Franco Giuffra, Empresario
El Comercio, 19 de octubre de 2017
No me causa sorpresa que el ex viceministro del gobierno de Ollanta Humala, don Enzo Defilippi, nos ofrezca en estas páginas sus ideas acerca de la relación entre confianza empresarial, inversión, crecimiento económico y desarrollo.
Por el contrario, me parece ilustrativo. Viniendo, sobre todo, de un ex funcionario de un gobierno que nunca tuvo esos conceptos claros. Es decir, de un gobierno que se encargó de pulverizar la confianza empresarial, desdeñar el crecimiento económico y acuñar el famoso “incluir para crecer”. Un enunciado programático carente de sustancia que explica por qué el de Humala fue un gobierno dedicado a la nada.
Sí me llama la atención que Defilippi considere que la tramitología sea contraproducente, redundante y hasta ridícula, pero que su desmontaje no tendría un impacto relevante en nuestro desarrollo.
Más aun, dice que si en 10 años se eliminan los trámites absurdos, las mejoras de productividad, salario y otros indicadores sociales serían insignificantes. En otras palabras, que esto del destrabe burocrático son nimiedades cuando se habla de los ‘big numbers’.
Solo encuentro una explicación para este combo de lucidez e irrealidad: el señor Defilippi probablemente no ha gestionado jamás una empresa formal. Los trámites que conoce son, quizá, la renovación del DNI, el cambio de titularidad de línea telefónica y la obtención de una copia de partida de nacimiento.
La verdad de la milanesa es otra y dice más o menos así: todas las actividades económicas en el Perú están atrapadas en una red tupida de permisos, requisitos y controles, que exceden largamente las fronteras de lo razonable y limitan el desarrollo. Toda esta maraña está expresada en “trámites”.
Remediar o reducir esta insania no es solo primordial, sino absolutamente necesario para desarrollar el país. Una tarea que es imposible realizar en 10 años, además, porque, dada su extensión y profundidad, aun con el empeño y la dedicación que hoy no tenemos, podría consumir un siglo de amor a la patria.
Pienso en estas cosas mientras recibo esta semana los registros sanitarios que la pequeña empresa donde trabajo acaba de tramitar ante Digesa. Son ocho variantes de salsa de tomate producidas con insumos muy parecidos en las mismas instalaciones. Tomate con ajo y cebolla; tomate con alcaparras y aceitunas; tomate con hongos, en fin. Para cada una nos han exigido análisis diversos de un laboratorio acreditado, el pago de una tasa que excede en mucho el costo de procesar nuestra solicitud y una espera de casi 60 días.
Según el cálculo de la propia Digesa, los costos de este trámite bordean los 1.800 soles por producto. O sea, se nos fueron allí más de 14 mil soles. A cambio de humo, porque el registro sanitario no garantiza ni protege a la población de nada. Es un impuesto a la producción alimentaria que Digesa no elimina, a pesar de existir una ley que así lo manda.
Pero 14 mil soles son un suspiro. Esta misma empresa se ha gastado en lo que va del 2017 varias veces ese monto, renovando registros sanitarios que se obtuvieron hace cinco años. Otras miles de pymes habrán hecho lo mismo para mantener los más de 100 mil registros que Digesa administra.
De este tipo de trámites debe haber unos dos millones en el Estado Peruano. Para todos los gustos y colores. Su sola existencia ya es una señal de subdesarrollo. Que a un ex viceministro le parezcan solo redundantes, ridículos y eventualmente insignificantes es una señal de que estamos realmente jodidos.
