Madeleine Osterling
Expreso, 27 de setiembre de 2017
Jamás se puede cantar victoria respecto de los picos del precio de los metales, son absolutamente cíclicos y sensibles. Hacia fines del año pasado empezó un gran entusiasmo por la tendencia alcista en el cobre que se ha mantenido hasta hace unas semanas, se contrajo por el debilitamiento del mercado chino, principal consumidor de metales industriales del mundo y la recuperación de inventarios; sin embargo, como país siempre deberíamos estar preparados para capitalizar al máximo los beneficios.
El Fondo de Adelanto Social (FAS) creado en enero de 2017 para financiar infraestructura básica en lugares donde se desarrollen proyectos mineros y reactivar inversiones (inicialmente se previeron por US$ 7,000 millones aunque cartera asciende a US$ 51,000 millones), increíblemente ha estado inoperativo todo el año por falta de presupuesto y gestión, a pesar de que existen 167 conflictos sociales identificados por Defensoría y una reciente declaratoria de alerta en la zona de Las Bambas, donde la protesta perdurará ad infinitum mientras el mineral siga saliendo en camiones, a vista y paciencia de comuneros que se sienten despojados. El tema emocional es muy fuerte, azuzado por aventureros que viven de usufructuar de la miseria.
El Presupuesto 2018 ha asignado S/ 50 millones al FAS, monto absolutamente diminuto que solo servirá para pagar la planilla de la burocracia dorada y a los consultores encargados de hacer los estudios, imposible generar obras con un presupuesto casi inexistente. Un puente carrozable cuesta S/ 1 millón, un kilómetro de carretera US$ 1 millón y la brecha de infraestructura del país es de US$ 170,000 millones y creciendo. El Gobierno ha suscrito un acuerdo con la Comunidad de Chumbivilcas (Cusco) para invertir más de S/ 2,700 millones en obras de infraestructura y S/ 1,000 millones en una carretera de 195 km en el corredor Cusco-Apurímac. Las carencias son inmensas y las inversiones comprometidas millonarias. El monto destinado al FAS es 500 veces menos de lo que costará la Reconstrucción y 100 veces menor que el presupuesto de los Panamericanos. ¡Parece una tomadura de pelo
! El Estado tiene que aprender a priorizar. Es imperativo que se asigne un presupuesto realista para cumplir los acuerdos asumidos, evitar se desencadenen mayores enfrentamientos y se retrasen más las inversiones en la industria que nos “da de comer y permite crecer”. Igualmente, los conflictos deben canalizarse y atenderse a través de un solo vehículo, existen demasiados entes para su atención y esta dispersión no solo genera mayores costos sino ineficiencia y pobres resultados. La PCM, con un FAS fortalecido y manejado en coordinación con el MEM y el apoyo de la Defensoría del Pueblo, debería asumir íntegramente la responsabilidad.
