Por Manuel Bernales Pacheco (*)
Este 14 de mayo se celebró en la Universidad Católica una reunión importante para el Sistema de Justicia Peruano: propuestas para fortalecer la lucha contra la corrupción en el Poder Judicial. En dicha reunión participó el actual presidente del Poder Judicial, el doctor Víctor Ticona. La mayoría de las medidas discutidas no son nuevas, algunas ya fueron presentadas en el Acuerdo Nacional por la Justicia y otras en la Comisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia (CERIAJUS); ambos del año 2004. ¡Ya hace más de 10 años!
Las propuestas incluyen el liderazgo político institucional contra la corrupción judicial; la creación de unidad de investigación financiera para indagar en los casos de desbalance patrimonial entre otros –esta requiere de una marco legal ad hoc para no caer en saco roto y ocasionar problemas como ya antes sucedió- ; redefinición y fortalecimiento del Órgano de Control (OCMA); imprescriptibilidad de los procesos disciplinarios; reglas para designación de los magistrados provisionales (los que no son nombrados en sus cargos efectivos por el Consejo Nacional de la Magistratura); medidas de protección para los denunciantes, testigos y contra la intimidación; agilidad en los procesos disciplinarios, entre otras.
Todas estas medidas cuentan con un amplio consenso entre abogados, magistrados y académicos. Cabe señalar que este consenso tampoco es nuevo. Entonces ¿qué es lo realmente nuevo que dejó el evento?
Dos elementos son nuevos, el primero fue explícito y el segundo implícito. Ambos los señalamos a continuación:
El primero, es la necesidad de que sea la Sala Plena de la Corte Suprema la que tome la decisión sobre la forma en que se ejecutarán estos cambios. El propio César Fernández Arce, dos veces presidente del Poder Judicial y renunciante cuando se quebró el Estado de Derecho en el año 1992, enfatizó que esta medida era imprescindible para llevar a cabo un proceso de esta naturaleza. Esta medida asegura que haya una decisión institucional que vaya más allá de la gestión de un presidente del Poder Judicial (que solo dura dos años). Es decir, se debe tener una Hoja de Ruta para el largo plazo.
El segundo, es entregar información pública a la ciudadanía y mejorar drásticamente la participación ciudadana. Si bien, por sí misma esta propuesta no es nueva, con las actuales capacidades informáticas que el Poder Judicial posee en este momento, hay condiciones para lograr que esta sea una acción contundente. Además, ya el Poder Judicial implementó este tipo de herramientas en el año 2013. La medición del desempeño de los órganos jurisdiccionales es la piedra angular en este proceso. Falta todavía idear posibilidades de participación ciudadana frente a la información que deberá estar disponible en línea. Aquí se abren excelentes posibilidades que se potencian con la tecnología, hoy al alcance de la mayor parte de la ciudadanía.
El Poder Judicial no debe dejar pasar esta oportunidad. Lo que ha sucedido con el Ministerio Público debe de alertar a los magistrados. Estamos próximos a una etapa electoral que ya comenzó a jugarse en el terreno judicial y que puede causar daños no imaginados en nuestro Sistema de Justicia.
(*) Estuvo a cargo de la Oficina de Medición del Desempeño Jurisdiccional. Actualmente está por publicar un libro sobre la Medición del Desempeño de los Jueces
