Por: Juan Carlos Tafur
La República, 2 de agosto de 2020
«No es admisible que el país tenga una cartera de US$ 60 mil millones, cerca de 50 proyectos mineros, y no se pongan en marcha».
Se va a requerir un shock económico de gran envergadura para poder superar el impacto recesivo de la pandemia. Habrá que exigirle no a este gobierno sino al que entre el 2021 que le proponga al país un plan para recuperar y superar los niveles precedentes de crecimiento del país.
En esa perspectiva, va a ser imperativo un esquema que ponga en agenda temas relevantes: la reforma del Estado sobrerregulatorio que tenemos y la consecuente liberación del flujo de inversiones privadas; y un gran punto sectorial: la tarea de poner en valor el inmenso portafolio minero que duerme bajo tierra sin aportar, como debiera, empleo, impuestos y riqueza al PBI nacional.
No es admisible que el país tenga una cartera de US$ 60 mil millones, cerca de 50 proyectos mineros, y no se pongan en marcha. Si ellos se ejecutasen, podríamos asegurar crecimientos del PBI superiores al 5% anual y una reducción paulatina de la pobreza hasta niveles inferiores al 10% de la población.
La minería genera grandes ingresos al Estado. Cerca del 50% de las utilidades de las empresas mineras van a impuestos, tasas y aportes. El 20% del Impuesto a la Renta que recauda el fisco corresponde a la minería (en Áncash, el 45% del total de su presupuesto proviene de los aportes del sector).
Es perfectamente factible emprender proyectos mineros aun en zonas de alto riesgo ecológico. Si se respetan los estándares ambientales, cabe desarrollar minería inclusive en zonas de reserva. Véase con atención lo que sucede en Australia, Canadá o Noruega, países mineros por excelencia. Debe exigirse esos estándares y una vez atendidos proceder con las inversiones.
Para ello se necesita el compromiso del gobierno para sacar adelante estos proyectos. Se ha hecho moneda común que sean las propias empresas mineras las que se encarguen de convencer a la población de sus bondades y de su controlado impacto ambiental, pero resulta cada vez más claro que sin la intervención del Estado ello suele no prosperar, ya que en muchos casos –la mayoría–, los reclamos trascienden la esfera misma del proyecto y por ende los alcances de las empresas involucradas.
Es el caso, por ejemplo, del proyecto Tía María, instalado cerca del valle del Tambo, cuyo problema mayor es la calidad y cantidad de agua que recibe naturalmente, problema que no se debe a la minería. Pero para poder atender esa demanda hídrica se necesita que el Estado construya represamientos en las partes altas del valle, en la naciente del río. El Estado tiene que hacerlo, no la mina. Y será en su propio beneficio, porque luego recaudará un alto porcentaje de las utilidades que el proyecto tenga.
Se necesita un gobierno dispuesto a liberar las fuerzas productivas capitalistas del país. Es la gran agenda pendiente de la transición post Fujimori (la hondura y extensión de la economía de mercado se ha quedado prácticamente congelada los últimos veinticinco años). Es la única manera posible de emprender cambios institucionales de fondo y de asegurar una buena educación y salud pública, justicia eficaz y seguridad interna, elementos básicos para cualquier proyecto de modernidad nacional. No es posible construir un Estado justo e inclusivo sin un robusto capitalismo competitivo detrás.
La del estribo: notable El hombre que amaba a los perros, un librazo del escritor cubano Leonardo Padura. Trotsky, su asesino Ramón Mercader, Stalin, los avatares de la guerra civil española, la revolución rusa, la segunda guerra mundial y la Cuba comunista, se entrelazan en un libro cautivante desde sus primeras páginas.
