Por: Carlos Basombrío
El Comercio, 18 de Enero del 2023
“Creo que estas reformas podrían ser un paso adelante – tampoco una pócima mágica – para que lo que viene sea menos malo que lo que tenemos”.
Como varios han dicho, el único consenso que hay hoy entre los peruanos es que se vayan todos y lo más pronto posible.
Siendo así, ¿cuáles son las reformas que permitirían que la oferta política peruana sea algo mejor que aquella que nos llevó al descalabro del 2021?
Doy mi punto de vista: importante sería restablecer el Senado y la reelección de autoridades electas, salvo para el cargo de presidente. Los senadores, de ser elegidos por macrorregiones o distrito único nacional, podrían complementar la indispensable visión local y regional de los diputados con las necesidades del país como conjunto. En el caso de la reelección, si bien la experiencia indica que muy pocos la logran, permitiría la continuidad de los que preservaron su capacidad de representar a sus votantes.
¿Cómo evitar que haya más de 20 campañas presidenciales? De hecho, según el Registro de Organizaciones Políticas, a la fecha hay 12 partidos inscritos y otros 15 en proceso de inscripción.
La única posibilidad que conozco para evitar esto son las primarias abiertas y simultáneas meses antes de las elecciones generales. Haciendo símiles con otro tipo de competencias, esto significa que se tendría que pasar vallas mínimas para poder clasificar. En este caso, que se reduzca a menos de la mitad el número de candidatos a la presidencia.
Y que, como a la vez el voto preferencial para llegar al Congreso se trasladaría a ese primer momento –ya con ubicaciones fijas en la lista–, los candidatos se la tendrán que jugar juntos por el partido por el que postulan.
Sugeriría una reforma más, orientada a disminuir la presencia de los que, más que CV, ostentan prontuarios, así como una mayor responsabilidad de los partidos en la selección de candidatos e, incluso, para desalentar la fragmentación adicional que se produce cuando ya están en el Congreso.
Ello, con una variante de la ‘silla vacía’, que existe en otros lares, pero adaptada a la magnitud de nuestro desamparo. Es decir, si un congresista ya no soporta pertenecer al grupo por el que fue elegido y renuncia o lo expulsan, pierde su curul. A la vez, el partido que lo llevó no puede reemplazarlo por un accesitario; con mayor razón, en el caso de los que son expectorados del Congreso por delitos y/o infracción constitucional. Ello obligaría a tomar con mucho cuidado las decisiones de a quién escoger y de por qué partido ir.
Creo honestamente que estas reformas podrían ser un paso adelante (tampoco una pócima mágica) para que lo que viene sea menos malo que lo que tenemos.
Dicho lo anterior, soy escéptico de que puedan aprobarse o preservarse, dada la correlación política en el actual Congreso y la presión del tiempo por la situación de extrema violencia.
En la mayoría de los casos, se requieren dos votaciones con 87 votos. Las únicas que quizás podrían pasar son las del Senado y la reelección de congresistas. Esto, por la ingenua presunción de un número significativo de ellos de que podrían reelegirse.
Pero el problema es aún más complicado. Urge que quede grabado en piedra que los congresistas también se irán a sus casas. Hay una primera votación aprobada para que las elecciones generales sean en julio del 2024, pero –repito– ni eso está garantizado, pues los 93 votos a favor en la primera votación corren un riesgo importante de que no se repitan en la segunda.
Aún si los cuatro congresistas de Renovación Popular que votaron en contra y el de Acción Popular que se abstuvo entrasen en razón, es altamente probable que los legisladores del bloque izquierdista –26 de los cuales ya votaron en oposición al adelanto– usen en mucho mayor número la excusa de que “el pueblo quiere elecciones inmediatas y sin Dina” para bloquear esta posibilidad. “Para qué conformarnos con un guachito, cuando nos podemos llevar el premio gordo forzando una crisis total que nos abra las puertas a una asamblea constituyente”, conversan con su almohada.
Más complejo aún resultaría adelantar las elecciones al 2023, unos comicios que, si bien implicarían sacrificar las primarias, podrían descomprimir el clima actual de violencia. Pedirles a los parlamentarios siete meses menos de chamba y ya no una, sino dos votaciones con 87 votos, parece bastante difícil.
Ojalá me equivoque por completo, pero a ratos pienso que la salida al drama nacional se parece demasiado a la cuadratura del círculo. En cualquier caso, ¡urge la ayuda de la diosa Fortuna!
Coda: Si el Gobierno logra manejar bien el orden público en la llamada “toma de Lima”; es decir, preservar la vida de los manifestantes así sean violentos y, a la vez, garantizar la tranquilidad para los millones que rechazamos estos actos, se habrá dado un paso importante. Tienen la suerte de contar con un ministro del Interior que cuando fue director de la PNP condujo la operatividad policial evitando que en la violentísima huelga que dirigió Pedro Castillo en el 2017 hubiera un solo muerto. A tal punto lo buscaban, que lo inventaron y empezaron a pasear el ataúd de un maestro como supuesta víctima de la represión. La maniobra abortó cuando su familia confirmó que había muerto de madrugada y por una enfermedad.
