Por: Dino Carlos Caro Coria
El Comercio, 1 de julio de 2021
La información revelada hasta el momento sobre los presuntos actos de corrupción en la región Junín es la punta del iceberg de graves hechos cometidos por una o varias organizaciones criminales, integradas por funcionarios públicos y particulares y, entre ellos, algunos afiliados a Perú Libre, el partido fundado por Vladimir Cerrón, actualmente condenado por negociación incompatible durante su gestión como presidente regional, y que podría llevar a Pedro Castillo a la Presidencia de la República.
No estamos ante hechos aislados o de menor cuantía, sino frente a actos cometidos de modo sistemático, generalizado y con una gran solución de continuidad. El botón de muestra del poder de estas organizaciones es que, días antes de las detenciones y allanamientos ordenados por el Poder Judicial, la decisión fue conocida por los imputados, debilitándose con ello la búsqueda de pruebas. Los implicados tuvieron tiempo suficiente para desaparecerlas, ocultarlas, algunos incluso plantearon fallidamente una habeas corpus en Ayacucho para anular las medidas, y otros han pasado a la clandestinidad.
Las pruebas obtenidas, entre ellas decenas de interceptaciones telefónicas con orden judicial, delaciones y dinero en efectivo, justifican sobradamente la continuidad de las investigaciones por los delitos de corrupción y lavado de activos, bajo los alcances de la Ley 30077 de criminalidad organizada. La pesquisa podría alcanzar a Perú Libre si cobrara fuerza la hipótesis de que parte de los beneficios de estas organizaciones criminales fueron desviados para financiar ilegalmente al partido en esta campaña, un caso que, además de sus aspectos jurídicos, tendría un serio impacto político si Pedro Castillo asumiera la máxima magistratura.
Los tribunales competentes para juzgar un delito son los del lugar en que fue cometido. Por esa razón, los actos de corrupción municipal o regional son procesados por los fiscales y los jueces del propio distrito judicial. Sin embargo, desde hace algunos años, ante el poder que pueden desplegar las organizaciones criminales a nivel local para buscar la impunidad –traducido en presiones, amenazas, influencias ilegales, sobornos o incluso homicidios–, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial han creado una jurisdicción especial con la finalidad de que estos casos sean conocidos por autoridades que, además de contar con más recursos personales, técnicos y logísticos, tienen competencia nacional, no limitada a un distrito judicial.
Se trata, en el caso del Ministerio Público, de las Fiscalías Supraprovinciales en materia de Corrupción, Lavado de Activos y Criminalidad Organizada. Tratándose del Poder Judicial, se tiene la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Un modelo bastante conocido a nivel comparado, similar al de la Audiencia Nacional de España o la Justicia Federal que rige en México y en los Estados Unidos.
El éxito, al menos relativo, de esta forma de jurisdicción ampliada puede verse en procesos emblemáticos como los de César Álvarez y Gregorio Santos, donde las condenas fueron impuestas por jueces con competencia nacional. El caso Lava Jato tiene también un procesamiento de alcance nacional. Odebrecht y otras empresas han confesado la comisión de delitos en diferentes jurisdicciones, una de ellas es la del expresidente Vizcarra por supuestos actos de corrupción cuando era gobernador de Moquegua. Un ejemplo final es el caso de Los Cuellos Blanco del Puerto, que permitió descubrir las redes de corrupción en la cúpula del Consejo Nacional de la Magistratura, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
El caso de Los Dinámicos del Centro no puede ser la excepción a la regla. Su complejidad e importancia, incluso por la relación con el partido que podría llevar al poder a Pedro Castillo, justifica con holgura su tratamiento por la jurisdicción nacional.
