José Ignacio Beteta
Expreso, 25 de agosto del 2026
La ley debe volver a ser lo que Bastiat entendía: un escudo del ciudadano, no una billetera abierta para el Estado. Keiko ha prometido cambiar en esta línea. Ahora debe cumplir sus promesas.
“El Estado es la gran ficción a través de la cual todos se esfuerzan por vivir a costa de todos”, decía el gran Frédéric Bastiat. La ley no debería ser el instrumento con el que el Estado se defiende del ciudadano o abusa de él, sino el instrumento con el que el ciudadano se defiende del Estado y obtiene más libertad, riqueza y paz.
Esa distinción, que parece de manual, es la más urgente de recordar en el Perú, especialmente ahora que el gobierno pedirá facultades legislativas. Porque llevamos años legislando al revés: dando al aparato estatal más herramientas para exigir, embargar, fiscalizar y sancionar, y dejando al contribuyente cada vez más desprotegido frente a esas facultades.
Ningún caso ilustra mejor esa inversión que el de la SUNAT y su relación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La SUNAT no es un ente autónomo que simplemente aplica la ley con criterio técnico: es, en la práctica, el brazo recaudador que el MEF necesita para sostener una planilla estatal que no deja de crecer, entre Petroperú, decenas de sindicatos públicos y miles de puestos CAS o en consultorías doradas.
Cuando la urgencia fiscal del Estado se antepone al debido proceso y al derecho esencial del contribuyente a ser libre y ser próspero, la SUNAT deja de ser una entidad de control tributario y se convierte en lo que, desde la Asociación de Contribuyentes del Perú, hemos llamado sin eufemismos un extorsionador público: una entidad que embarga cuentas, persigue a los pequeños, traba medidas cautelares y, en no pocos casos, sencillamente ignora las resoluciones del Poder Judicial y del Tribunal Fiscal que le son adversas. Todo esto con el MEF de aval y protector.
Está desobediencia declarada no es un detalle procesal. Es la prueba de que, para la burocracia tributaria, la ley solo obliga en un sentido: al contribuyente. Mientras tanto, el negocio formal que paga impuestos, que emite comprobantes y que sostiene con su esfuerzo el gasto público, termina cargando con fiscalizaciones arbitrarias, plazos que se postergan a discreción y un sistema donde apelar una resolución injusta puede tomar años.
Por eso insisto en que el verdadero indicador de la salud institucional de un país no es cuánto recauda su fisco, sino cuánto protege a quien paga. Un Ministerio de Economía y Finanzas pro ciudadano sería aquel que mide su éxito por la simplicidad tributaria, la reducción de la litigiosidad y el respeto irrestricto a los fallos que le son adversos, no por las metas de recaudación cumplidas a cualquier costo. Un MEF pro contribuyente no amenaza, ordena la casa primero.
Un gobierno consciente de su función debería legislar en esa dirección: eliminando burocracia y planillas estatales innecesarias, sancionando con dureza a los funcionarios que incumplen sentencias firmes, y blindando la independencia del Tribunal Fiscal frente a las presiones del propio Ejecutivo.
Ninguna reforma será sostenible si no parte de esa premisa. El crecimiento económico que tanto se invoca desde el MEF no llegará mientras la SUNAT siga persiguiendo arbitrariamente a los contribuyentes formales para tapar los huecos que deja un Estado sobredimensionado.
La ley debe volver a ser lo que Bastiat entendía: un escudo del ciudadano, no una billetera abierta para el Estado. Keiko ha prometido caminar en esta línea. Ahora debe cumplir sus promesas.
