Por: María Antonieta Merino, experta en reforma normativa
Gestión, 5 de Mayo del 2023
La experiencia de otros países muestra el consenso de tres elementos: política (policy), diseño institucional (procesos, herramientas) y actores.
En un país con tantos problemas como el nuestro, se proponen diferentes medidas que van desde la aprobación de leyes -por ejemplo, la última ley observada de llamadas spam-o la creación de nuevas autoridades -como la Autoridad Nacional de Infraestructura para reemplazar a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios-.
¿Qué hace que una reforma llegue a ser más exitosa que otra? ¿Acaso hay una receta para el éxito? Los países más avanzados parecen haber encontrado la receta y en todos ellos se aprecia el consenso de tres elementos: política (policy), diseño institucional (procesos, herramientas, sistemas, entre otros) y actores.
El Estado debe tener un objetivo claro de lo que busca conseguir y eso debe estar plasmado a nivel de un documento de política. Harold Lasswell, político americano, definió a la política como «quién consigue qué, cuándo y cómo». Responder estas preguntas no requieren de documentos complejos e inentendibles. Todo lo contrario, deben ser lo suficientemente claras para atender estas interrogantes. Una deficiencia que generalmente se aprecia es que la mayoría de veces se muestra un desfase entre la teoría y la práctica. O bien presentan escenarios poco realistas o no proporcionan el cómo (medio) necesario para hacer realidad el qué (objetivo). Estos problemas generan un quiebre en el primer elemento.
La sola aprobación de una política no es suficiente. Se necesita de un buen diseño institucional. Frecuentemente el Estado no reflexiona en los procesos que se requieren para implementar su decisión. Tampoco suele considerar si acaso serán necesarias ciertas herramientas para llevar a cabo dicha idea, y si los funcionarios cuentan con las competencias técnicas para entenderlas y aplicarlas. Ni qué decir de los sistemas, es decir, no se reflexiona cómo la nueva medida se inserta en todo lo que ya existe en nuestra abultada y ya compleja estructura gubernamental; ¿estaremos duplicando funciones?, ¿estaremos creando mayores y más complejos procesos para las empresas, los ciudadanos y para el mismo Estado? ¿estaremos incrementando innecesariamente los costos de un Estado que en sí mismo carece de suficientes recursos?, ¿es acaso esta la medida que necesitamos porque es eficaz y eficiente?
Y lo que es más importante, generalmente se excluyen a los propios funcionarios que serán los responsables de la implementación de la nueva medida y que pueden estar en mejor posición de explicar qué fue lo que no funcionó. Ellos saben a menudo lo que deberían hacer, pero tienen dificultades para ponerlo en práctica. Muchos de ellos no tienen ni siquiera la llegada a sus jefes o el respaldo para proponer los cambios. Los más creativos conseguirán soluciones ad hoc e innovadoras para hacer frente a las dificultades en la implementación de la medida, mientras que algunos inescrupulosos aprovecharán las deficiencias para prácticas contrarias a la ley. La omisión de los actores en el diseño de las medidas -funcionarios, así como el sector privado, expertos y la academia- desconoce el hecho de que cualquier reforma se sostiene en todas las partes involucradas en su ejecución y es producto de los esfuerzos conjuntos.
Adaptando una frase del Instituto de Gobierno británico, se puede concluir que la falta de estos elementos deja demasiado en manos del azar, la personalidad y la habilidad individual en la implementación de medidas de reformas.
