Muy pertinente el comentario de César Delgado-Guembes sobre el abuso de las autoridades locales. Lo que origina esta situación de abuso, prepotencia, desidia y/o arbitrariedad de muchos alcaldes y gobernadores regionales es que sus decisiones no están sujetas a una segunda instancia, una institución elemental de las democracias modernas que en el Perú no se aplica en un ámbito tan grande como el indicado.
En consecuencia estas autoridades si tiene discrecionalidad absoluta y sus decisiones solo pueden ser contrastadas judicialmente en largos costos e impredecibles procesos.
Una de las reformas más importante que debemos desarrollar es el establecimiento de una segunda instancia en todo tipo de circunscripción política o agencia del estado, puesto que dichas autoridades no están para servirse de los ciudadanos y desarrollar gestiones caprichosas o abusivas sino para servir a los ciudadanos.
Esperamos obtener de nuestros lectores propuestas específicas de cómo establecer las segundas instancias correspondientes para difundirlas con la mayor fuerza posible.
César Delgado-Guembes
Para Lampadia
En el primer siglo antes de Cristo Roma se encontraba convulsionada. Catilina conspiraba para convertirse en cónsul por medio de sobornos y sicarios. Su plan era asesinar a su oponente y dar un golpe de estado. Con la suerte a su favor, Cicerón advirtió el peligro y mientras se debatía la situación en que Catilina ponía a la república pronunció cuatro célebres discursos conocidos como las catilinarias. En la primera de ellas Cicerón invocaba quosque tandem abutere patientia nostra? (¿Hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia?), quam diu etiam furor iste nos eludet? (¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros?) quem ad finem sese effrenata iactabit audacia? (¿Cuándo acabará esta desenfrenada audacia tuya?)
El discurso pretende comprometer al ciudadano con su acción en contra del mal uso de la autoridad. Es decir, en contra de la corrupción y el abuso alevoso del poder. Las mismas preguntas son las que permiten explicar el desproporcionado vandalismo frente a los excesos de la autoridad. Es frente a la pululancia agregada de pequeños, ubicuos y múltiples abusos que el ciudadano se harta. El hartazgo, por definición, sacia y satura.
Cuando la autoridad no escucha y se cierra en el ejercicio omnímodo de las facultades que usa de espaldas a la razón y al bien colectivo, el perjudicado con el mal uso del poder se reivindica. En el proceso se expresa el desacato, la desobediencia, la resistencia y la insumisión. El Perú no ha sido ajeno en este siglo de iluminados a modalidades de justicia popular. En pleno siglo XXI se ha ajusticiado a autoridades y a delincuentes, cuando se adquiere la convicción de que la racionalidad del sistema no es eficaz.
La pregunta con que se encabeza este texto se dirige a males menores en los que se agregan importantes niveles de descrédito, desprestigio e ilegitimidad. Si a la autoridad municipal le interesa la comunidad a la que debe servir debiera también interesarse en conocer cuándo los vecinos se hartan de modos irracionales e inefectivos de ejercitar esa misma autoridad recibida con el voto de quienes los ubicaron en una posición de servicio.
Sin propósito de personalizar esta reflexión vale esta oportunidad para comentar que el Estado de derecho alcanza no solamente a los niveles centrales de gobierno, sino también a todos los gobiernos subnacionales. Los municipios son el espacio básico del gobierno local. Lo que ocurra en ellos luego se replica y reproduce en niveles más altos del Estado y del gobierno.
Independientemente de lo que pueda ocurrir en otros distritos, en San Borja se mantiene una práctica contraria a toda forma de transparencia. El supuesto es que existe un conjunto de casos en los que está prohibido el estacionamiento en espacios públicos. Si existe una prohibición el ciudadano debe contar con medios adecuados para saber que la prohibición existe. El modo civilizado de aplicar una norma es asegurar que a quien ella se destina pueda advertir y conocer que la prohibición existe y que el incumplimiento es una forma de transgresión.
En la enormidad de espacios públicos de Lima metropolitana, ¿cabe exigir el cumplimiento de una norma cuando el ciudadano ignora que en determinado espacio el estacionamiento no está permitido? La regla es que si no existe prohibición el uso del espacio público es permitido. Si existe prohibición el contribuyente debe estar advertido, anticipadamente, que en el espacio que fuera no es disponible. De lo contrario la exigencia del cumplimiento deviene en un absurdo kafkiano, porque nadie tiene garantía alguna de que cualquiera de sus actos pueden estimarse como transgresores por quienes ejecutan las disposiciones de la autoridad, cualquiera que fuera el nivel de su competencia territorial.
Por otro lado, y como puede colegirse de esta reflexión, cuando se subraya la prohibición del espacio público debe entenderse que se prefiere, y sí se permite, el uso de estacionamientos privados. La pregunta es, ¿existen espacios privados suficientes que permitan el parqueo de la explosión de vehículos en Lima? Precisamente por la escasez de oferta de playas de estacionamiento, y la desproporcionada demanda de los mismos, ocurre que alguna empresa se posiciona con rasgos próximos al monopolio cobrando tarifas delirantes a quienes necesitan dejar su coche en algún lugar. Empresa que, además, es concesionaria en terrenos de propiedad del propio municipio que remueve a los vehículos supuestamente mal estacionados y les cobra la multa y depósito correspondiente.
Cicerón, antes de la era cristiana, preguntaba hasta cuándo se abusaría de la paciencia del pueblo, hasta cuándo la locura se burlaría del ciudadano, y cuándo acabaría la osadía del desenfreno. ¿Por qué mal concebido propósito se induce al elector a despreciar a autoridades abusivas que maltratan a quien, en un régimen democrático, se supone que es el soberano?
¿No llegamos a darnos cuenta que cuando el vandalismo toma el control del espacio público es porque la propia autoridad yerra en el manejo y gestión de ese mismo espacio? Si no queremos linchamientos generados por modos poco civilizados de justicia popular sería necesario que la autoridad municipal no genere condiciones de hartazgo y saturación, en las que la ira y la indignación motivan la reacción violenta contra la acumulación de tanto abuso. ¿Hasta cuándo San Borja tratarás con prepotencia y sin capacidad política a quienes contribuyen para que seas decente, ordenada y un lugar acogedor para la convivencia colectiva?
