José Ignacio Beteta
Expreso, 26 de mayo del 2026
La aprobación de la Ley N° 32561 -que otorga a militares y policías una pensión equivalente al 100% de su sueldo activo tras 30 años de servicio- y el impacto fiscal que tendrá y que acaba de revelar el Consejo Fiscal, es una noticia polémica pero que se debe analizar con claridad y objetividad. Aunque duela.
El Congreso aprobó la norma en marzo de este año por insistencia, ignorando las observaciones del Ministerio de Economía y Finanzas. El MEF calculó el costo en S/ 14,900 millones anuales. Ya eso era alarmante. Pero el Consejo Fiscal acaba de publicar una estimación más completa, que incorpora al personal que año a año seguirá ingresando a las fuerzas del orden, y la cifra casi triplica la oficial: hasta S/ 46,000 millones en valor presente neto. De ese total, S/ 38,900 millones corresponden a mayor gasto en planilla de pensiones y S/ 14,100 millones a mayores aportes del Estado. Todo, sin excepción, saldrá de nuestro bolsillo y del bolsillo de nuestros hijos y nietos.
El momento no podría ser más inoportuno. El Perú cierra 2025 con 2,416 obras públicas paralizadas que acumulan S/ 67,139 millones inmovilizados. La planilla estatal ya costaba S/ 79,142 millones en 2024, un incremento de 64% respecto a 2017. La inversión privada siempre está fría, aguantada. Y en ese contexto, el Congreso decide crear un nuevo compromiso permanente, irrevocable y vitalicio sin financiamiento claro ni evaluación actuarial seria. Nos cargarán con más impuestos. Nos meterán la mano al bolsillo, con toda la crudeza y tecnología de la SUNAT.
Pero lo que duele es otra cosa. Las Fuerzas Armadas peruanas forman a sus oficiales en una cultura de disciplina, planificación estratégica y consciencia institucional. Sus cuadros directivos conocen perfectamente los fundamentos de la economía de mercado, la importancia de la sostenibilidad fiscal, el valor del largo plazo. Son, en teoría, una de las instituciones con mayor capacidad para entender que el gasto sin respaldo destruye el futuro que se dice proteger. Y sin embargo…
Uno puede comprender. Quien entrega décadas a la defensa nacional merece dignidad en su retiro. Eso es justo y nadie lo discute. Lo que no es justo -ni sostenible- es diseñar un sistema que permite a alguien jubilarse a los 52 años con el 100% del sueldo, sin precedente en ningún otro régimen del país, en un contexto donde el peruano promedio no tiene pensión, o tiene una que bordea la miseria.
La decepción no es con los miembros de las Fuerzas Armadas que combatieron el terrorismo en los años más oscuros del país. Es con los más jóvenes, quienes, teniendo las herramientas intelectuales para entender de economía y sostenibilidad, optaron por el beneficio corporativo sobre el bien común. El uniforme inspira respeto. Por eso, cuando quienes lo visten actúan como cualquier grupo de presión empresarial mercantilista, el golpe es más duro. Da tristeza.
