ciudadanos podrían gozar del mas importante de todos los servicios públicos.
¡Tenemos que desterrar la política del servicio de agua y desagüe en el Perú!
¿Qué dicen los candidatos?
Ver artículo de Campos publicado en El Comercio, 5-11-15:
Sergio Campos, Jefe de la División de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo
El Comercio, 05 de noviembre, 2015
Hace 15 años, las Naciones Unidas introdujo el ideal de un mundo sin pobreza basado en principios de universalización e igualdad con la adopción de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En agua y saneamiento, el esfuerzo colectivo internacional permitió que se lograra un progreso considerable en términos de cobertura y calidad. A primera vista podemos decir que América Latina y el Caribe han estado a la altura de los desafíos. De 1990 al 2015, se incorporaron a los servicios de agua y saneamiento 218 millones y 224 millones de personas, respectivamente.
Hoy todavía quedan 34 millones de personas sin acceso a agua, 106 millones sin saneamiento adecuado y 19 millones aún practican defecación al aire libre. Como es de esperarse, las estadísticas son aun más alarmantes para los más vulnerables y las zonas más remotas de nuestro continente.
La gran disparidad urbano-rural (es decir, los habitantes de nuestras ciudades gozan de más y mejores servicios que en el campo) se traduce en una cobertura de los servicios de agua y saneamiento rural semejante a la cobertura del sector urbano hace 25 años.
¿Por qué persisten estas brechas en cobertura? Podríamos pensar que se trata de un tema de financiamiento. En efecto, como región, en los últimos 25 años, hemos invertido menos de medio punto porcentual de nuestro PBI en nueva infraestructura de agua y saneamiento.
Enfrentamos también un reto en el mantenimiento de nuestras redes. Por ejemplo, del total del agua producida, aproximadamente la mitad se pierde en las redes debido a fugas principalmente físicas.
A este panorama se añade el reto de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, adoptados en la 70a Asamblea General de las Naciones Unidas, que plantea una agenda ambiciosa para el 2030. El objetivo 6, por ejemplo, se centra en asegurar la disponibilidad y el manejo sostenible del agua y saneamiento para todos, lo que implica que los gobiernos no solo deben trabajar para garantizar la calidad del servicio. También deben reducir la contaminación de las aguas residuales, reforzar la gobernanza del agua, incrementar la eficiencia en el uso de nuestros recursos hídricos y proteger nuestro capital natural.
¿De cuánto financiamiento estamos hablando para cumplir este objetivo en los próximos 15 años? Aquí algunas cifras: solo para lograr acceso universal al agua, la región necesitará invertir, como mínimo, US$28.000 millones, y la inversión en saneamiento necesitará ser aún mayor: US$49.000 millones. Esto implicará un ritmo de inversión aproximado de US$5.100 millones al año.
En tratamiento de aguas residuales aún estamos muy rezagados. A escala regional se estima que solo se trata el 18% de las aguas negras generadas (en comparación a un 60% en promedio en países de altos ingresos). Para el 2030, necesitaremos reducir el porcentaje de aguas no tratadas a la mitad, lo que requerirá una inversión, solo en los grandes centros urbanos, de otros US$30.000 millones.
Además de lograr el acceso universal, tenemos el reto de mejorar la calidad del servicio para los que ya están conectados a la red. Esto no es tarea fácil. Se estima que unos 200 millones de personas reciben servicio discontinuo. Salvo excepciones, la región tampoco cuenta con datos sobre calidad y potabilidad del agua.
Muchos se preguntan cómo hará América Latina y el Caribe para implementar, medir y monitorear efectivamente este nuevo objetivo. Por fortuna, contamos con experiencias de éxito de las que debemos aprender, como el caso de Medellín, pero también de otras grandes ciudades como Montevideo, Monterrey, Quito o Santiago, donde se ha venido trabajando exitosamente en garantizar acceso sostenible y de calidad a todos sus ciudadanos.
La clave está en reforzar las instituciones del sector para asegurar una buena provisión de servicios y conservación del agua, además de asegurar fuentes de financiamiento tanto públicas como privadas, nacionales e internacionales. El reto al cual nos enfrentamos es grande, pero no se puede hablar de desarrollo sostenible sin garantizar agua y saneamiento de calidad para todos.
