Por: Diego Peschiera, Socio de CMS Grau
Gestión, 2 de Setiembre del 2022
EI dictamen de la Comisión de Economía que obliga a las entidades financieras a reducir las tasas de interés que cobran a los deudores puntuales en el pago de sus préstamos es, en definitiva, una medida innecesaria y contraproducente a los fines que persigue.
En la actualidad, el sistema financiero cuenta con mecanismos que premian al buen pagador; la SBS obliga a los bancos a tener una clasificación de riesgo, según el comportamiento de pago de los clientes. Sin embargo, es una de las variables de la calificación crediticia y no la única como lo propone el dictamen aprobado. Las entidades financieras también califican y otros aspectos como la volatilidad de los ingresos, el grado de formalidad, el sector económico en el que se desempeña el cliente e inclusive factores externos de la economía que ya no dependen del deudor.
Este motivo convierte al proyecto en inviable. El banco debe tener una capacidad del análisis y un margen de maniobra que vaya más allá del pago, porque, de lo contrario, desincentiva a las entidades financieras a otorgar créditos al estar obligadas a reducir la tasa de interés sin incorporar en su ponderación de riesgo otros factores distintos al buen pago.
Además, generará un efecto inverso, debido a que se corre el riesgo de que las entidades financieras incrementen la tasa de interés, consideran do que tienen la obligación le gal de reducirla al sexto mes. Es decir, un ingrediente legal que produce un incremento adicional y resta competitividad en un contexto en el que el BCR se encuentra ya aumentando la tasa de interés de referencia para evitar el sobre endeudamiento.
Además, el proyecto resulta un retroceso en la búsqueda de la inclusión financiera porque impulsa la informalidad al enviar a los clientes que no cuentan con un historial crediticio al sistema paralelo e ilegal, porque no existen mayores criterios de análisis.
Si lo que se busca, realmente, es promover la inclusión financiera existen muchas me didas efectivas que pueden implementarse con un criterio técnico y un impacto positivo en los clientes. Reducir cada vez más los requisitos para el pago transaccional, limitar el uso de efectivo, fo mentar el pago electrónico y todos los mecanismos digita les son acciones que promueven que la economía se formalice y facilita el control de los reguladores.
Lo que no debería hacerse como país es agregarles cos tos a las transacciones. En un contexto en el que la economía ya se encuentra inestable, con una posible recesión global, incremento de las tasas de interés de referencia, un componente legal adicional resulta autodestructivo.
