Por: Jaime de Althaus, Periodista y antropólogo
El Comercio, 20 de julio de 2018
El presidente Vizcarra ejecutó un movimiento audaz y arriesgado cuando el martes pasado convocó a una legislatura extraordinaria para hoy viernes 20 a las 4 p.m. con el fin de que el Congreso “debata la remoción de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura”. Antes había pedido la aplicación del artículo 157 para remover a los “responsables”. Ahora escalaba el pedido incluyendo a todos y, en la conferencia de prensa, incluso a los accesitarios.
Ante el primer pedido, el Congreso había abierto proceso en aplicación del mencionado artículo a los consejeros que aparecen en los audios, no a todos. Y estaba previsto ver esos casos en el pleno el día 23. Vizcarra, con su convocatoria a legislatura extraordinaria, forzaba un poco la mano, recogiendo el clamor general. Galarreta respondió, acertadamente en este caso, que se acataría la convocatoria pero era necesario asegurar el debido proceso para que después el proceso no revirtiera. Si no se podía culminar hoy 20, se lo haría el 23. Era lo civilizado.
Felizmente el miércoles y jueves los miembros restantes del CNM decidieron poner sus cargos a disposición del Congreso o renunciaron, lo que facilita las cosas porque le permitirá al pleno proceder sin mayores trámites. El movimiento que hiciera el presidente Vizcarra resultó efectivo y logró su propósito. Felizmente, porque contenía el riesgo de que si el Congreso, respetando las necesarias formalidades, se demoraba, los termocéfalos arreciaran exigiéndole que plantee cuestión de confianza o que decrete adelanto de elecciones y convocatoria a una nueva Constitución. Nos hemos librado de todo eso.
Apartados los consejeros, el tema ahora es proceder a la refundación del CNM y reformar la Corte Suprema. Lo primero supone modificar la composición de ese organismo establecida en el art. 155 de la Constitución. Es claro que ni los jueces y fiscales, ni los colegios profesionales ni las universidades fueron capaces de designar consejeros de alto nivel profesional y ético. Por lo tanto, lo mejor es seleccionar a los miembros del CNM mediante concurso público riguroso organizado por una junta de personalidades intachables o de instituciones calificadas tales como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Banco Central de Reserva, con el soporte operativo de Servir.
Es decir, entronizar el principio meritocrático. Consejeros que accedan mediante un concurso público serio y exigente no deben su elección a nadie sino a sus propios méritos. Son plenamente independientes. Esa independencia es la condición necesaria para implantar la meritocracia en el propio sistema judicial, reemplazando, de paso, la ratificación cada 7 años por un sistema permanente de evaluación de desempeño y productividad que sea la base de los ascensos y del retiro de la carrera en el caso de incompetencia.
La junta que haga el concurso para el CNM podría nombrar también a juristas destacados en una nueva Corte Suprema reformada con menos miembros y abocada a sentar jurisprudencia. Reforma que tendría que hacerse inmediatamente.
