Por Federico Salazar
(El Comercio, 16 de Mayo de 2015)
El presidente Ollanta Humala ha defendido el principio de autoridad en el Estado de derecho. El proyecto Tía María, ha dicho, no se puede suspender.
Estamos de acuerdo con el mensaje. Creemos, sin embargo, que el presidente Humala ha fallado en transmitirlo.
Un mensaje sobre principio de autoridad debe transmitirse con autoridad. La autoridad nace no del volumen de la voz, sino de la convicción con que se sostiene.
El presidente Humala dio su mensaje a la nación dubitativo, tropezó en el habla y leyó como si no conociera el texto. Sabemos que ese no es su fuerte; creemos, sin embargo, que en este caso debió hacer un mayor esfuerzo.
La necesidad de recuperar el principio de autoridad es extrema en este momento. Eso no solo se va a lograr a través de la acción policial. Va a ser posible si queda claro el mando.
El mensaje del presidente ha estado muy bien enmarcado en el Estado de derecho. Ha referido lo que son las obligaciones funcionales de la autoridad.
Una situación política, no obstante, no solo se define con la letra de la ley. Se determina principalmente en la aceptación, tácita o expresa, del ejercicio de la autoridad.
La autoridad se hace vigente cuando tiene vigor. Debe inspirar confianza y seguridad. Las acciones ayudan a producir ese efecto, pero las palabras son decisivas para suscitar una tal inspiración.
“El medio es el mensaje”, decía Marshall McLuhan. En otras palabras, lo que digo debe estar refrendado por cómo lo digo. En este sentido, al presidente Humala le faltó autoridad en su apelación al principio de autoridad.
El jefe del Estado llamó a los otros poderes del Estado a sumarse a esta causa. Dijo que el restablecimiento de tal principio dependía de todos los actores. En este extremo, nuevamente falló.
Cada uno tiene que hacer su parte, pero justamente corresponde al jefe del Estado liderar la recuperación del principio de autoridad.
Corresponde al presidente de la República hacer respetar la Constitución y las leyes. Él –y solo él– representa al Estado.
No debe, pues, el presidente “pedir” a los representantes de los otros poderes o a las autoridades regionales y locales. Debe exigirles y ordenarles que cumplan con el Estado de derecho.
Tampoco hace bien el presidente al conminar a la empresa involucrada a dialogar con la población “por el bien de todos”. Le ha demandado acciones concretas para el entendimiento para el desarrollo.
La empresa debe invertir y cumplir el ordenamiento legal. Le conviene tener buenas relaciones con las comunidades. El desarrollo del país, en cambio, no es su obligación ni su responsabilidad.
El presidente se equivoca con respecto a su relación con las otras autoridades. Se equivoca con respecto a la función de la empresa. Además, y sobre todo, se equivoca con respecto a su propio papel en relación con el principio de autoridad.
Tiene razón el mandatario en que el Perú se juega su futuro con este proyecto. Falta hacerlo entrar en razón en relación con su propia actuación en este proceso.
