Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 8 de marzo de 2019
El inicio de una nueva legislatura es momento apropiado para replantear la agenda legislativa. A mi juicio, están dadas las condiciones para buscar una agenda ambiciosa, si el gobierno quisiera plantearla, porque ya no existe un Congreso opositor ni obstruccionista. El gobierno, sin embargo, salvo en algunos temas institucionales en los que las reformas son populares, carece de ambición reformista en todo lo que pudiera suponer alguna clase de manifestación contraria.
Pero esas reformas difíciles son fundamentales si queremos recuperar capacidad de crecimiento. Son una obligación nacional. Si tenemos un gobierno avestruz, que no quiere asumir su responsabilidad, solo queda voltear al propio Congreso, y con cierta expectativa, porque el único efecto positivo de la no reelección consagrada en el referéndum es que los congresistas actuales pueden sentirse libres de apoyar y aprobar reformas indispensables como la laboral o la que unifique los regímenes tributarios o la del canon o la de la descentralización, porque no tienen nada que perder. Es decir, pueden darse el lujo de pensar en el país, porque ya no tienen intereses políticos personales de cara al 2021.
Por lo demás, reformas como la laboral o la tributaria son profundamente inclusivas, de modo que bien explicadas –con una buena campaña de comunicación– y respaldadas por los gremios de micro y pequeños empresarios, se pueden convertir en reformas populares. La Sociedad Nacional de Industrias ya está articulando a esos gremios, y Fuerza Popular, hoy desconcertada, podría retornar a las fuentes restableciendo contacto con esas asociaciones y con los sectores populares emergentes a los que alguna vez representó. Esos sectores –las mayorías del Perú– necesitan liberarse del peso de la normatividad y la corrupción estatales.
La CGTP y las bancadas afines a ella ni siquiera tienen que pensar en el país. Basta con que piensen en su propio interés. La CGTP no puede tener unas bases sindicales más escuálidas: apenas el 5% de los trabajadores del sector privado formal. Es ridículo. Y eso se debe a las propias normas que defiende. Si estas cambiaran, habría muchos más contratos formales a plazo indefinido y una base muchísimo más amplia para sindicalizar.
En realidad, el país podría estar ad portas de una gran revolución social y económica inclusiva si es que la reforma laboral va de la mano con una reforma tributaria que unifique los regímenes tributarios en uno solo gradual y progresivo que permita el crecimiento de los pequeños, masifique al 100% los comprobantes electrónicos, incluso por medio de celulares (previsto para el 2020), y haga posible que, como propuso Lampadia y apoyó Víctor Shiguiyama, todos los ciudadanos desde los 18 años aporten parte del IGV que pagan cuando compran algo a su cuenta individual pensionaria y a su seguro de salud, lo que impulsaría la formalización porque todos pedirían facturas y, de paso, lograría que todos los peruanos tengan pensión y salud aseguradas, un avance social cualitativo. Y esto, a su vez, permitiría que la capa básica del seguro de salud sea pagada por la tributación general, integrando Essalud y el SIS, como proponía la Comisión de Protección Social, reduciendo los costos empresariales y favoreciendo por esa vía también la formalización. En fin. No sé qué esperamos.
