Por: Giovanna Prialé, Presidenta de la Asociación de AFP
Gestión, 17 de diciembre del 2019
Las consecuencias de la informalidad laboral en el Perú no son menores. perfora la seguridad social de los peruanos y muy poco se hace por resolverla.
Más del 60% de las personas mayores de 60 años en el Perú no cuentan con un sistema de pensiones; cifra que empeora dramáticamente en el área rural, pues 93 de 100 ancianos no tienen cobertura. El número restante seguramente está en la ONP, AFP o Pensión 65. En el caso de los dos primeros, la gran mayoría son aquellos que han tenido la suerte de ser trabajadores formales por algún periodo, pero ¿les fue suficiente para cumplir los 20 años que solicita la ONP para tener pensión o lograron acumular un fondo que les provea la pensión deseada en el sistema privado de pensiones? Las consecuencias de la informalidad laboral en el Perú no son menores. Perfora la seguridad social de los peruanos y muy poco se hace por resolverla.
El Sistema Privado de Pensiones (SPP) viene demostrando que es un esquema en donde las cuentas individuales de los trabajadores afiliados se capitalizan a largo plazo. En promedio, desde la creación del sistema, la rentabilidad anualizada se encuentra en 11.5%, y los jubilados consiguen pensiones de acuerdo con el esfuerzo de ahorro realizado durante su etapa laboral. De esta manera, la tasa de reemplazo de los pensionistas (hasta antes de la creación del 95.5%, abril del 2016) se encuentra entre 32% y 72%. La pensión promedio está en US$ 308, equivalente al 109% de una RMV; mientras que en Chile es de US$ 284 y 62%, respectivamente. Sin embargo, hay otro grupo de jubilados no pensionistas, con ingresos menores a S/ 415, de los cuales 8 de 10 aportaron menos de 10 años, a quienes para garantizarles una pensión mínima solo se requeriría invertir 0.06% del PBI anualmente. Ojo con esto, si se les hubiese entregado el Bono de Reconocimiento (BdR) cuando pasaron de la ONP a la AFP, y así este genere rentabilidad, 2 de 3 ya habrían llegado a la pensión mínima de S/ 415, sin un sol de aporte estatal.
Desde hace dos años, desde la Asociación de AFP venimos proponiendo dos herramientas innovadoras y costo eficientes para garantizar la cobertura y pensión universal para todos, con los que, incluso, se generarían incentivos para que la oferta y demanda de empleo formal mejoren; estos son el matching contributions y el capital semilla.
El matching contributions es la herramienta en la que por cada sol que ahorra el trabajador recibe una contribución adicional en su fondo, está diseñado para aquellos que ya se encuentran trabajando y tienen dificultades para aportar. Parte de ese 70% de peruanos que laboran en la informalidad tendrían el incentivo para aportar y el acompañamiento para construir sus pensiones, lo que costaría 0.22% del PBI anual en su primera etapa.
Por su parte, el capital semilla está diseñado para que cada peruano al nacer, lo haga con un fondo para su jubilación de al menos S/1,650, y este se capitalice en al menos tasas similares a las provistas por el SPP en el largo plazo, para que así logre acumular un fondo que le provea una pensión mínima a partir de los 65 años. Si esta medida fuese tomada para iniciar en el 2021, el costo para que los nuevos peruanos cuenten con este beneficio, sería equivalente a 0.15% del PBI anual hasta el 2025, y luego iría reduciéndose por los menores nacimientos, llegando a 0.04% a partir del 2056. Todo esto se puede lograr en un trabajo conjunto, entre Estado, empresa y trabajador.
Con esto invito a reflexionar a los colegas economistas que se preguntan: ¿por qué canalizar recursos al pago de pensiones y no a otras cosas como educación, por ejemplo? Y solo para hacer equivalencias, (i) les comento que el mayor presupuesto asignado (S/ 986 millones) para la función justicia–asignación presupuestal (Fiscalía, Poder Judicial y Ministerio de Justicia) cubriría de manera holgada el pago para capital semilla, y así en el 2020 todos los peruanos ya estarían naciendo con un fondo para su jubilación. (ii) Por otro lado, con la suma de los presupuestos asignados al Congreso, y el aumento en el PIM durante este año para consultorías del Estado (tres niveles de gobierno), tranquilamente se habría hecho matching contributions con los trabajadores informales. Entonces, ¿faltan recursos o falta voluntad?
