Gestión, 15 de marzo de 2019
PARA QUE UN PAÍS POBRE DEJE DE SERLO NECESITA APRENDER A ENFRENTAR LAS CALAMIDADES.
La historia del manejo de emergencias y desastres naturales en EE.UU. es aleccionadora. En el siglo XX se dictó legislación decenas de veces tras cada desastre por huracanes, terremotos, inundaciones o incendios forestales. Este enfoque no sistemático y desarticulado acarreaba problemas y mostraba falencias. En los años 60 y 70 algunos intentos de concentración del enfoque dieron paso a más legislación, pero el manejo y prevención de desastres naturales seguía fragmentado, a cargo de más de 100 agencias federales con políticas discordantes y desarticuladas a nivel estatal y local.
Ante la evidente necesidad de racionalizar los esfuerzos, en 1979 el presidente Carter dictó el equivalente a un decreto legislativo en Perú, que fusionaba muchas de las facultades y responsabilidades dispersas para el manejo de emergencias, creándose la nueva Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).
FEMA elaboró un sistema integrado considerando toda la gama de riesgos, desde eventos aislados hasta guerras, cubriendo temas de seguros, servicios meteorológicos, asistencia en desastres, y defensa civil, entre otros. En las décadas siguientes la actuación de esta agencia estuvo bajo escrutinio en cada intervención, como en el 2005, cuando el poderoso huracán Katrina generó una situación caótica y FEMA fue muy criticada.
En octubre del 2018, en reacción política a la fallida atención al desastre por el huracán que asoló Puerto Rico, Trump promulgó una ley que reforma la recuperación tras desastres y que busca reducir la complejidad de FEMA, compartir responsabilidades, incrementar la capacidad de enfrentar catástrofes y abarca una serie de tareas, políticas y acciones revisadas. Hay que reconocer que independientemente de las revisiones y ajustes efectuados, el grado de preparación, previsión y detalle con que EE.UU. enfrenta institucionalmente sus emergencias es alto.
Un sistema de administración de emergencias por desastres viene a ser el conjunto de políticas, decisiones administrativas y actividades operativas en las diferentes etapas y niveles del desastre, con una institución a cargo. Institucionalizar este enfoque global pasa por asumir el manejo de la emergencia como una actividad integral permanente -no ocasional cada vez que hay una calamidad.
El manejo antes del desastre consiste en prevenir, evitar y reducir el impacto potencial. El manejo durante el desastre implica la respuesta mientras ocurre e inmediatamente después de ocurrida la emergencia para minimizar los daños, junto con las labores de salvamento y rescate de damnificados. El manejo después del desastre implica rehabilitar y reconstruir lo dañado en los meses o años siguientes, en plazos exigentes que deben cumplirse. Obviamente, se necesitan recursos presupuestales para cada fase.
Precisamente, cómo enfrentar y, sobre todo, cómo prevenir los desastres naturales con éxito es el gran diferenciador entre países pobres y países que lograron dejar atrás la pobreza. En el Perú, cada vez que ocurre una calamidad se empieza de cero de nuevo, se declara la zona afectada en emergencia, se crean organismos o se dictan leyes para la ocasión, y la historia se repite: no estamos preparados para enfrentar el reto.
Algunos ejemplos: los asentamientos en cursos de quebradas o en bordes de ríos están condenados, pero nadie se atreve a erradicarlos.
Hasta el Estado hace construcciones permanentes en cauces de quebradas inactivas de alto riesgo. No hay una política integral de seguros contratados por el Estado contra terremotos, tsunamis, Niños, inundaciones y huaicos. Ni en sueños se proyecta instalar redes pluviales en ciudades frecuentemente inundadas tras lluvias intensas. No hay políticas de manejo integral de cuencas, descolmatación de cauces y defensas ribereñas. No se encauza ríos (el Rímac discurre salvaje, mientras el Mapocho empezó a encauzarse en 1888). No hay reservorios para agua de lluvias en las zonas altas, ni forestación ni defensas para prevenir, amortiguar o conducir huaicos que ocurren y se repiten en lugares ya conocidos.
Todo esto debiera estar a cargo del Gobierno nacional a través de una entidad especializada ad-hoc permanente, no ocasional ni improvisada, algo así como una FEMA peruana, dotada de recursos presupuestales y acceso a financiamiento, con capacidad de gestión y autonomía. Encargar la gestión de la reconstrucción tras desastres naturales a los alcaldes de cientos de pequeñas localidades afectadas no es buena idea, porque se desperdician los recursos.
En cuanto a presupuesto para estos fines, solo para la RCC se gastarán unos 25,000 millones de soles hasta el 2021, al ritmo de 1% del PBI por año. Un monto anual de este orden debiera destinarse todos los años, con desastres o sin ellos, a enfrentar y prevenir institucionalmente las calamidades naturales con la escala de intervención necesaria.
Concluyendo, sin institucionalidad, presupuesto ni capacidad de gestión pública nuestro manejo de los desastres seguirá siendo ineficaz.
