Por Editorial El Comercio
(19 de agosto de 2015)
Conga, Tía María, Cerro Quillish, Santa Ana, Antapaccay, Cañariaco. Son estos y muchos más los proyectos mineros que han motivado diferentes niveles de conflicto en el país. En varios casos, la confrontación violenta ha sido causa de muertes y de la suspensión de las inversiones. A julio de este año, la Defensoría del Pueblo reporta 138 conflictos sociales motivados en preocupaciones medioambientales, de los cuales 113 están activos.
El Ejecutivo, por supuesto, es consciente de la gravedad de esta situación, pero no por ello acierta en proponer las medidas que las partes interesadas necesitan. En un evento del 31 de julio, la titular de Energía y Minas, Rosa María Ortiz, deslizó la posibilidad de hacer socias de los proyectos extractivos a las comunidades aledañas. “La participación en el accionariado de las empresas no es un tema que me espante”, señaló entonces la titular del sector, matizando que por el momento la apuesta del ministerio que encabeza pasa por llegar a consensos con las empresas antes que por una norma.
La idea detrás de la iniciativa es que, si los beneficios económicos que reciben los vecinos de las zonas de impacto de las actividades extractivas dependen directamente de que el proyecto marche viento en popa, es menos probable que se sientan ajenos u opuestos a la explotación. Más allá de que la propuesta haya sido recibida con escepticismo o simple rechazo por una parte de la industria, vale la pena detenerse en sus méritos económicos y políticos a base de la competitividad del sector. Después de todo, una eventual participación forzosa de las comunidades podría resultar significativamente costosa.
No está demás, por ejemplo, notar que la carga tributaria que enfrenta el sector minero es ya significativamente más alta que la que enfrenta el resto de sectores. Así, según el Instituto Peruano de Economía (IPE), la minería pagaba 1,7 veces más tributos internos que el resto de la economía incluso antes de que la presente administración aumentase el nivel de sus contribuciones en el 2011. Tomando en cuenta las nuevas regalías, el impuesto especial a la minería y el gravamen especial a la minería, Apoyo Consultoría estima que las empresas del sector pagan aproximadamente el 42% de su utilidad operativa.
Asimismo, los sobrecostos que se aplican a la minería peruana parecieran suponer que el Perú mantiene una suerte de monopolio sobre recursos como el oro o el cobre. En el contexto de competencia global por captar inversiones en el sector contra países como Canadá o Chile, hacer más costoso el desarrollo de los proyectos a través de la asignación de participación accionaria puede frenar aun más el interés privado por la minería nacional.
La participación accionaria de las comunidades afectadas por la explotación minera tiene, además, el mismo inconveniente que otras medidas de similar tenor; concretamente, el criterio de demarcación que diferencia a las comunidades directamente afectadas de las no afectadas. De hecho, en el caso de Conga, la mina ya contaba con los permisos sociales de las 32 comunidades de su zona de influencia –el conflicto fue principalmente causado por habitantes de comunidades ajenas a esta zona–.
Desde el punto de vista político, resulta cuanto menos arriesgado proponer un mecanismo de este tipo en un año preelectoral. Si el gobierno no puede promover las inversiones privadas a través de mejoras en el marco regulatorio, laboral y tributario, debería por lo menos evitar poner en el tapete iniciativas con tintes populistas con una campaña electoral en ciernes.
Ello no quiere decir que no se pueda trabajar en mejorar la manera en que el Estado, las empresas y las comunidades interactúan, ni que sea innecesario alinear los incentivos de las mineras y de sus áreas de influencia para asegurar la sostenibilidad de los proyectos. Sin embargo, esto no implica que la participación directa de las comunidades en el accionariado sea una buena idea. Las empresas mineras que, dada su situación particular, consideren que este mecanismo es positivo para desarrollar sus proyectos –como lo hizo Minera IRL con la comunidad Ollachea– deben tener la puerta abierta, pero forzar a las demás sería un despropósito.
Por el momento, la iniciativa del Ministerio de Energía y Minas es solo una propuesta que busca el consenso de la industria, pero no está demás mantener en perspectiva que –mal llevadas– algunas iniciativas orientadas a hacer más viables los proyectos de inversión pueden fácilmente conseguir el efecto contrario.
