Por: Patricia Teullet
Perú21, 21 de diciembre de 2020
En agosto de este año, el fiscal José Domingo Pérez acusó penalmente al presidente Toledo por los tramos 2 y 3 de la Interoceánica, otorgados a Odebrecht. La investigación, que había sido archivada, se reabrió cuando Barata reveló que el expresidente Toledo le había pedido sobornos para otorgar la carretera. Pero, Pérez incluye a los funcionarios de Proinversión en su acusación pese a que ya en abril de 2019 Barata negara haberlos sobornado, diciendo que estos siempre actuaron con independencia e incluso contra los intereses de Odebrecht; y que fue mucho después de que la carretera fuera adjudicada, y gracias a las adendas, que Odebrecht pudo obtener beneficios extraordinarios y con ellos pagar sobornos. ¿Por qué oculta Pérez esta información de Barata y acusa a dichos funcionarios sin prueba alguna?
El rol del Ministerio Público es luchar contra la corrupción, pero buscando la verdad y sin manchar la honra de personas que han trabajado para el Estado de forma honesta y dedicada.
Esta conducta del fiscal tiene al menos dos impactos muy negativos: primero, debilita la capacidad del Estado de reclutar funcionarios públicos capaces de tomar decisiones, pues será difícil que alguien acepte sabiendo que años después puede ser acusado arbitrariamente, a pesar de las pruebas.
Segundo, una acusación mal hecha beneficia a aquellos contra quienes sí existen pruebas contundentes de corrupción. ¿Se trata acaso de generar dudas, mezclar las cosas y dejar caer esos casos?
Como para pensarlo.
