La decisión de construir una nueva planta de refinación en Talara ya está tomada. Petro-Perú invertirá aproximadamente US$2,7 mil millones en su construcción, conocida como PMRT, cuyos objetivos principales son tres: ampliar su capacidad de 65 mil barriles diarios de producción a 95 mil, producir petróleo de menor contenido de azufre (menos de 50 partes por millón) y tratar petróleos de mayor densidad, como los ubicados en la zona norte del país.
Sin embargo, la pregunta fundamental es: ¿un inversionista privado estaría dispuesto a invertir este dinero en su construcción? La respuesta claramente es no. Y no es porque la rentabilidad esperada de este proyecto, en especial el componente de la desulfurización, es negativa. Si a ello se agrega el componente de la ampliación de la capacidad de refinación (70% de su capacidad), entonces el proyecto integral se torna positivo pero en el muy largo plazo.
Por ello ningún inversionista privado tomaría hoy la decisión de invertir tamaña suma de dinero para un proyecto de estas características. Cualquier privado colocaría ese dinero en algo que le dé mejor rendimiento. Igual que lo debiera hacer el Estado en su verdadera función (educación, salud, seguridad, etc.), no la de empresario. Entonces, ¿por qué el Gobierno decide hoy tamaño despropósito, avalado por un MEF que ha sido custodio de la pulcritud y rigurosidad en las finanzas públicas durante los últimos 20 años?
La respuesta obvia es por razones ideológicas. Recordemos que la Ley 28840, aprobada por el Congreso en las postrimerías del gobierno de Alejandro Toledo (julio del 2006), ni siquiera fue promulgada por el Ejecutivo de ese entonces. Luego vendría el gobierno de Alan García, cuyos ministros de Economía se negaron a dar el visto bueno a este proyecto. En diciembre del 2013 este gobierno volvió a dar impulso al tema con la Ley 30130. ¡Pero solo son US$1.000 millones de la garantía del Estado, dirán algunos! Sí, pero con esta decisión ya se ha quebrado el principio que el Estado no debe garantizar proyectos que no tienen justificación económica.
¿Qué impedirá que más adelante el Estado termine asumiendo toda la deuda si en algún momento Petro-Perú se ve imposibilitado de pagarla? Eso exactamente fue lo que nos pasó en las décadas de 1970 y 1980, cuando el Estado comenzó a extender su garantía a proyectos empresariales sin sentido. Quienes financien el PMRT por el lado de los bancos o proveedores mirarán con cuidado la capacidad de Petro-Perú de repagar estas deudas. Sin duda, conocerán que el negocio de refino es altamente riesgoso: depende de una buena gestión, manejo de costos, buena logística, sistemas modernos, personal adecuado, altamente capacitado y bien remunerado, pues así lo exige la industria.
La alta volatilidad del crudo a escala internacional hace que su proyección de utilidades sea muy difícil de asegurar. Analistas internacionales prevén que su volatilidad continuará, sobre todo por el efecto del ‘shale gas’ en la industria. O la otra cosa que podrán ver los prestamistas es que el Estado es el accionista de Petro-Perú, con lo cual nuevamente llegamos a que podemos ser los contribuyentes quienes realmente terminemos pagando esta aventura. Quizá los inversionistas privados puedan estar viendo en esta decisión un posible regreso del Estado a ciertas actividades empresariales. Esa pérdida de confianza realmente sería lamentable.
