La Política Exterior es un asunto de Estado. Los gobiernos de turno deben respetar la coherencia y continuidad que la caracterizan, máxime cuando están de por medio acuerdos internacionales de la envergadura de la Carta Democrática Interamericana (CDI), promovida por el Perú y adoptada unánimemente en una Sesión Especial de la Asamblea de la OEA en Lima (11.9.2001).
La CDI fue propuesta y negociada cuando Pérez de Cuéllar era Premier y Canciller, y aprobada días después que García Sayán lo sucedió en Torre Tagle. Las obligaciones jurídicas que la Carta impone a los miembros de la OEA han sido burladas vergonzosamente por una América Latina acobardada que, por prebendas petroleras, tolera las groseras violaciones a la democracia y la libertad en la Venezuela chavista y sus aliados del ALBA. Es con el objetivo de anestesiar a la OEA y «legitimar» esas actitudes que han construido el tinglado formado por CELAC, UNASUR, PETROCARIBE, y un MERCOSUR politizado y ampliado recientemente en Caracas.
Las candidaturas a puestos internacionales se negocian por acuerdos de reciprocidad: te apoyo en esto si tú me apoyas en lo otro. ¿Podemos aplicar este procedimiento para promover la candidatura de García Sayán a la Secretaría General de la organización? No debemos hacerlo, pues ningún peruano podría aceptarla si Torre Tagle no logra previamente un mandato regional suficiente para recuperar la dignidad del foro hemisférico en base al cumplimiento de los acuerdos que lo sustentan.
Hay tres candidatos al máximo cargo ejecutivo de la OEA y no cabe duda que el temor a las represalias del castrochavismo fomentará una verdadera subasta de pactos más o menos subterráneos para evitar las sanciones que la CDI prescribe para atropellos como los de Maduro y otros reincidentes en quebrantar el Estado de Derecho, que es consustancial a la democracia.
Sería vergonzoso si la candidatura peruana triunfara por haber competido en esa subasta, ofreciendo lo que demandan quienes manejan la mayoría que domina las votaciones en la OEA. Una victoria internacional en esas condiciones sería desprestigiante y podría tener peligrosas consecuencias de orden interno. Las más probables serían la reanimación de los atavismos chavistoides del humalismo y nuestro franco ingreso al expansivo club de los amigos de las reelecciones vitalicias o de las prácticas populistas tan en boga en algunos países de la región.
La única opción decente y sensata frente a ello es encabezar un auténtico movimiento hemisférico para restaurar los valores democráticos que inspiran la normatividad de la OEA, y restablecer la prevalencia de las obligaciones jurídicas de sus miembros sobre los compromisos políticos que asumen en otros mecanismos regionales de menor jerarquía.
Una convocatoria abierta de la diplomacia peruana en esa dirección ofrecería garantías internas y externas sobre los motivos válidos que deben alentar una candidatura peruana que no solo merezca apoyo internacional, sino que propicie el consenso interno que prestaría solidez a una aspiración que vaya más allá de la cuestionable conquista de un puesto rimbombante.
