Por: Maite Vizcarra
El Comercio, 18 de Mayo del 2023
“Ya es posible ‘gobernar’ de manera remota. Aunque debería ser de manera plena con todas sus funcionalidades, y no solo de modo excepcional”.
La propuesta legislativa que aboga por permitirle a la presidenta Dina Boluarte gestionar su despacho de manera remota vía tecnología digital cuando deba viajar fuera del país, teniendo en cuenta que hoy no tiene ningún vicepresidente que asuma su cargo en esa circunstancia, ha generado un debate interesante sobre vacíos en la Constitución vigente y preguntas sobre la viabilidad tecnológica de la iniciativa.
Sobre la viabilidad tecnológica de poder gobernar de manera remota, actualmente en el Perú existen los instrumentos pertinentes para aplicar esa funcionalidad: el uso de las firmas digitales y de otros medios para expresar el consenso o el disenso. O sea, técnicamente, la iniciativa va bien.
Es más, sería pertinente –en caso fuese aprobada– que se añadiera algún texto vinculado a las salvaguardas que ofrece la ciberseguridad, con más razón si se considera que, en el afán de gestionar el despacho presidencial, se suele tener acceso a documentos confidenciales, a información sensible en materia de seguridad nacional, o simplemente porque se trata de datos que involucran la toma de decisiones reservadas.
La propuesta legislativa que aboga por permitirle a la presidenta Dina Boluarte gestionar su despacho de manera remota vía tecnología digital cuando deba viajar fuera del país, teniendo en cuenta que hoy no tiene ningún vicepresidente que asuma su cargo en esa circunstancia, ha generado un debate interesante sobre vacíos en la Constitución vigente y preguntas sobre la viabilidad tecnológica de la iniciativa.
Sobre la viabilidad tecnológica de poder gobernar de manera remota, actualmente en el Perú existen los instrumentos pertinentes para aplicar esa funcionalidad: el uso de las firmas digitales y de otros medios para expresar el consenso o el disenso. O sea, técnicamente, la iniciativa va bien.
Es más, sería pertinente –en caso fuese aprobada– que se añadiera algún texto vinculado a las salvaguardas que ofrece la ciberseguridad, con más razón si se considera que, en el afán de gestionar el despacho presidencial, se suele tener acceso a documentos confidenciales, a información sensible en materia de seguridad nacional, o simplemente porque se trata de datos que involucran la toma de decisiones reservadas.
