Por: Ricardo Valdés
El Comercio, 11 de noviembre de 2021
Quizá la diferencia entre la táctica y la estrategia puede definirse, de una manera simple, por la dimensión y el tiempo de la acción. Lo táctico es puntual y de corto plazo, lo estratégico es integral y de largo plazo. Para ser sostenibles, ambos se necesitan mutuamente.
En términos de criminalidad, es la diferencia entre la delincuencia común que se aprovecha de las circunstancias, actúa rápidamente y cae sobre su víctima para arrebatarle un bien y, a veces, la vida; versus el comportamiento de una organización criminal que planifica sus acciones, tiene una estructura y maneja una logística para acciones de largo plazo como la corrupción, el narcotráfico, la minería ilegal o la trata de personas. Hay vasos comunicantes entre ambos sistemas criminales, entre el común y el organizado.
El despliegue de los conflictos sociales de las últimas semanas no puede entenderse de manera aislada. Seguramente las demandas de los cocaleros, la quema del campamento minero Apumayo, el bloqueo en Aquia y los desmanes en Huarmey, el incendio del complejo agroindustrial en el norte, la toma de instalaciones petroleras, los bloqueos escalonados en el corredor minero del sur o la paralización del transporte tienen una explicación específica y se han resuelto o se resolverán de manera individual. Pero, ¿cuál es el denominador común? ¿Quiénes finalmente obtienen alguna utilidad política del conjunto?
El denominador común es la permisividad del Estado, la apatía en la acción y el señalamiento de la inversión como la causante de los “daños” que reclaman quienes bloquean carreteras o queman instalaciones violando claramente la ley. El Estado se ubica como mediador, como si no fuese el principal responsable ante la inoperancia de la inversión pública, e intenta capitalizar el caudal popular, cuestionando el modelo económico actual y no las deficiencias de la gestión pública.
Ello termina por justificar la acción violenta y le da vigencia al principio del empleo de la fuerza para obtener resultados. El diálogo termina siendo funcional a ese principio. Exactamente como ocurre en los casos de un secuestro. Y se establece un círculo vicioso de fácil propagación, como venimos viendo ante el crecimiento de la conflictividad social y de la criminalidad.
¿Por qué la inacción y apatía del Estado? Para construir la narrativa de que el empoderamiento de los menos favorecidos solo se logra a través de la protesta y de la modificación total de la Constitución. Esa es la línea estratégica que se viene desarrollando con diversas tácticas. Ahí están las marchas y contramarchas con la minería ilegal, con las políticas antidrogas y la resistencia a erradicar la coca que va hacia el narcotráfico.
Ahí están también los recientemente formalizados miembros del magisterio asociados al radicalismo pro-senderista. Ahora se suman los transportistas informales, microbuseros y taxis-colectivos que el Ejecutivo pretende legalizar. A ello, se añaden los proyectos de ley que buscan amnistiar a ronderos procesados y sentenciados por diversos delitos, o para ampliar irresponsablemente el padrón de cocaleros. Todo esto constituye la aproximación táctica.
En paralelo, se diseñan acciones destinadas a debilitar las instituciones del orden, a través de la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito policial o destituyendo a comandantes generales que respetaron la institucionalidad.
El objetivo estratégico es conformar una amplia y variada base social con y a favor del Ejecutivo. Maestros, ronderos, mineros informales, agricultores, cocaleros ilegales, transportistas informales y otras asociaciones o gremios, pretenden ser capitalizados por el Ejecutivo. No seamos ingenuos. Nos encontramos frente a un sistema de clientelismo organizado, de populismo puro y duro, sin que importen las consecuencias económicas, políticas, sociales e institucionales, que debilitarán al país.
