Correo
6 de mayo del 2026
Instancia judicial determinó que concesiones, aún sin actividad extractiva, pueden generar impactos sobre territorio.
Siete concesiones mineras en Puno, que abarcan más de 6, 400 hectáreas, fueron anuladas por el Segundo Juzgado Mixto de Desaguadero. De acuerdo a dicha instancia judicial, estas fueron otorgadas sin cumplir con el proceso de consulta previa. La decisión podría abrir la puerta a nuevas acciones legales contra concesiones mineras en curso, lo que generaría incertidumbre en el sector.
EN DETALLE.
El fallo judicial se produjo tras una demanda presentada por comunidades aimaras, quienes alegaron una aparente vulneración de derechos fundamentales como el territorio, la participación y la autodeterminación.
Según el juzgado en mención, las concesiones identificadas como Kelluyo, del 01 al 07, fueron otorgadas a la empresa Nueva Energía Metales S.A.C. “sin aplicar el procedimiento exigido por el Convenio 169 de la OIT”. La medida judicial destaca por un aspecto en particular:
el reconocimiento de que la concesión minera, incluso sin actividad extractiva inmediata, puede generar impactos sobre el territorio y, por lo tanto, requiere consulta previa. Además, el juzgado ordenó que toda futura decisión sobre estas áreas atraviese, obligatoriamente, por un proceso de consulta previa adecuado; es decir, reafirmó el carácter vinculante de este derecho. Al respecto, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) sostuvo que no existe evidencia de vulneración concreta de derechos, y recordó que cualquier actividad minera requiere permisos adicionales, como certificación ambiental y acuerdos con propietarios de terrenos.
Por su parte, el Minem argumentó que la consulta previa no aplica en la etapa de otorgamiento de concesiones, ya que estas no generan impactos materiales inmediatos.
