Charo Camprubí
Para Lampadia
Desde la muerte del general Franco en 1975, esta es la segunda vez que España atraviesa por una crisis que pone en jaque el orden institucional establecido por la Constitución de 1978. La primera vez fue el 23 de febrero de 1981 cuando unos militares golpistas irrumpieron en el Congreso de los Diputados. En ese entonces, el Rey Juan Carlos se dirigió a la nación con objeto de parar el golpe de Estado. Esta vez le ha tocado a su hijo, Felipe VI, tomar la palabra en términos contundentes para intentar frenar el golpe civil llevado a cabo por las autoridades catalanes con objeto de forzar la independencia de Cataluña. Habló de “deslealtad inadmisible” hacia los poderes del Estado por parte de autoridades que han pretendido (a través de un referéndum de independencia ilegal) “quebrar la unidad de España y la soberanía nacional”, para terminar, diciendo algo que nadie pone en duda: “hoy la sociedad catalana está fracturada y enfrentada”.
En efecto, en Cataluña tenemos a los que se sienten solo catalanes y a los que se sienten españoles y catalanes. Estos últimos son mayoritarios ya que, contrariamente a los que se pueda pensar, la independencia no es mayoritaria en Cataluña, aunque haya hecho grandes progresos en los últimos años. El independentismo ha pasado de un tercio de la población a un 42% aproximadamente. En el Parlamento catalán, los independentistas tienen una mayoría mínima con el apoyo de un grupo antisistema. Por lo tanto, en estas condiciones, forzar la celebración de un referéndum de independencia que, además, no permite ni constitución española ni el propio estatuto de Cataluña (ambos aprobados en su día por todos los españoles, incluidos los catalanes), es un acto rupturista extremo e ilegal.
Cataluña forma parte de España desde hace siglos. Nunca ha sido independiente. Lo intentó en 1934 y el golpe fracasó. Su población es de 7 millones de habitantes y está compuesta no solo de catalanes sino de ciudadanos provenientes de todas las regiones de España, sobre todo en Barcelona. Es una de las regiones más prósperas de España, con más alto nivel de vida y con una altísima cota de autogobierno. Para el resto de España es difícil de entender que una región privilegiada como la catalana quiera romper los vínculos con el resto de España. Pero el problema es que el movimiento independentista nunca quiso estar en pie de igualdad con los demás españoles, nunca quiso del “café para todos” como decía Jordi Pujol. Dichos catalanes siempre han querido un trato especial por considerar que es Cataluña es una “Nación”. Aparte de eso, años de lavado de cerebro, repitiendo en los centros de Enseñanza que España les roba, que pagan más de lo que reciben, ha calado. Y si a este discurso victimista y pernicioso, se le añade los efectos de la reciente crisis económica que golpeó a toda España con gran intensidad, tenemos el panorama desolador en el que nos encontramos hoy en día.
Sin embargo, salir de España no los hará más ricos sino más pobres. Ante la incertidumbre de lo que pasará en un futuro próximo, bancos y empresas de gran envergadura empiezan a abandonar Cataluña y anuncian el cambio de su sede social a otras regiones de España. El efecto dominó podría ser muy importante. Además, la Unión Europea ha sido muy clara: no hay espacio para una Cataluña independiente dentro de la Unión Europea. Y el Fondo Monetario Internacional ya pone en guardia a los catalanes sobre la posible pérdida de confianza de los inversores en Cataluña.
Hoy, en una manifestación multitudinaria, los catalanes piden diálogo. Y esa es la crítica que se le hace al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la de no haber dialogado permitiendo con su pasividad que la situación degenere. Y es que ahora España está en compás de espera: se atreverá el Presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, a declarar unilateralmente la independencia de Cataluña sobre la base de un referéndum ilegal, en el que solo ha participado alrededor del 42% de la población (básicamente los independentistas) y en el que no se ha guardado ni las más mínimas garantías democráticas?
Este lunes posiblemente no, porque le Tribunal Constitucional ha prohibido que se reúna el pleno del Parlamento catalán en respuesta a un recurso de amparo solicitado por el partido socialista catalán. Pero lo podría hacer el martes. Entonces, España podría responder aplicando el artículo 155 de la Constitución que le permite suspender temporalmente la autonomía de Cataluña que pasaría a ser gobernada total o parcialmente por España a la espera de nuevas elecciones autonómicas. Puigdemont busca a la desesperada internacionalizar el conflicto solicitando la mediación de la Unión Europea, olvidando que en la Unión Europea la integridad territorial de los estados que la componen es un principio vector.
Esperemos que el discurso del Rey haya frenado esta ola independentista y que la próxima semana disminuya la intensidad del conflicto en vez de enquistarse aún más. Esa es la misión principal que tienen los políticos españoles en este momento.
