La Tercera de Chile
18 de julio de 2016
La pretensión de diputados oficialistas por aumentar unilateralmente el gasto en educación acentúa el uso poco prudente de los fondos públicos.
El ministro de Hacienda ha expresado fuerte molestia con los diputados de la Nueva Mayoría, que aprobaron una indicación al proyecto de Nueva Educación Pública, por la cual el primer semestre de 2017 el Ejecutivo debe enviar un proyecto de ley para establecer una nueva forma de asignación de recursos a las escuelas, que afectaría también el nivel de gasto público.
La indicación aprobada, porque incide en materias donde sólo el Ejecutivo tiene iniciativa legislativa, es inconstitucional, y por tanto no puede, contra la voluntad del Ejecutivo, traducirse en ley. De manera que la primera consideración es que dicha aprobación representa sólo un acto demagógico, que potencia sin base alguna una determinada expectativa. También debe consignarse que tras la indicación de los diputados de la Nueva Mayoría hay un intento de ir desde el actual sistema, que pretende incorporar algún grado de incentivos para estimular eficiencia, por la vía de vincular los ingresos de las escuelas al nivel de servicios que proveen, hacia uno que prescinde de incentivos, donde se garantizan ingresos a todo evento al vincularlos estrechamente a los costos -salarios, infraestructura- en que incurren las escuelas.
La indicación es especialmente grave en cuanto reflejo de la liviandad con que la Nueva Mayoría sigue queriendo comprometer recursos, pues, tras dos años de pujar hacia el estatismo y el gasto público, este gobierno ha puesto al país frente a un panorama fiscal muy preocupante. Con altos y bajos, los ingresos fiscales se mantuvieron en torno a 22% del PIB, entre 1990 y 2008, mientras el gasto fiscal, con sus fluctuaciones propias, se mantenía en torno a 20% del PIB. El superávit fiscal promedio de 2% del PIB durante dicho período, controló el endeudamiento público y dio espacio para una inversión privada pujante. Pero todo eso es historia. Desde 2010 en adelante, los ingresos fiscales se han mantenido en 21,6% del PIB, mientras, en este gobierno, los gastos han tomado una tendencia creciente que lleva el déficit estimado para 2016 al 3,2% del PIB, lo que representa un problema mayor: volver a las tasas previas de inversión privada, en la nueva situación fiscal, generaría un déficit limitante en las cuentas externas, por lo que el crecimiento ya no puede ser el de antes.
Lo probable es que el deterioro fiscal, más que corregirse, se acentúe. Esto, pues lo que se ha visto en torno al proyecto de Nueva Educación Pública no es en absoluto novedoso: las motivaciones de fondo de la Nueva Mayoría, desde el primer día de este gobierno y tras cada una de sus propuestas, han sido eliminar o debilitar incentivos, competencia y obligación de dar cuenta de las propias acciones, en los entes estatales, para ir creando un régimen de recursos asegurados y decisiones más centralizadas y burocráticas; y aumentar el rol del Estado y el gasto público en las diversas áreas del quehacer económico y social. No es obvio que tras dos años de euforia estatista, una queja del ministro de Hacienda pueda rescatar del ideologismo y volver a la prudencia fiscal a esa mayoría de los diputados de la coalición gobernante que aprobó la indicación inconstitucional en la ley de Nueva Educación Pública.
Lampadia
