Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 18 de enero de 2019
Es casi un milagro de la democracia peruana que el presidente Vizcarra haya alcanzado los niveles de aprobación que ha conseguido. No solo eso: ahora ni siquiera tiene oposición, ni en el Congreso ni en la fiscalía, a cualesquiera fueran sus planes. Tiene el camino despejado. La pregunta es cuáles son esos planes, en qué va a invertir el enorme capital político acumulado.
Lo que estamos viendo hasta ahora es que no lo va a invertir en nada, en ninguna decisión de riesgo. Temeroso de que la fortuna que ha alcanzado se le escape de las manos tan rápido como llegó, solo corre las olas de la opinión pública. Mantener la popularidad es su norte. Lanzó la reforma laboral en CADE y apenas la CGTP gruñó, la retiró (y la Política Nacional de Competitividad, aprobada el 31 de diciembre, la diluyó por completo). El viernes pasado se le comunicó a Southern que la licencia de construcción para Tía María no va por el momento.
Avanzaremos, si las cosas se hacen bien, en reformas institucionales, pero también necesitamos reformas de productividad y formalización de la economía. De lo contrario la pobreza seguirá aumentando y quedaremos atrapados en la marginalidad global.
Hay un elemento adicional que vuelve incomprensible la avaricia política del presidente, su extremada aversión al riesgo. Jorge Morelli ha hecho notar que si realmente Vizcarra no va ir a la reelección, no hay razón para que no emprenda las grandes reformas económicas y sociales. Por lo demás, si lo hace bien, ni siquiera debería temer una cierta caída en su popularidad. La lucha contra la corrupción, bien explotada, le seguirá dando réditos.
Teme a la capacidad de movilización de la CGTP, que es una organización disminuida que más bien se beneficiaría con una buena reforma porque ampliaría considerablemente su base sindical y los trabajadores tendrían más ingresos. Esto es fácil de demostrar. Entonces el presidente podría convocar a un gran diálogo en el que participen no solo los gremios laborales y empresariales sino también los de las mypes, que son los principales interesados. El presidente tendría que pedirles que se escuchen mutuamente de manera honesta, con la mente abierta.
Allí el presidente podría presentar esa prometedora propuesta integral de protección social e inclusión económica que se está gestando en diversos ámbitos. Supone un seguro de salud básico universal pagado por la tributación y que las personas desde los 18 años puedan aportar parte del IGV que pagan cuando compran algo a su cuenta pensionaria y a Essalud, vía la digitalización total de los comprobantes de pago, unificando los regímenes tributarios en uno gradual y progresivo. La economía se formalizaría y habría protección social para todos. Seríamos otro país.
Si el intento de diálogo no funciona, hay una novedad que está emergiendo: por primera vez 20 gremios de microempresarios y pequeños empresarios junto a la SNI firmaron y publicaron el 20 de diciembre un pronunciamiento solicitando una reforma laboral. Eso nunca había ocurrido. Se están organizando. Cuando eso ocurra algunos partidos en el Congreso se animarán a recoger sus demandas. Los emergentes tendrán voz. Por fin.
